La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha confiscado un total de 45 manzanas de inversión privada en León, Nicaragua, donde se ubica la urbanización «Las Palmeras». La venta de estos lotes se realizaba desde antes de 2018, impulsada por el temor de los propietarios originales a ser confiscados por el régimen. Recientemente, emisarios políticos se presentaron en el lugar para informar a los pobladores que, a partir de ahora, la propiedad será administrada por la dictadura para favorecer a «beneficiarios especiales».
Entre los beneficiados se encuentran trabajadores del Estado, quienes quedarán solventes de sus pagos tras la intervención. Esta medida ha generado inseguridad y malestar entre los dueños de lotes gestionados por la lotificadora «La Metropolitana». Los propietarios fueron notificados por la Procuraduría General de Justicia (PGJ) y delegados partidarios sobre la nueva administración estatal, lo que ha provocado indignación en quienes invirtieron sus ahorros en la compra de dos o tres lotes.
Una representante de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) calificó de «ilegal» el acto de invertir en estas tierras. Según la funcionaria, a quienes compraron lotes adicionales no se les reconocerá más de un lote, sino que el sobrante serán arrebatados para ser entregados a otros ciudadanos. La PGJ argumenta que la compra de un lote es un «acto de corrupción» por parte de los vendedores, dejando así a los compradores en total desamparo.
Litigios y argumentos de la Procuraduría
La institución considera que «La Metropolitana» incurrió en un acto ilícito al vender lotes en un área de 57 manzanas que se encuentran en litigio. La representante agregó que se llevará a cabo un «proceso minucioso» de revisión, aunque no brindó una fecha de inicio para la supuesta titulación.
«Cuando entremos a la revisión, nosotros sabemos cuál es la propiedad de él y todo el que esté en esa área tendrá que arreglarse con ese señor», afirmó la funcionaria en referencia a Rómulo Argüello, a quien no se le confiscaron las 12 manzanas que le corresponden. El área confiscada pertenece legalmente a Winston Álvarez, quien compró a Olga Argüello; no obstante, la propiedad entró en un litigio que no ha recibido resolución judicial en los juzgados de León.
Justificación del Estado y postura legal
El abogado Andrés se comunicó con Agenda Propia Nicaragua para señalar que la gravedad de las irregularidades administrativas y la inseguridades jurídica provocada por Winston Álvarez, Francisco Chamorro, Ricardo Mena, Luis Alberto Flores y Winston Centeno sobre la propiedad «Las Palmeras» tornaron la situación insostenible. Según el jurista, el grado de ilicitud y desorden registral promovido por los señalados obligó al Estado de Nicaragua, en ejercicio de sus facultades soberanas y resguardo del orden público, a intervenir y confiscar la propiedad.
Andrés sostiene que esta acción gubernamental no fue arbitraria, sino una respuesta forzosa ante la estafa y la «anarquía inmobiliaria» creada por dichos sujetos, afirmando que su gestión siempre estuvo viciada de nulidad y al margen de la ley. Al ser consultado sobre las personas que compraron de buena fe más de un lote, el abogado respondió con frialdad: «Moraleja de una persona que le compra a un ladrón (Lotificadora), si la persona no sabía que era robado (Ingenuidad), además que lo barato sale caro». Esto a pesar de que cada lote tenía un costo de entre 7 mil y 8 mil dólares.
Impacto económico en las familias
Los lotes fueron adquiridos para ser pagados en un plazo de siete años. La intervención estatal ha resultado en una confiscación indirecta de los terrenos ya adquiridos. Una habitante cuestionó la justicia de la medida, señalando que muchas personas, incluyendo a su madre que reside en España, vendieron otros bienes para comprar en esta zona. Además, denunció que la PGJ ha rechazado poderes legales para realizar gestiones, aumentando el temor de perderlo todo.
Por su parte, el diputado orteguista y Secretario Político del Frente Sandinista, Ramón Sarria, considera que la situación es «sencilla». Según Sarria, aunque hay lotes habitados y otros baldíos por falta de recursos, se dará la oportunidad de que cada quien sea dueño de su propiedad, bajo la premisa de que el sistema de propiedad debe estar ordenado y bajo la ley. Sin embargo, la realidad es que no se está reconociendo la inversión previa realizada por los ciudadanos en esta urbanización.
Testimonios de los afectados
Alfredo, quien vive en la zona desde hace un año, compró un lote para su vivienda y otro como herencia para su hijo adolescente. «Compré el otro terreno porque le quiero dejar a mi primer hijo», explicó. El afectado asegura haber realizado el proceso de manera legal, con recibos y documentos en regla. Alfredo enfatiza que ni él ni otros propietarios de múltiples lotes son «toma tierras», sino inversores que confiaron sus ahorros al proyecto. El habitante insta a la PGJ a ser flexible y considerar la inversión realizada.
Asimismo, solicitó que se castigue a quienes realmente se han tomado lotes de forma ilegal. En León, diversas propiedades privadas han sido invadidas por personas incitadas por supuestos líderes políticos, quienes terminan apropiándose de los terrenos sin pagar. Entre los beneficiados con solvencias de pago tras denunciar a la lotificadora figuran 23 policías, 7 trabajadores de la alcaldía y 5 de los juzgados.
Antecedentes del conflicto y vías legales
La historia de la propiedad se remonta a antes de 2018, cuando la dueña original, Olga Argüello, vendió 45 manzanas a Winston Álvarez y 12 a Rómulo Argüello en la salida de León hacia Chinandega. Con el tiempo, surgió el conflicto mientras se procedía a la venta de los lotes. Fuentes consultadas indican que los propietarios aceleraron las ventas por temor a que el gobierno confiscara la propiedad bajo el argumento de «favorecer a las familias». También temían que invasores de tierras se adueñaran del lugar y el gobierno terminara regalándoles los lotes. Para enfrentar esta situación, el abogado Andrés sugiere que, según la legislación nicaragüense, los afectados deben proceder de la siguiente manera: Vía Penal: Acusar a los dueños de «La Metropolitana» ante el Ministerio Público por Estelionato (Art. 233 C.P.) y Asociación Ilícita para Delinquir.
Acción Civil: Solicitar en el juicio la reparación del daño y la devolución del dinero
Embargo de bienes: Pedir el congelamiento de cuentas y el embargo de bienes personales (casas, vehículos) de los vendedores que no hayan sido confiscados por el Estado para rematarlos y pagar a las víctimas. Actualmente, en la urbanización «Las Palmeras» conviven compradores legítimos y ocupantes ilegales. De los habitantes, 980 ya cancelaron o mantienen sus pagos mensuales, mientras que otros se tomaron lotes sin pagar un solo centavo. Según la fuente, estos últimos son los verdaderos «toma tierras» favorecidos por el gobierno. La fuente concluyó que el gobierno aprovechó el desorden legal para favorecer deliberadamente a sus simpatizantes.
Foto portada: Tomada de videos de la Lotificadora Metropolitana
