Salomón Manzanares C.
La demanda histórica por los derechos territoriales ancestrales en Honduras ha escalado con fuerza al debate público. Las comunidades garífunas se encuentran en protesta activa frente a las autoridades judiciales para exigir no cierren de forma definitiva los casos que ya han sido juzgados a su favor por la justicia internacional. Esta tensión se ha agudizado tras una serie de declaraciones personales en medios de comunicación, calificadas ampliamente como racistas, discriminatorias e incitadoras al odio.
Entre las críticas más duras destaca la del periodista Amílcar Ulises Aguirre Ramírez, quien a través de un video cuestionó públicamente la legitimidad y el aporte sociocultural de las comunidades garífunas en el país. Aguirre utilizó afirmaciones que desafían las prohibiciones de la legislación hondureña vigente: «Pueblos originarios son los Lencas, los Pech, los Tawahkas. Ustedes no. Ustedes llegaron de otras latitudes, muchos llegaron huyendo. ¿A qué han contribuido algunos con el desarrollo del país? Sí, pero otros han venido a dar lástima. A muchos de ellos no les gusta ni estudiar, ni trabajar. Mire usted las comunidades garífunas o de los negros, como ellos dicen, porque no son ni trigueños, ni morenos: somos negros».
Estas aseveraciones provocaron indignación entre profesionales e intelectuales garífunas que han sobresalido en diversos ámbitos dentro y fuera de Honduras.
La respuesta de la comunidad médica y profesional
Vito Vidardy Medina Arzú, médico garífuna de 36 años, padre de dos niñas y originario de Santa Fe (Colón), es uno de los afectados por este discurso. En 2022, con el esfuerzo y apoyo de su familia, Medina edificó su propia clínica en San Pedro Sula, optando por el ejercicio independiente antes que por el sector estatal, y colabora constantemente como voluntario en brigadas médicas. Para él, las palabras del comunicador reflejan una profunda falta de rigor técnico y ético: «Cuando él se refiere así, lo único que me da a entender es que es un periodista que no lee. El periodismo es para investigar, informar y unir. Cuando un tipo se expresa de esa manera, evidencia que está a favor de los grupos de poder que buscan despojarnos de nuestras tierras ancestrales. Los garífunas nos asentamos en estas costas hace más de 200 años, mucho antes de que Honduras se constituyera una república independiente, y antes de que otros grupos poblaran esta costa», expuso.
Medina Arzú explica que la defensa de las tierras es sumamente compleja debido a la coexistencia de propiedades en manos de personas ladinas. No obstante, enfatiza que esta lucha es histórica, ya que sucesivos gobiernos han intentado desplazarles de estas zonas debido a la alta fertilidad de sus suelos y su enorme valor estratégico. Asimismo, cuestionan las falsas promesas de desarrollo inmobiliario: «Una cosa es que los inversionistas quieran potenciar las tierras ancestrales facilitando empleo a la comunidad, pero hacen lo opuesto: pretenden desplazarnos y traer mano de obra externa», sostiene.
El galeno advierte que el avance sobre los territorios indígenas no se detendrá en el litoral atlántico. «Esta problemática hoy nos afecta directamente a nosotros, pero más adelante buscarán desplazar a los misquitos de La Mosquitia, una región distante pero inmensamente rica en recursos naturales», haciendo alusión también a las presiones territoriales que sufren las comunidades afrodescendientes de la Cuenca de la Laguna de Perlas en la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur (RACCS) de Nicaragua.
La invisibilización mediática y el valor ancestral
Nora Ávila, activista garífuna, coincide en que la ocupación territorial de más de dos siglos otorga derechos comunitarios legítimos para el desarrollo de su vida colectiva, desmintiendo la narrativa histórica del comunicador. Ávila sostiene que la pugna del pueblo garífuna es especialmente visible en los medios debido al atractivo comercial de su ubicación geográfica: «Las comunidades del interior del país sufren despojos silenciosos a causa de la minería ilegal y los agronegocios, luchas que el centralismo de los medios de comunicación han invisibilizado por completo. Pero las comunidades de Tela, Trujillo y Roatán en la Costa Atlántica están en el ojo público porque se encuentran en zonas de alta plusvalía, codiciadas por megaproyectos turísticos y desarrollos inmobiliarios».
