Salomón Manzanares C.
Bajo el estandarte de la seguridad ciudadana y el combate a la delincuencia, el 1 de junio de 2024 asumió su segundo mandato presidencial en El Salvador Nayib Armando Bukele Ortez. Sin embargo, a seis años de haber llegado por primera vez al poder, el entusiasmo inicial se ha visto opacado por reiteradas violaciones a la Constitución, persecución a grupos opositores y hostigamiento permanente contra periodistas independientes.
La política gubernamental ha utilizado diversos mecanismos para posicionar su discurso oficial y destacar logros en materia de seguridad. En contraste, toda voz crítica —principalmente desde medios de comunicación— se ha convertido en objeto de vigilancia, intimidación y censura.
Autocensura o cárcel para el periodismo crítico
Víctor Peña, periodista salvadoreño de El Faro, ha asegurado a Agenda Propia Nicaragua haber sido víctima de la hostilidad gubernamental. El trabajo investigativo y la publicación de denuncias contra funcionarios los han forzado al exilio, mientras que quienes permanecen en el país recurren a la autocensura.
Desde el exilio, Peña señala que esta práctica responde a razones de seguridad personal y familiar:“El régimen ha sido más feroz con sus ataques, persecución y señalamientos hacia periodistas que denuncian las anomalías del gobierno y sus funcionarios”.
Investigaciones incómodas
Diversos medios de comunicación han publicado investigaciones sobre actividades ilícitas en instituciones estatales y presuntos pactos con estructuras criminales para reducir la violencia homicida.
Para Peña, la reelección de Bukele representa la consolidación de una dictadura. “Desde el 1 de junio de 2024, cuando Bukele asume como presidente inconstitucional, todas las decisiones del país dependen de él”.
Cierres de medios y asfixia económica
Las investigaciones periodísticas han provocado represalias gubernamentales. Entre las principales tácticas, Peña destaca el retiro de publicidad estatal, suspensión de fondos internacionales reducción de personal cierre temporal de medios, expulsión de periodistas. Además, los medios han debido invertir recursos en defensa legal ante ataques y campañas de desprestigio.
Nepotismo y corrupción institucionalizada
El periodismo salvadoreño ha documentado contrataciones y compras estatales vinculadas a familiares del presidente, ignorando la Ley de Ética Gubernamental vigente desde 2011. Entre los casos señalados se encuentran nombramientos directos de parientes cercanos de funcionarios.
El periodista Peña recalca que estas prácticas se replican en varios ministerios y denuncia el enriquecimiento de familiares cercanos al mandatario mediante adquisiciones de bienes inmuebles favorecidos por legislación aprobada por la Asamblea oficialista.
Propaganda oficial y “narrativa de seguridad”
Aunque el gobierno ha promovido su régimen de excepción —prorrogado 43 veces hasta octubre de 2025— como una solución al crimen, Peña sostiene que detrás de la aparente tranquilidad existen acuerdos opacos con líderes de pandillas. También critica a creadores de contenido alineados al discurso oficial, con amplio acceso a fuentes gubernamentales. “No contrastan información ni abordan las causas profundas de la violencia. Se convierten en amplificadores de la propaganda”, explica.
Una realidad encubierta
Peña advierte que, al finalizar el gobierno, volverán a salir a la luz problemas que han sido ocultados, tales como: crisis en el sistema de salud carencia de medicamentos cierre de escuelas despidos a maestros críticos, pérdida de empleos aumento de la pobreza. De acuerdo a estadísticas recientes, más de un millón de salvadoreños vive en condiciones precarias.
Recepción ciudadana del mensaje periodístico
En redes sociales se percibe el desgaste de la imagen presidencial. Las constantes acusaciones contra gobiernos anteriores ya no convencen a una parte de la población. Sin embargo, el miedo inhibe la protesta pública. “Estamos ante un personaje que usa todo su poder para silenciar y arremeter contra cualquiera que cuestione sus narrativas”.
Periodismo en resistencia
Peña afirma que, pese a las amenazas, el trabajo periodístico continuará. “Desde mayo de 2025, más de 40 periodistas hemos tenido que salir del país. Otros trabajan de manera anónima para protegerse. Aunque nos persigan y desacrediten, seguiremos investigando”.
Organizaciones nacionales e internacionales de prensa y derechos humanos han denunciado de forma reiterada las violaciones a la libertad de expresión y de prensa cometidas por el gobierno salvadoreño.
Foto de portada: Tomada de El Diario de Hoy
Tamara Morales Orozco