«Edelmira», una nicaragüense de 40 años que ejercía como maestra en su país, llegó a España en 2018 no por una urgencia económica, sino como una desplazada más de la crisis sociopolítica que asfixia a Nicaragua. Su exilio forzado la llevó de las aulas de clase a relevar, durante los fines de semana, a la trabajadora interna que atendía a un señor de avanzada edad en una ciudad andaluza. Antes de marcharse, su compañera le advirtió que tuviese cuidado con el hombre porque era un «tocón» y por esa razón ninguna empleada lograba durar en el puesto. La primera interacción confirmó la advertencia: antes de preguntar por su experiencia, el hombre, que se valía perfectamente por sí mismo, la interrogó sobre si tenía marido. Para Edelmira, que no tiene hijos y solo envía dinero a Nicaragua de forma esporádica, el choque fue la confirmación de una nueva vulnerabilidad donde su identidad profesional se desvanecía a cambio de un entorno de acoso. Lucía aunque necesitaba el empleo, solo trabajó un fin de semana.
Este patrón de desprotección se agrava en la España rural con casos como el de «Rosa», que ilustra la cara más amarga del régimen de interna sin condiciones legales. Rosa cuidaba a una anciana con Alzhéimer que la agredía verbalmente de forma constante bajo los delirios propios de su enfermedad. Su encierro era casi total, con permiso para salir apenas un fin de semana al mes. Cuando Rosa solicitó tiempo para realizar gestiones administrativas y regularizar su estatus migratorio, la respuesta de los empleadores fue una reducción de su ya precario sueldo, acompañada de amenazas de descontarle los descansos que por ley le correspondían. La premisa familiar era clara: al no tener un contrato firmado, Rosa no tenía derechos que reclamar.
A pesar de que el empleo doméstico estuvo históricamente discriminado, el año 2022 supuso un punto de inflexión con el reconocimiento del derecho a la prestación por desempleo y la equiparación del Salario Mínimo al Régimen General. Sin embargo, muchas mujeres siguen atrapadas en el régimen de interna, desempeñando su labor en soledad y bajo una alta dependencia económica hacia sus empleadores. Este trabajo irregular alimenta abusos donde la falta de alta en la Seguridad Social genera un contexto propicio para la explotación. Se registran salarios que oscilan entre los 5 y 8 euros por hora, jornadas que se extienden hasta las 12 horas diarias y periodos de actividad sin el descanso semanal que marca la normativa vigente.
Existen casos de internas cobrando menos de la media del salario mínimo sin ninguna cotización, aceptando las condiciones por pura necesidad de subsistencia. El miedo a la deportación por carecer de permiso de trabajo, unido al desconocimiento de la ley, las lleva a normalizar la precariedad. Es común escuchar «es que los empleadores son muy buenos» mientras la trabajadora percibe 800 euros, cuando legalmente le corresponderían 1.300 euros. Esta condición de sector feminizado ha influido en su falta de reconocimiento social, siendo considerado durante años un trabajo informal de menor valor, lo que ha retrasado los avances legislativos necesarios para proteger a quienes sostienen la vida.
El costo de esta migración forzada se traduce en un desgaste psicológico que el Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica (CEDRE) ha analizado profundamente. En sus diagnósticos sobre el mercado laboral, el organismo señala que la precariedad en el empleo del hogar no es un accidente, sino un sesgo racista institucionalizado que aprovecha la vulnerabilidad administrativa de las mujeres migrantes para sostener el sistema de cuidados nacional. Lucía y Rosa evidencian una pérdida trágica de capital humano y dignidad: profesionales que terminan en una estructura que las despoja de su agencia. El modelo de cuidados español no solo es un refugio laboral precario, sino una red que convierte a quienes huyen de la persecución en figuras invisibles, atrapadas entre el asedio privado y la indiferencia institucional.
España enfrenta actualmente una creciente crisis de los cuidados derivada del envejecimiento poblacional y la insuficiencia de servicios públicos. En este escenario, el trabajo doméstico se vuelve imprescindible pero sigue careciendo del estatus que merece, una parte de la sociedad aún considera a estas personas como trabajadoras de segunda categoría. Sin embargo, el cambio se vislumbra el próximo este mes de abril con la regularización extraordinaria de personas migrantes por parte del Gobierno de España. Esta medida, que podría beneficiar a unas 500.000 personas, promete ser transformadora para el sector al permitir el acceso a contratos legales, facilitar la afiliación a la Seguridad Social y reducir drásticamente la economía sumergida.
Dignificar este trabajo esencial es el gran reto pendiente para el Día de las Empleadas del Hogar. Lograrlo pasa por garantizar condiciones laborales justas, facilitar la regularización administrativa definitiva y reconocer de una vez que cuidar de personas, hogares y vidas es un trabajo que merece derechos plenos. La invisibilidad no puede seguir siendo el precio a pagar por realizar la labor que sostiene, en última instancia, el bienestar de toda una nación.
Foto portada: SEDOAC
Fuentes y referencias: Oxfam Intermón (2024), informe Esenciales y sin derechos sobre pobreza y brecha de derechos. CEDRE (2024), memoria sobre discriminación racial institucionalizada en el empleo. Ministerio de Inclusión (2026), anuncio de regularización extraordinaria y estadísticas de afiliación. Servicio doméstico activo, SEDOAC, diagnósticos sobre el régimen de interna y la precariedad laboral en España.