Añade que leyes como las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) y la Ley para el Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial amenazan la soberanía y facilitan la expropiación de territorios rurales en favor de intereses privados. Cuestiona también la manipulación de Aguirre al sugerir que unas etnias exigen más privilegios que otras, aclarando que todos los pueblos sufren presiones territoriales idénticas, pero la Costa Norte concentra mayores capitales y conflictos mediáticos.
El aporte silencioso de los profesionales garífunas
Frente a las acusaciones de apatía y falta de desarrollo, la comunidad garífuna defiende sus contribuciones al país, las cuales suelen ser omitidas por el periodismo hegemónico. Medina Arzú destaca que el pueblo garífuna cuenta con destacados deportistas, médicos especialistas de renombre (como uno de los primeros cardiólogos con subespecialidad en electrofisiología del país) y académicos de primer nivel. Entre ellos sobresale el doctor Luther Castillo Harry, originario de San Pedro de Tocamacho (Juan Francisco Bulnes, Gracias a Dios), quien se convirtió en el primer hondureño de origen garífuna en graduarse con un Máster en Administración Pública de la prestigiosa Universidad de Harvard en los Estados Unidos.
Desde el extranjero, la licenciada en enfermería Jeaneth Suazo, quien reside y ejerce en Londres, Inglaterra, también reaccionó con orgullo a los ataques. Suazo posee dos especialidades de postgrado: Cuidados Intensivos y Diseño de Proyectos. «Trabajo cuidando pacientes como enfermera profesional. No importa que nos digan que damos lástima. Lástima da una persona que no conoce de historia y que carece de conocimientos sobre las comunidades ancestrales. A los hechos nos remitimos».
Además, el valor identitario de esta comunidad es innegable a nivel internacional. En el 2001, la UNESCO proclamó la lengua, la danza y la música del pueblo garífuna como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. «El aporte garífuna define a Honduras en el extranjero. Cuando un hondureño sale del país, lo que lo identifica internacionalmente es el ritmo de La Punta y un idioma que trasciende fronteras», añade Medina Arzú.
Estrategias de división territorial y amparo constitucional
Para Ávila, los discursos difamatorios tienen un trasfondo geopolítico claro, dividir a las comunidades. «Segmentar a los pueblos entre los que protestan y los que se quedan callados solo favorece a quienes desean expropiar nuestras tierras ancestrales. Defender el territorio en Tela o en la Montaña de la Flor es defender la soberanía nacional y la cultura de Honduras». Medina Arzú califica estas narrativas como «declaraciones estúpidas» de personas que no investigan la realidad de exclusión y despojo sistemático amparado por leyes injustas.
La Constitución de la República de Honduras, en su Artículo 60, ampara explícitamente la igualdad de todas las personas, declarando que no existen clases privilegiadas y que todos son iguales ante la ley. De forma contundente, el texto constitucional establece que «se declara punible toda discriminación por motivo de sexo, raza, clase y cualquier otra lesiva a la dignidad humana», ordenando la aplicación de sanciones penales para quienes infrinjan este precepto.
Acciones legales e impunidad
Ante la gravedad de los discursos emitidos, el pasado 21 de agosto, la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH) interpuso una denuncia penal formal ante el Ministerio Público contra el periodista Ulises Aguirre por delitos de odio, racismo y discriminación. La organización defensora denunció que ya existía un precedente legal interpuesto el 16 de octubre de 2025 por hechos similares, el cual no ha recibido ninguna respuesta efectiva por parte del ente fiscalizador del Estado.
Como un hecho paradójico que denota las profundas contradicciones institucionales del país, el Congreso Nacional de Honduras condecoró a Aguirre Ramírez el pasado 25 de mayo (Día Nacional del Periodista) con el galardón de «Periodista del año». Sin embargo, el historial del comunicador ya se encontraba bajo cuestionamiento público al figurar en la posición número 16 de las líneas de investigación del Caso Hermes, un caso emblemático que develó una red de desvío de fondos públicos y corrupción en el ejercicio del periodismo hondureño.
Foto de portada: Criterio, Honduras.
Tamara Morales Orozco