La Procuraduría General de la República de Nicaragua al servicio de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, este 16 de octubre, a través del Acuerdo Administrativo 38-2024, declaró de utilidad pública 35 propiedades privadas del municipio y departamento de Managua por encontrarse supuestamente «en estado de abandono».
Aunque aún se desconoce si las propiedades declaradas de utilidad pública pertenecen a alguna de las personas desterradas de Nicaragua; en los últimos dos años la dictadura ha despojado de su nacionalidad y bienes a un total de 452 personas nicaragüenses, acusadas de delitos como traición a la patria.
Los bienes fueron declarados de utilidad pública conforme a la Ley de Expropiación, según informó la sancionada Wendy Morales Urbina, Procuradora General de la República, quien responde a los mandatos de la dictadura de Ortega.
Para el abogado y defensor de derechos humanos Gonzalo Carrión del Colectivo Nicaragua Nunca Más, Morales es la gran confiscadora, ejecutora, perpetradora en nombre de la tiranía Ortega-Murillo.
El diario oficial de La Gaceta dice que la medida es “para fortalecer la seguridad ciudadana y nacional, se declara de utilidad pública 35 propiedades ubicadas en el municipio y departamento de Managua”, según la resolución de la Procuraduría, que detalla un total de 21 643.13 metros cuadrados de lotes.
“Es obligación del Estado fortalecer la seguridad nacional en todos los ámbitos, incluyendo la seguridad ciudadana y en cumplimiento a la misma se requiere declarar de utilidad pública 35 propiedades que se encuentran en estado de abandono y que podrían ser utilizadas para perturbar la paz, el bienestar social y la seguridad ciudadana de los nicaragüenses”, señala la resolución.
Reviven la piñata
Carrión señala que el artículo 44 de la Constitución Política de Nicaragua establece la prohibición de confiscación de bienes y propiedades de la población nicaragüenses a excepción de las razones de utilidad pública por razones sociales previa a una indemnización, es decir debe haber un procedimiento donde las personas afectadas deben ser parte. «Debe garantizarse un procedimiento donde las apersonas afectadas son citadas, se les inicia un procedimiento para el derecho de ser oída y que esa expropiación cumpla con los requisitos de la Constitución», explica.
El abogado sostiene que la expropiación anunciada por la Procuraduría es una confiscación de facto y es la continuidad de la represión y persecución política, «continuación de lo que ya vienen haciendo con personas despojadas de la nacionalidad, cancelaciones de organizaciones a las cuales también les están confiscando sus bienes e inicia posiblemente una racha contra miles de personas que están fuera del país y que probablemente sus propiedades al no estar, pueden considerar como en el pasado, considerarla en la ausencia, se establece la posibilidad de iniciar un nuevo patrón, una nueva etapa que dirigida a seguir despojando de lo bienes de los nicaragüenses obtenidos legítimamente y que constiuyen no solo despojo un verdadero robo», aclara.
En los considerandos, la Procuraduría destacó la importancia de implementar estrategias preventivas para combatir la delincuencia, la narco actividad y el terrorismo, priorizando medidas que aseguren la estabilidad y seguridad del país.
Anteriormente la dictadura ha confiscado propiedades de particulares que son personas opositoras, bienes de medios de comunicación, de empresas, instalaciones de organizaciones de sociedad civil, negocios de particulares, entre otros.
Una investigación realizada por el Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción (OPTA) y el organismo Hagamos Democracia estimó que las expropiaciones efectuadas por el Estado de Nicaragua hasta mayo pasado, ascienden a un valor aproximado de 250 millones de dólares, de acuerdo a una información publicada por el medio Infobae.
Patricia Orozco 
Cristhian Alvarenga 