Redacción AP
La comunidad indígena del Ecuador comenzó una jornada de protestas para exigir al gobierno de Guillermo Lasso reformas sociales y económicas, en una economía golpeada por la inflación y el desempleo.
Las manifestaciones se concentraron en la región norteña de Pichincha, que incluye a la capital, Quito, y los vecinos Cotopaxi e Imbabura. Pero en la mayoría de las 24 provincias ecuatorianas ha habido algún tipo de movilización.
La Articulación de Movimientos Sociales (AMS) de Nicaragua, que aglutina a unas 60 organizaciones civiles, mostró su respaldo a las protestas en el país suramericano. “Nuestra solidaridad con las justas demandas del pueblo ecuatoriano, nos unimos al llamado nacional e internacional para demandar el fin de la represión y del Estado de excepción, junto a la restauración del derecho a la libre movilización”, indicó en un pronunciamiento.
Este domingo se cumplió la séptima jornada del paro nacional convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) y apoyada por varios colectivos sociales.
“En Nicaragua hacemos nuestras sus demandas, porque diariamente nos toca resistir los abusos de una dictadura capitalista y neoliberal, que arrasa con los derechos humamos y de la naturaleza, abusos que se extienden en el continente latinoamericano”, resaltó.
La AMS expresó su solidaridad con las protestas en Ecuador luego de que la policía ecuatoriana, encabezada por la Fiscalía, allanó la sede de la Casa de la Cultura Ecuatoriana (CCE), tras recibir una denuncia anónima relacionada con la movilización indígena contra la gestión económica del Gobierno.
Como respuesta, Lasso decretó el recién pasado viernes en la noche el estado de excepción por 30 días en las tres regiones más afectadas.
«Estoy comprometido con la defensa de nuestra capital y nuestro país», dijo el mandatario en televisión. Al mismo tiempo, informó que concederá varias exigencias de los grupos indígenas, que estos rápidamente calificaron de «insuficientes».
Con el decreto, el Estado restringe el libre tránsito y permite que las autoridades implementen el uso «progresivo de la fuerza» para «neutralizar las acciones violentas».
Los grupos indígenas desafiaron el estado de excepción y este sábado anunciaron que las protestas eran de carácter «indefinido», mientras se organizaban para dirigirse a la capital ecuatoriana.
¿Quiénes protestan?
Las protestas de esta semana fueron convocadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), grupo creado en 1986, que aglutina a las poblaciones originarias del país sudamericano.
El líder del movimiento, Leónidas Iza, fue uno de los protagonistas de las manifestaciones, pero el martes fue detenido por las autoridades por presuntamente paralizar el transporte público, al bloquear una vía y exhortar a que se radicalizaran las protestas.
Iza, de 40 años, comenzó a dirigir la Conaie en 2021, pero se forjó como líder durante las protestas de 2019, cuando organizaba grupos campesinos para que se manifestaran contra el alza del combustible luego de varias medidas impuestas por el gobierno del entonces presidente Lenín Moreno.
Este sábado pidió a Lasso que escuche los reclamos de quienes protestan y le sugirió «tener cinco sentidos para entender la realidad de la mayoría del pueblo ecuatoriano». «Estamos viviendo absolutamente en la crisis y (…) no soportamos más», dijo.
¿Cuáles son los reclamos?
Uno de los principales reclamos de las personas manifestantes es el control de precios del combustible.
El costo de estos productos ha aumentado considerablemente desde 2020.
El precio del diesel casi se duplicó, de US$1 a US$1,90 por galón (3,8 litros), y la gasolina aumentó de US$1,75 a US$2,55, según estimaciones de la agencia AFP.
En las protestas también se pide la protección de los territorios indígenas, así como el aumento del gasto público en áreas medulares del gobierno.
La Conaie detalló sus exigencias en diez puntos con una infografía publicada en su cuenta de Twitter el 9 de junio:
- Reducir los precios del combustible;
- Fijar una moratoria de un año en el sistema financiero para que las familias paguen sus deudas;
- Garantizar el empleo y los derechos laborales;
- Que haya precios justos en los productos del campo;
- No explotar la minería en los territorios indígenas;
- Respetar los derechos colectivos;
- No privatizar los servicios estratégicos;
- Desarrollar políticas para controlar la especulación en los precios;
- Otorgar mayor presupuesto para salud y educación;
- Adoptar medidas para mejorar la seguridad.
Patricia Orozco 
Tamara Morales Orozco 
Cristhian Alvarenga 