La crisis de movilidad humana en el continente americano ha alcanzado dimensiones críticas, con un registro de 21.8 millones de personas en situaciones de refugio, desplazamiento forzado o apatridia.
En este complejo escenario, la socióloga e investigadora Elvira Cuadra, directora del Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica, CETCAM, propone una necesaria redefinición del fenómeno que afecta a miles de mujeres en la región. Según explica, el término «migración» resulta insuficiente y, a menudo, inadecuado para describir la realidad de quienes huyen de sus países, pues «en realidad no son migrantes, son personas que están desplazadas de manera forzada». Cuadra es enfática al señalar que «ningún exilio es voluntario» y que toda persona que se exilia lo hace impulsada por una razón de fondo, usualmente de carácter político.

Este desplazamiento masivo se produce en un contexto de «nuevos autoritarismos» que se están instalando con fuerza en Centroamérica, caracterizados por el ejercicio de la violencia política y restricciones severas a los derechos ciudadanos.
Para la socióloga, el Estado ha dejado de cumplir su función de ente regulador y protector para convertirse en un agente que incentiva activamente la persecución. Esta maquinaria estatal se dirige con especial saña hacia periodistas, defensoras de derechos humanos y operadoras de justicia que han osado interpelar al poder. En este sentido, Cuadra identifica un componente de género en la represión, afirmando que «hay cierto tipo de violencia que se dirige contra las mujeres para que sea ejemplo y sirva de lección para el resto de la sociedad».
El impacto del exilio forzado en los territorios de origen es devastador y profundo, provocando lo que se describe como una fractura del tejido social y familiar. Cuando las mujeres se ven obligadas a salir, a menudo con lo mínimo y de manera apresurada, dejan atrás familias que quedan desprotegidas no solo económicamente y redes de apoyo que se rompen de forma abrupta. El proceso genera un desarraigo difícil de sanar, donde no existe un espacio psicológico o emocional para procesar el trauma de la huida debido a la urgencia de la sobrevivencia en el país de destino.
Casos en Guatemala muestran que más de 50 operadoras de justicia han tenido que abandonar el país por la captura del sistema judicial, mientras que, en Nicaragua, el «terrorismo de Estado» golpea el corazón de las familias, obligando a activistas y periodistas a huir para proteger incluso a su descendencia.

La vida en el exilio no garantiza el fin de las dificultades, ya que las mujeres enfrentan una «tendencia mundial» de xenofobia y discriminación. Cuadra advierte que existe una construcción cultural que etiqueta al recién llegado como una amenaza, sentimiento que en ocasiones es alimentado por políticas migratorias restrictivas, como las de Estados Unidos. A esto se suman los «líos migratorios», la dificultad para regularizar su estatus legal y la imposibilidad de ejercer sus profesiones por no contar con sus títulos originales.
En última instancia, la socióloga recalca que este fenómeno es la convergencia de persecución política, vulnerabilidad ambiental y crisis económica que generan una enorme percepción de incertidumbre, haciendo que en lugares como las comunidades indígenas del Caribe nicaragüense las mujeres sientan que, sencillamente, «allí no se podía vivir».
El exilio forzado que describe Elvira Cuadra funciona como un trasplante de emergencia realizado sin anestesia: no es el traslado planeado de una planta a una maceta con mejor tierra, sino el arranque violento de una raíz de su suelo natural para lanzarla a un terreno extraño. Aunque la planta logre sobrevivir en el nuevo sitio, las cicatrices del desgarro permanecen y el jardín original queda irremediablemente incompleto.

