Redacción AP
Un año se cumplió luego que en junio de 2021 la dictadura Ortega-Murillo desatara una casería contra liderazgos de la oposición nicaragüense; enjuiciados, aislados y en constante tortura han permanecido. Los familiares de las personas presas políticas en la Dirección de Auxilio Judicial, conocida como El nuevo Chipote, denuncian que “siguen estando en riesgo” y demandan el cese de “la política de tortura y exterminio”.
Durante la octava visita que el régimen permitió a las personas presas políticos en El Chipote, ocurrida entre el 10 y 12 de junio, sus familiares comprobaron que prevalece su deterioro físico y “un nivel insoportable de incomunicación entre ellos y con el mundo exterior”.
“Pudimos observar que todos están más delgados, pero no sabemos cuánto peso han perdido porque no les dicen”, indicaron en un comunicado leído en conferencia de prensa, este martes 14 de junio.
Ana Lucía Álvarez, defensora de derechos humanos y hermana de la presa política Tamara Dávila y sobrina de Ana Margarita Vijil, señaló que “hay una política de Estado generalizada de no atender médicamente a todas las personas presas políticas estén donde estén”, expresó.
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“Hubo gente durante este tiempo que tuvo que ser hospitalizada, hubo personas que fueron ingresadas a la Unidad de Cuidados Intensivos y cuya familia no recibió información, hay una persona ingresada también en el hospital desde hace meses, cuya familia tampoco tiene acceso a la información. Realmente es preocupante”, denunció Álvarez, tras destacar la negativa de acceso a la información de salud y sobre los procesos penales al que las familias tienen derecho a conocer.
“Todos esos padecimientos requieren atención especializada, requieren medicamentos especializados, requieren un seguimiento adecuado y el Estado de Nicaragua, ya que tiene bajo custodia en este momento a nuestros familiares tiene el deber y la responsabilidad de garantizar ese seguimiento adecuado y no lo está haciendo”, demandó Álvarez.
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