El reciente foro en línea, titulado «Propiedad Robada, entendiendo la Ley de Fronteras», reunió a diversas personas expertas para analizar las implicaciones de la Ley 1258, la nueva legislación de territorios fronterizos en Nicaragua. El evento, organizado por la Unidad Nacional Azul y Blanco, el Movimiento Autónomo de Mujeres, la Organización Nicaragua Libre y UNAMOS, abordó cómo la normativa no solo legaliza la confiscación de tierras, también amenaza la autonomía municipal, el ambiente y los derechos fundamentales de la ciudadanía.
En la reunión participaron el abogado constitucionalista Juan Diego Barberena; la abogada feminista y defensora de derechos humanos Azahálea Solís; el biólogo y ambientalista Amaru Ruiz; el politólogo y sociólogo experto en política municipal Silvio Prado; y la historiadora y activista polític Dora María Téllez.
Ley 1258: Instrumento de poder absoluto y confiscación
Juan Diego Barberena, del Consejo Político de la Unidad Azul y Blanco, inauguró la atividad explicando que la Ley 1258 es la «concretización del poder absoluto y la ausencia del principio de legalidad administrativa». Subrayó que la normativa es «tan corta y tan escueta, tan vaga, pero tan atentatoria del ordenamiento jurídico», conteniendo solo dos disposiciones sustanciales: la definición de territorio fronterizo (15 km desde el límite hacia el interior del país) y la declaración que todos los bienes en esa zona serán propiedad del Estado.
Barberena destacó que la franja de 15 km ya existía en la Ley 749 de 2010, que ofrecía protección jurídica y seguridad a los propietarios, además de disposiciones para proteger el ambiente y la autonomía municipal. En contraste, la Ley 1258 es «absolutamente confiscatoria con respecto a todos los tipos de derecho de propiedad existentes» y permite al Estado enajenar (vender, arrendar, concesionar) esos bienes, lo que a su juicio, revela el «objetivo político de la ley». Mencionó que la reciente norma podría ser un «prolegómeno de la implementación de los regímenes de libre o zonas de libre desarrollo».
Una constitución sin límites: La perspectiva constitucional y de derechos humanos
Por su lado, la abogada feminista y defensora de derechos humanos, Azahálea Solís, planteó una pregunta fundamental: «¿Existe Constitución en Nicaragua?». Describió la actual «Constitución Chamuca» como «una declaración de discrecionalidad y autoritarismo» que ha eliminado los límites del poder. Solís argumentó que la ley 1258 es una «confiscación masiva de miles de kilómetros cuadrados» y que la ciudadanía nicaragüense «desaparece como ente jurídico».
Señaló que la reforma constitucional de febrero de 2025 y la Ley 1258 muestran un «menosprecio a lo jurídico». La ley viola derechos humanos fundamentales, incluyendo la propiedad privada, la seguridad social y la seguridad alimentaria, así como los derechos de propiedad comunal de los pueblos indígenas y afrodescendientes. La jurista enfatizó que, aunque el régimen se haya retirado de la OEA, la Convención Interamericana de Derechos Humanos sigue siendo aplicable, abriendo la puerta a la «jurisdicción internacional» con apoyo de organismos o países extranjeros. Insistió en la necesidad de «tener derecho a tener una Constitución» previsible jurídicamente, y tome en cuenta el sistema político y social.
El golpe al régimen municipal y las consecuencias económicas
Silvio Prado, politólogo y sociólogo, lamentó que «ya no vale hablar de autonomía municipal, ya la autonomía fue derogada por la Constitución Chamuca», y ahora solo queda el «régimen municipal».
La Ley 1258, explicó, ha «mutilado el territorio» al cercenar al menos 18,465 km² del territorio nacional, aproximadamente el 14% del país. Prado puso como ejemplo el municipio de Dipilto, en el departamento de Nueva Segovia, que será «absorbido por la franja de territorio fronterizo», haciendo que todo el municipio pase a ser «propiedad del Estado» y degradando a la alcaldesa a «mandadora oficial de esa enorme hacienda». Estimó que el país podría pasar de tener 153 a 152 municipios. Las consecuencias incluyen una «merma importante» en los ingresos municipales por impuestos y tasas, y serias pérdidas para los bancos debido a la imposibilidad de cobrar hipotecas sobre tierras confiscadas.
Amenazas ambientales y a comunidades Indígenas
Amaru Ruiz, biólogo y ambientalista, reforzó la idea de que el régimen no se guía por la legalidad, sino por «intereses de los negocios». Mostró mapas para ilustrar la vasta extensión de territorio afectado, incluyendo 14,250 km² en el norte y 4,635 km² en el sur, sumando un total de 18,885 km².
Ruiz vinculó directamente la Ley 1258 con las concesiones chinas que se ubican en zonas transfronterizas, sugiriendo que la ley anterior «establecía al menos tres candados» que estorbaban a estos intereses. Confirmó la violación «considerable a varios derechos de las comunidades indígenas y afrodescendientes», ya que la norma afecta a ocho territorios titulados en el norte (etnias misquita y mayangna) y uno en el sur (territorio makrí), además comunidades chorotegas en el centro-norte. En el caso de Dipilto, mencionó que la ley podría afectar «más de 3,104 parcelas».
A la vez, resaltó que intereses económicos como los naranjales de «los Pellas» en el Río San Juan y las fincas de café en la frontera norte, así como camaroneras en Chinandega, se verán directamente impactados. Anunció que varias organizaciones, incluida la suya, presentarán una solicitud de audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por estas violaciones.
La oposición y el imperativo de la comunicación
La historiadora y activista política, Dora María Téllez, sentenció que «no existe cuerpo legal en el país. Lo que existe es una tiranía y la tiranía pues hoy decide una cosa y mañana otra». Coincidió en que la ley obedece a «grandes negocios que los Ortega-Murillo están haciendo y quieren hacer con la contraparte china», buscando «el camino más fácil» al deshacerse de cualquier impedimento legal.
Téllez instó a la oposición a replicar la experiencia de la Ley 840 (la Ley del Canal): «Lo primero que teníamos que hacer era explicarle a la gente de la manera más sencilla posible qué es lo que estaba pasando». Enfatizó la necesidad de una «enorme ofensiva de comunicación» para informar a las personas en las zonas fronterizas las implicaciones: «Están confiscados, no es que tal vez lo confisquen, no, a lo mejor lo van a confiscar, no, están confiscados». Advirtió que las propiedades amanecerán a nombre del Estado y que los ocupantes serán obligados a pagar alquiler o a desalojar.
En conclusión, las personas expositoras del foro, coincidieron que el cuestionado mandato, es una expresión del poder absoluto del régimen, diseñado para facilitar negocios a gran escala a costa de la propiedad privada, comunal, la autonomía municipal y los derechos humanos. El llamado a la ciudadanía es a «explicar, explicar, explicar» las consecuencias de esta nueva ley para generar una resistencia informada. «Esta tiranía va a destruir el país. No tiene regla, no reconoce a nadie excepciones», afirmó Téllez. El compromiso es continuar denunciando y buscando acciones a nivel nacional e internacional.
Patricia Orozco 