En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el Observatorio Voces de Católicas por el Derecho a Decidir (en el exilio) ha lanzado una alerta en su más reciente informe, que abarca de enero a noviembre de 2025, registra un total de 72 femicidios contra mujeres y niñas nicaragüenses, catalogados como 72 crímenes de poder.
La cifra más desgarradora detrás de esta estadística es la dimensión humana del impacto: 41 de estas mujeres eran madres, dejando a un total de 88 niños y adolescentes en orfandad, un trauma social que se suma a la violencia machista.
Hallazgos y agravantes de la violencia
El Observatorio enfatiza que la violencia de género tiene un «impacto diferenciado» en la vida de mujeres, niñas y adolescentes, situándolas en un contexto de impunidad donde están «siempre en mayor situación de vulnerabilidad».
Los datos más críticos del informe revelan una alta concentración de violencia sexual y el uso de la fuerza letal. En más de la mitad de los crímenes registrados, específicamente en el 53% de los casos, se identificaron signos de violencia sexual en los cuerpos de las víctimas, lo que subraya un patrón de agresión extrema y brutalidad.
Paralelo a ello, las armas de fuego fueron el «medio más utilizado» para segar vidas, ejecutando el 20% de los asesinatos. Esta violencia no es fortuita, pues se registró que en al menos 20 de los casos, participaron dos o más agresores, lo que evidencia una «participación planificada» y un «modo de operar en equipo» por parte de los victimarios. La tragedia también impacta fuertemente a las mujeres jóvenes, siendo el grupo etario con mayor índice de violencia el de 18 a 35 años, con 32 mujeres jóvenes víctimas, seguido por el grupo de 36 a 59 años con 26 casos.
Femicidios sin fronteras: La crisis migratoria y la impunidad
El informe pone el foco en la vulnerabilidad de las mujeres nicaragüenses tanto dentro como fuera de Nicaragua, una «realidad transversal» que agrava la situación. De los 72 femicidios totales, 51 crímenes ocurrieron en Nicaragua y 21 crímenes fueron cometidos en el extranjero, lo que implica un aumento de casos fuera del país en comparación con los 19 registrados en 2024.
La violencia contra las mujeres migrantes se ve marcada por la impunidad, ya que la mayoría de las 21 mujeres asesinadas fuera del país «no han logrado alcanzar justicia ante falta de voluntad de las autoridades extranjeras por el hecho de ser migrantes». Los países con más casos incluyen Costa Rica (10 casos) y Estados Unidos (7 casos). En Nicaragua, las localidades más afectadas son Managua (14 casos) y la distribución entre lo urbano (37 casos) y rural (35 casos) es prácticamente igualitaria.
El vínculo cercano: La amenaza dentro del entorno
El análisis de los vínculos de los agresores es revelador y confirma que el peligro reside predominantemente en el círculo de confianza o cercanía de las víctimas. Los agresores que sostuvieron vínculos de pareja o conviviente continúan siendo la principal relación en estos crímenes, registrando 24 casos. A estos se suman los 11 casos cometidos por ex parejas o ex convivientes. También se registran 14 casos de agresores conocidos por la víctima, y 7casos cometidos por familiares.
La situación legal de los casos es crítica. El Observatorio denuncia una falta de acceso al status legal de cada expediente, lo que evidencia que «la retardación de justicia y la impunidad continúan siendo factores que favorecen a los agresores». Los casos en el extranjero también «terminan en impunidad ante la falta de impulso y voluntad de las autoridades».
Contexto legal y social: La Ley 779 y el origen de la impunidad
Tras las denuncias de impunidad, la atención recae sobre la Ley 779, la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres, un cuerpo jurídico que en teoría debería proteger a las víctimas. La ley fue aprobada originalmente en 2012 a demanda del movimiento feminista de Nicaragua y representó un avance crucial al tipificar el femicidio y establecer la responsabilidad del Estado en la prevención y protección. Un pilar fundamental de su espíritu inicial era la prohibición de la mediación en los delitos de violencia contra las mujeres, ya que las activistas demostraron que este mecanismo exponía a las víctimas a mayores riesgos y represalias, incluso la muerte.
Sin embargo, la ley sufrió una reforma sustancial que, según las organizaciones de mujeres, la alejó de su propósito. La modificación restringió el delito de femicidio al «marco de las relaciones interpersonales de pareja», lo que redujo su calificación como un crimen de poder amplio. La crítica más fuerte recae en la reintroducción de la figura de la mediación para una lista de delitos considerados «menos graves» (como lesiones leves por violencia física o psicológica sin daño psíquico grave).
Para los colectivos de mujeres, dicha reforma es un retroceso que significa la restitución de la cultura del abuso, pues el Estado, al permitir la mediación en ciertos casos de violencia de género, se convierte en un actor que facilita la impunidad. Las 72 víctimas en 2025 y la alta tasa de impunidad, demuestran que la aplicación práctica del marco legal ha sido ineficaz para garantizar el derecho a una vida libre de violencia.
El Observatorio Voces exige que se reconozca la «magnitud de esta crisis violenta» y concluye con una demanda urgente: «Ni una menos en Nicaragua. Este #25N Exigimos ¡Justicia para Todas!»
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