Un nuevo informe, titulado «Libertad Religiosa y Resistencia en Cuba y Nicaragua», realizado por el colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más, desvela una represión sistemática y violaciones a los derechos humanos implementadas por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en contra de las instituciones religiosas del país. El documento detalla cómo la crisis sociopolítica que estalló en abril de 2018 fue el punto de inflexión para que el aparato estatal se volcara también contra las comunidades de fe, a las que llegó a percibir como una «amenaza directa a su continuidad de perpetuarse en el poder».
El rol de las iglesias durante las protestas masivas de 2018 fue fundamental para desatar la hostilidad de la dictadura. Según el documento, las instituciones religiosas, especialmente la católica, jugaron un papel destacado como mediadoras y testigos en el diálogo nacional, además de denunciar abusos y brindar refugio a manifestantes heridos. El hecho de «no respaldar al Gobierno y por lo contrario acompañar a la población civil» provocó una profunda «animadversión» en el régimen, que como respuesta implementó una «política de Estado para restringir la libertad religiosa, utilizando el aparato judicial y legislativo como violencia estatal y paraestatal para castigarles».
Esta política se ha manifestado a través de un ataque multifacético. En el ámbito administrativo, se ha ejecutado un cierre masivo de organizaciones, llegando a clausurar 5,609 asociaciones sin fines de lucro entre 2018 y 2025, de las cuales 1,294 eran de carácter religioso. Esta medida ha afectado a iglesias, universidades, colegios, centros de formación y organizaciones humanitarias, despojándolas de sus bienes mediante confiscaciones. A la par, se ha impuesto un cerco mediático, donde el Instituto de Telecomunicaciones (TELCOR) ha cerrado al menos 54 medios de comunicación, de los cuales 22 eran religiosos, incluyendo canales de televisión y estaciones de radio.
La hostilidad se ha dirigido con particular saña contra la Iglesia Católica, llevando las relaciones diplomáticas con el Vaticano a un punto de quiebre. La tensión, que se agudizó con la expulsión del nuncio apostólico Monseñor Waldemar Stanisław Sommertag en marzo de 2022, culminó un año después. Las agresiones también han sido personales y directas contra los líderes religiosos, resultando en el destierro de al menos 261 de ellos. Un ejemplo notorio es el caso de Monseñor Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa, quien fue blanco de una campaña de desprestigio en medios oficialistas. Un artículo publicado por el medio el 19 digital lo descalificó con «burlas y ataques personales», atribuyéndole «características negativas, como la vanidad y la soberbia, refiriéndose a él con términos como ‘divo’, ‘pequeño veneno’, ‘pavo real’, ‘tirano con sotana’, entre otros».
Para dar un barniz de legalidad a estas acciones, el régimen ha impulsado reformas constitucionales que, en la práctica, afectan la libertad de culto. El informe señala que aunque se establece la libertad religiosa, se hace con un énfasis en la «estricta separación entre el Estado y las iglesias», un principio que ha sido utilizado por el gobierno para «limitar el papel de la Iglesia Católica en asuntos sociales y políticos». Además, las reformas aprobadas entre 2023 y 2025 condicionan este derecho a «criterios ambiguos como el ‘orden público’ o los ‘principios fundamentales’», lo que, en última instancia, legitima la represión.
La persecución no se ha limitado a la fe católica. El documento también expone la represión contra otras denominaciones, como las iglesias evangélicas y la Iglesia Morava. Las tácticas incluyen el cierre de universidades, la desaparición forzada y criminalización de pastores, el control sobre templos, la censura de medios evangélicos y la cancelación de su personería jurídica.
A manera de conclusión, el informe denuncia que la política del régimen Ortega-Murillo «ha convertido la libertad religiosa en un campo de control político». A través de la instrumentalización de leyes y del aparato judicial, se busca «eliminar la independencia de las iglesias y limitar su rol social y espiritual en la vida pública del país». Este patrón consolida un «modelo autoritario donde la religión es vista como amenaza y no como derecho humano fundamental».
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Foto portada: www.reinadelcielo.org
Tamara Morales Orozco 