El próximo 30 de noviembre, Honduras celebrará elecciones generales para escoger a la persona que asumirá la presidencia del país, así como a los 128 diputados del Congreso Nacional, representantes en el Parlamento Centroamericano, 298 alcaldes y más de dos mil regidores.
Dicho proceso contará con un presupuesto de 1.492 millones de lempiras (unos 60,2 millones de dólares). Sin embargo, la jornada electoral llega marcada por un clima de desconfianza ciudadana tras las fallas logísticas y denuncias de boicot en las primarias de marzo, donde incluso en algunos centros de votación los comicios se realizaron con una semana de retraso.
La periodista hondureña Jennifer Ávila, directora del medio digital Contracorriente, advirtió que los retrasos en la contratación de empresas para la transmisión de resultados y la elaboración del material electoral han profundizado la crisis del Consejo Nacional Electoral, dominado por intereses partidarios. “Esta falta de certidumbre, sumada a los altos costos de los comicios y a la percepción de corrupción en las instituciones, alimenta la desconfianza ciudadana en un país que atraviesa un estado de excepción prolongado, decretado por el gobierno de Xiomara Castro”.
“Son los comisios más caros que hemos tenido. Además se suma a esto el miedo de no salir libremente, el miedo de ser víctima de los abusos de la policía y en un escenario más crítico, digamos, de una polarización mucho más extrema, la persecución judicial de la posesión disidente”, resalta Ávila.
Un legado de violencia e incertidumbre
El mandato de Castro, la primera mujer presidenta de Honduras, deja un legado de contrastes. Aunque su gobierno abrió espacio para la participación política de las mujeres, persisten deudas en materia de derechos sexuales y reproductivos, reducción de feminicidios y combate a la violencia. A ello se suman señalamientos de nepotismo, la falta de avances en la instalación de una comisión internacional contra la corrupción y la militarización del sistema penitenciario, cuestionada tras la masacre de 46 mujeres en una cárcel en 2023. Estas contradicciones han debilitado la confianza en la promesa de una “refundación” del país.
Ávila detalla que en la contienda presidencial destacan Rixi Moncada por el oficialista Partido Libre, el opositor Salvador Nasralla por el Partido Liberal y Nasry Asfura por el Partido Nacional. Aunque también participan candidatos de partidos minoritarios, las encuestas colocan a Moncada y Nasralla como los aspirantes con mayor intención de voto.
De igual manera explica que hay una apatía política que se refleja en que gran parte de la población aún no decide por quién votar. “En este escenario, el resultado dependerá en buena medida de quién logre conquistar al electorado joven e independiente”. Aunque este proceso, según los analistas, estará condicionado por la polarización y el estado de excepción vigente.
Mirá aquí la entrevista completa:
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Tamara Morales Orozco 