Organizaciones de la oposición democrática de dentro y fuera de Nicaragua, rechazaron la aberración jurídica que la dictadura Ortega–Murillo impuso a 94 ciudadanas y ciudadanos nicaragüenses, al quitarles su nacionalidad y derechos ciudadanos.
Estas organizaciones consideran el Tribunal de Apelaciones de Managua resolvió sin fundamento jurídico y violentando uno de los derechos humanos elementales, el derecho a la nacionalidad, consignado en el artículo 20 de la Convención Americana de Derechos Humanos el cual señala que “Toda persona tiene derecho a la nacionalidad del Estado en cuyo territorio nació (…) A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad”.
Como es sabido la dictadura controla el Poder Judicial, de ahí que también acusen a las 94 personas de “traición a la patria”. Pero la población nicaragüense conoce a quienes han traicionado a la patria perpetuándose en el poder, quienes deberían ser inhabilitados permanentemente para cargos públicos. “Tales decisiones son ilegítimas, inconstitucionales y violatorias de los derechos humanos, carecen de legalidad y no pueden ni deben ser aceptadas como verdad” se lee en el comunicado.
Las organizaciones consideran que estos acontecimientos van contra un sistema democrático de derecho, por ello demandan se convoque a sesión extraordinaria de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) consagrada a Nicaragua, para que los Estados miembros de la OEA declararen ilegítimo al régimen de Daniel Ortega por ser responsable de crímenes de lesa humanidad.
Asimismo, proponen que en dicha sesión se inicie un proceso para que en Nicaragua se restituya el sistema democrático y el Estado de Derecho.
Las organizaciones se solidarizan con los más de 300 nicaragüenses a quienes se les han aplicado las medidas arbitrarias y se comprometen con el pueblo de Nicaragua a seguir denunciando las violaciones sistemáticas de derechos humanos de la dictadura, para preservar la búsqueda de una Nicaragua libre.
Patricia Orozco 
Tamara Morales Orozco 