El acercamiento de Nicaragua a Rusia a partir de 2007 fue un movimiento coherente con la naturaleza autoritaria del gobierno, buscando un socio afín tanto simbólica como prácticamente, según se detalla en el más reciente informe del Centro de Estudios Transdisciplinarios, CETCAM, Entre el aislamiento y la alineación autoritaria: Transformaciones de la política exterior en Nicaragua. 2007-2025. Menciona que Rusia, busca proyectar influencia y desafiar a Estados Unidos, encontró en Nicaragua un aliado estratégico en el hemisferio.
La cooperación se intensificó con acuerdos militares y de inteligencia, incluyendo la inauguración en 2017 del Centro de Capacitación Anti Narcóticos Rusia-Nicaragua y, meses después, el sistema de monitoreo satelital ruso GLONASS. Expertos en seguridad consultados para el estudio del CETCAM advierten que el alto secretismo con el que operan estos centros sugiere un posible «doble uso» para espiar a los disidentes nicaragüenses.
Represión, exclusión y cierre de espacios cívicos
La reconfiguración de las relaciones exteriores fue un reflejo de la situación política interna, caracterizada por la eliminación de la oposición y el debilitamiento deliberado del Estado de derecho. El informe del CETCAM documenta cómo la represión se extendió a movimientos sociales (como el campesinado contra el canal interoceánico) y a organizaciones feministas. El estallido social de abril de 2018 se detonó tras un incendio en la Reserva Indio Maíz y una polémica reforma unilateral al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS). La respuesta estatal fue catalogada como brutal: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concluyó que hubo al menos 355 personas asesinadas, más de 2,000 heridas y cientos de detenidos y exiliados entre abril y julio de 2018.
Ante la gravedad de la represión, la comunidad internacional respondió con condenas enfáticas y la imposición de sanciones. Estados Unidos lideró esta respuesta con la Ley NICA ACT, cuyo objetivo era condicionar el acceso a financiamiento internacional. También se aplicó la Ley Global Magnitsky, sancionando a altos funcionarios y allegados al régimen como Rosario Murillo (entonces vicepresidenta), Francisco Díaz (jefe policial) y Gustavo Porras (Presidente de la Asamblea Nacional), imponiendo el congelamiento de activos y la prohibición de transacciones. La condena se extendió a la OEA, donde 21 países votaron a favor de una resolución condenando la violencia.
El estudio del CETCAM concluye que, desde 2018 hasta la actualidad, las relaciones exteriores de Nicaragua se caracterizan por el autoaislamiento selectivo. El régimen ha optado por abandonar foros multilaterales (como la OEA, UNESCO y OIT), para evitar la rendición de cuentas por los crímenes de lesa humanidad.
A pesar de este aislamiento, el alineamiento con Rusia se fortaleció: Nicaragua se negó a condenar la invasión de Ucrania en 2022 en la ONU, y en 2024 firmó un acuerdo de cooperación militar por diez años que incluye entrenamientos conjuntos y posible acceso de fuerzas rusas a puertos nicaragüenses. Rusia, por su parte, ha brindado apoyo diplomático esencial en el multilateralismo universal, ayudando a vetar o frenar resoluciones de condena en la ONU.
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