Nicaragua se ha consolidado como el único país de todo el continente americano clasificado bajo la categoría de «persecución» religiosa, según el Informe sobre la libertad religiosa en el mundo 2025 de la organización Ayuda a la Iglesia Necesitada ACN de España, presentado este 22 de enero en la ciudad de Granada. Esta distinción sitúa al país al mismo nivel de gravedad que regímenes como China, Corea del Norte o Afganistán, superando la intensidad represiva de otros estados autoritarios de la región como Cuba o Venezuela.
A diferencia de países como México o Haití, donde la violencia contra la Iglesia proviene del crimen organizado, en Nicaragua la amenaza es ejecutada directamente por un «gobierno autoritario» que utiliza el aparato estatal para reprimir.
El impacto en los fieles: Una indefensión espiritual
El asedio ha provocado que el país pierda entre 97 y más de 200 sacerdotes y religiosos, quienes han sido expulsados, exiliados o encarcelados. Entre los casos más destacados se encuentra el de Monseñor Rolando Álvarez, condenado a 26 años y cuatro meses de prisión antes de su deportación. Esta ausencia de pastores ha dejado a numerosas parroquias en un estado crítico.
«La indefensión es clara… la falta de religiosos, religiosas, la ausencia de algunos de los pastores de la Iglesia ha limitado tremendamente el acceso a los sacramentos y el acceso a la libertad de poder profesar tu fe de manera libre y de manera cuando lo desees y esa es una situación que nosotros denunciamos en este informe», ha expresado a Agenda Propia Nicaragua, José María Gallardo, director de ACN.
La fe bajo vigilancia: Procesiones prohibidas
Por tercer año consecutivo en 2025, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha prohibido las procesiones de Semana Santa en las calles, utilizando a la policía para intimidar a la ciudadanía y evitar que salgan a manifestar su fe de forma pública. Esta medida es denunciada por ACN como una violación directa a los derechos humanos fundamentales.
«Claramente es una coerción de la libertad religiosa y de poder expresar tu fe… en público o en privado, como declara el artículo 18 de la Declaración de Derechos Humanos… lo vamos a seguir denunciando año tras año hasta que haya un restablecimiento del derecho», dice Gallardo.
La investigadora y abogada nicaragüense Martha Patricia Molina, quien se encuentra en el exilio, detalló a finales de marzo de 2025, que existe un “Plan Verano 2025” policial, que “incluye el asedio e intimidación de policías a sacerdotes” para recordarles dos órdenes que deben cumplir para no terminar en la cárcel: “la no autorización de realizar procesiones” y “no mencionar en sus homilías y actividades religiosas nada en contra del «gobierno”.
Asfixia económica y caridad en riesgo
Desde agosto de 2024, el régimen derogó las exenciones fiscales para las iglesias, obligándolas a pagar entre el 10% y el 30% sobre limosnas y donaciones especialmente para la Iglesia Católica y a grupos evangélicos, una medida que fue publicada en el diario oficial La Gaceta, modificando legislaciones existentes como la Ley de regulación y control de organismos son fines de lucro. La ley de regulación de agentes extranjeros, así como la Ley 822 de concertación tributaria. Esta medida es vista como una forma de confiscación que afecta directamente a los sectores más vulnerables de la sociedad que dependen de la asistencia eclesial.
«La iglesia siempre va a estar al lado de los más pobres. Todos aquellos fondos que se limiten o se quiten a la caridad de la propia iglesia, al final repercute negativamente en los más desfavorecidos», añade el director de ACN.
Un panorama sombrío para la fe
El informe de ACN advierte que el espacio para la fe se reduce cada día, especialmente tras la reforma constitucional de 2025 y un discurso oficial que califica a los sacerdotes de «demonios». La persecución no se limita a los católicos; grupos evangélicos como el ministerio «Puerta de la Montaña» también han sufrido la confiscación de bienes y el encarcelamiento de sus líderes bajo acusaciones de blanqueo de capitales.
Pese a este escenario, el mensaje de los organismos internacionales y de apoyo a la Iglesia sigue siendo de resistencia y esperanza.
«Seguiremos rezando día tras día para el restablecimiento de la libertad religiosa en su país… que la fe siga viva por parte de las personas que viven en Nicaragua y que no dejen de seguir proclamando sus derechos y defendiendo lo que es justo».
La libertad religiosa en el mundo
El informe señala que la libertad religiosa no solo está bajo presión, sino en un acelerado proceso de desaparición que ya afecta a casi dos tercios de la humanidad. Alrededor de 62 países sufren violaciones graves, lo que significa que más de 5.400 millones de personas —el 64,7 % de la población mundial— viven hoy en entornos donde su conciencia y sus creencias son motivo de persecución o discriminación sistemática.
El informe identifica al autoritarismo estatal como la amenaza más voraz, con regímenes en China, Nicaragua e Irán que utilizan la ley y la vigilancia masiva para asfixiar cualquier disenso religioso. En paralelo, la violencia yihadista desestabiliza regiones enteras como el Sahel, mientras que en la India se consolida una «persecución híbrida» que combina la supresión legal con la violencia colectiva contra las minorías.
En América Latina, la situación es especialmente crítica por la exportación del modelo autoritario cubano a Venezuela y Nicaragua, donde se criminaliza a los líderes religiosos, recurriendo a la expulsión y confiscación de bienes para silenciar la voz de las iglesias.
Más allá de la violencia física, este informe 2025 denuncia una tendencia: el uso de la inteligencia artificial y herramientas digitales para rastrear y penalizar a los creyentes, convirtiendo la fe en un riesgo de seguridad. Asimismo, el documento revela que las mujeres y niñas de minorías religiosas son «dos veces vulnerables», sufriendo secuestros y matrimonios forzados que suelen quedar en la impunidad. A pesar de este panorama, el informe rescata «semillas de esperanza»: la resiliencia de las comunidades de fe como agentes de paz y el poder de la educación inclusiva como el instrumento más eficaz para reconstruir la convivencia y proteger la dignidad humana en un mundo fracturado.
Daniel Rodríguez Moya 
Patricia Orozco