En el contexto de la desdemocratización que afecta a Centroamérica, el sistema judicial ha dejado de ser un garante de derechos para convertirse en un instrumento de persecución política y blindaje para los gobernantes de turno. Esta situación, abordada en la edición de este lunes en Agenda Propia Nicaragua, fue analizada por el abogado Juan Diego Barberena, integrante de la Unidad Nacional Azul y Blanco, quien detalló las graves consecuencias de este fenómeno, que incluye la adopción de tácticas como la Lawfare y el derecho penal del enemigo.
La instrumentalización de la Ley: Lawfare y desdemocratización
Según Juan Diego Barberena, es posible afirmar categóricamente, por desgracia, que las leyes en Centroamérica se aplican con una finalidad política. Esta práctica se conoce en la doctrina jurídico-penal como Lawfare o «guerra judicial», que consiste en sustraer los debates políticos de sus espacios naturales—como son los parlamentos, el sistema de partidos y la sociedad civil organizada—para llevarlos a la esfera judicial y limitar la libertad de las personas.
En países como Nicaragua, la manifestación es aún mayor, existiendo una suerte de judicialización de la política. Esto no solo implica trasladar el debate político a los tribunales, sino también perseguir a los disidentes con «claros tintes de criminalización de sus derechos».
Barberena subraya la gravedad de esta persecución, señalando que en Centroamérica se aplica el derecho penal del enemigo, un concepto que implica que «se sustraen a todas las personas que están sometidas a un proceso judicial de corte penal de todas sus garantías procesales y son tratados como enemigos, no son tratados como sujeto de derecho, sino como objeto de derecho. Esto está pasando en Centroamérica, esto pasa en Nicaragua, esto está pasando en El Salvador, esto ha pasado en Guatemala…», detalla.
Esta dinámica se observa a lo largo de la región. Mientras en Nicaragua los tribunales legitiman encarcelamientos políticos y confiscaciones, en El Salvador se destituyó la Sala de lo Constitucional para habilitar la reelección del presidente, y en Guatemala se persigue a jueces y fiscales independientes. Incluso en Guatemala, se llegó a judicializar el proceso electoral, buscando «perpetrar un golpe de estado electoral desde los tribunales de justicia», afirma.
La captura judicial y la pérdida de confianza
La independencia judicial en Centroamérica se encuentra comprometida no solo por regímenes políticos que anulan la carrera judicial (como ha ocurrido en Nicaragua y Guatemala), sino también por factores externos, como las sanciones o cancelaciones de visados de magistrados por gobiernos extranjeros (como en el caso de Costa Rica), buscando influir en sus decisiones.
La desconfianza ciudadana hacia el sistema de justicia es «mayúscula». Esta pérdida de credibilidad se debe, en primer lugar, a la falta de jueces formados debido a una carrera judicial no apta. En segundo lugar, existe una fuerte influencia de «poderes fácticos, políticos y o económicos y o corruptos» que capturan el Poder Judicial.
Barberena también añade una variante crucial: el crimen organizado. Este actor transnacional y nacional compromete la independencia de los poderes del Estado, pues compra jueces, fiscales y magistrados. El experto citó el caso de Costa Rica como «clarecedor» de cómo el crimen organizado moderno «hacen análisis de escenario, conocen el sistema judicial, saben como cómo funciona el sistema judicial» y logran influir o comprar funcionarios. comenta.
La estrategia del agotamiento procesal y la crítica al Sistema Interamericano
La lentitud y burocracia inherentes a los procesos judiciales se magnifican en casos de persecución política. El proceso, que debería ser un cauce para el derecho a la defensa y a un juicio justo, se transforma en un arma. El proceso «se convierte también en un mecanismo en donde lo que se pretende agotar a la parte afectada, en donde se en donde lo que se pretende es cansar al agredido, es cansar a la víctima, ¿verdad?, de un proceso que de por de por sí te estás enfrentando al Estado con todos los poderes y privilegios e incentivos que tiene el Estado…», dice Barberena.
Si bien los recursos internos deben agotarse para acudir a instancias internacionales, el abogado critica el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Señala que el requisito de agotamiento previo ante la Comisión antes de acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos carece de razón de ser si el Estado ya falló en garantizar los derechos de la víctima. Este requisito implica «dos años más» de agotamiento para la parte afectada, constituyendo, a su juicio, una brecha o déficit respecto al sistema europeo.
Resistencia y movilidad social: La respuesta de la ciudadanía
Ante la inacción judicial y el agotamiento de los recursos institucionales, especialmente para víctimas de desapariciones forzadas o prisioneros políticos, la respuesta debe salir de la esfera jurídica local. Barberena explica que «esto tiene salida jurídica, vamos a decirlo así, yo creo que no necesariamente, es decir, tiene mecanismos de defensa jurídico, pero las soluciones son políticas, ¿verdad?».
Enfatiza que la única manera de hacer frente a esta realidad es mediante alianzas «más coaligadas, más cohesionadas», entre movimientos políticos, movimientos sociales y organismos de la sociedad civil.
Para la ciudadanía, la respuesta es la movilidad social. El surgimiento de movimientos sociales ante un agravio (como la falta de justicia o la desaparición de familiares) es crucial, pues busca canalizar las demandas fuera de los cauces institucionales agotados. «Entonces yo creo que las construcciones de estas identidades colectivas, ¿verdad?, en procura de la de la de la materialización y efectividad de los derechos fundamentales, los derechos humanos y demás, es sumamente importante…».
Al final, en esta confrontación, los perdedores son claros: «pierde la gente malos derechos humanos. Pierde la gente, sin duda. Pierde la ciudadanía, pierde el ciudadano, la ciudadana, los colectivos…», argumenta.
Y los ganadores de la crisis de la justicia, explica el abogado, «ganan los corruptos, ganan los dictadores, los autócratas que ahora están de moda en Centroamérica y además de eso ganan los este eh los los grupos de crimen de crimen organizado que están en la región eh a su ancha ahora mismo», detalla.
La movilización social, respaldada por alianzas con actores clave y la incidencia internacional, sigue siendo la «válvula» para cambiar el sistema judicial y lograr que los derechos se «logren positivar,» un proceso que históricamente ha costado mucho esfuerzo a la ciudadanía.
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