La violencia contra las mujeres, de cualquier tipo, es el resultado de un problema estructural. Tiene que ver con el poder, con el predominio de lo masculino sobre las mujeres y otros cuerpos feminizados; con los privilegios y los permisos sociales para ejercer violencia contra los cuerpos que se suponen inferiores o deficientes.
En las mujeres rurales el patriarcado predomina aún más, ya que la forma en la que socialmente conviven refuerza todo un engranaje de violencias.
En Nicaragua las mujeres se han organizado para defender sus derechos, las rurales lo han hecho desde diversas asociaciones, colectivos, cooperativas, movimientos. En 2006, agrupadas en la Coordinadora de Mujeres Rurales propusieron la Ley Creadora de un Fondo para compra de Tierra con Equidad de Género ante la Asamblea Nacional, la cual fue aprobada, pero en trece años el Estado no asigna fondos para su implementación.
“Las mujeres continuaron demandando la aplicación de esta ley” dijo a Agenda Propia una defensora de derechos humanos, a quien por seguridad llamaremos Estela.
El Estado, principal agresor
A Estela se le quiebra la voz cuando se le preguntan las demandas que hacían las rurales en las calles de Managua cada ocho de marzo. “Nos movilizábamos porque era una de las pocas formas que teníamos que posicionar nuestras demandas, demandas que nunca fueron cumplidas, obviamente este Estado es el primer agresor porque usa a las mujeres como bandera política, pero no les garantiza ni su autonomía, ni su desarrollo, y eso solo referido al acceso a la tierra, no hablemos de la violencia que vivimos las mujeres, es una violencia feroz” añade.
La violencia del Estado ha sido evidenciada y documentada. El Grupo Venancia, una organización feminista matagalpina ilegalizada por la dictadura, realizó en 2011 una investigación del Programa Productivo Hambre Cero, uno de los proyectos emblemáticos del régimen, donde encontraron “rasgos claramente clientelistas en la implementación y funcionamiento del PPA. Para hacer esta afirmación no sólo nos basamos en la preeminencia de las estructuras parapartidarias en el proceso de selección de las beneficiarias, sino que encontramos evidencia adicional. Por un lado, las mujeres ubican el PPA como un “regalo” y no como un “derecho”. Esto genera agradecimiento hacia Dios, el presidente y la compañera”.
Para Estela, el programa era clientelista, si la mujer no era militante del FSLN no era beneficiada, además “tiene grandes vacíos, en primer lugar, en el diseño mismo del programa, ya que dejan una carga desproporcionada de trabajo para las mujeres y hacen poco o nada para transformar el rol de los hombres, también es una clara evidencia de la falta de políticas públicas que promuevan el acceso a la tierra de las mujeres. La evidencia demuestra que este régimen debe dar una respuesta inmediata a este problema”.
Con la Ley 717 las condiciones están establecidas, agrega Estela, “pero se requiere su urgente aplicación. Un programa como Hambre Cero puede tener un impacto significativo sobre la vida de las mujeres rurales empobrecidas, solo si primero se garantiza su acceso a la tierra y a esta dictadura no le conviene dar ese paso” señala.
En ese contexto, las mujeres son todavía más vulnerables, y desde la crisis de 2018 no sólo están siendo víctimas de persecución o criminalización, también están siendo sumergidas a la pobreza extrema.
“Poner el acceso a la tierra para las mujeres en el centro de una discusión política en donde no hay condiciones para exigir nuestros derechos, es desafiante. Nos implica actuar juntas y diseñar estrategias colectivas para seguir resistiendo porque no podemos dejar de demandar que la distribución de la tierra sea justa y equitativa” apunta Estela.
La violencia hacia las mujeres se agudiza en lo rural
Cuando entrevistamos a Martha se encontraba en el patio de su casa, en una comarca del municipio de Posoltega. “Está haciendo mucho calor”, dice, guarda silencio y pide que ocultemos su nombre real, “me tienen vigilada y controlada” frunce la cara y agrega que “esa es una violencia que se nos agudiza a las mujeres que hemos estado organizadas en el campo” respira hondo y pide un vaso de agua para iniciar la entrevista.
Si bien la violencia afecta a todas las mujeres, las que pertenecen a comunidades son especialmente vulnerables. Marta dice que “actividades cotidianas como ir a buscar agua y leña, o volver a casa desde el mercado o la ciudad muy tarde, nos expone a diferentes riesgos, desde ser abusadas sexualmente o hasta ser secuestradas, que es un fenómeno que se está dando en esta zona” expresa.
Con la reforma a la Ley 779, la dictadura acabó con las Comisarías de la Mujer. En 2020, con el aumento de femicidios el régimen inició una jornada de “reinauguración” pero para Marta no sirve de nada ya que en los municipios y comunidades todas las estructuras políticas del FSLN ejercen conductas violentas que “se alimentan del sexismo, de la misoginia; de imaginarios sociales que colocan a los hombres como entes superiores a las mujeres. Es un problema estructural histórico, no es nuevo y eso también lo vemos cuando llega una muchacha víctima de violencia a la policía, lo primero que le dicen es: vos te lo buscaste porque te encanta provocar a los hombres”.
Las estadísticas disponibles del Instituto de Medicina Legal, adonde no llega ni la mitad de casos de violencia machista que ocurren en Nicaragua, dicen que en el 2020 de los 4,372 peritajes que allí se hicieron 3,800 se hizo a mujeres, 88% del total. La mayoría fueron niñas, adolescentes y jóvenes mientras que en 2021 aumentó el número de peritajes: fueron 4,941 y de nuevo 87% se hizo a mujeres. El resto, se hizo a niños y a adolescentes varones.
Estos peritajes incluyen delitos de abuso sexual, violaciones, maltrato, golpes, femicidios… La inmensa mayoría de agresores son hombres. Y una mayoría de agresores no fueron desconocidos: en las estadísticas aparecen parejas y ex-parejas, novios y ex-novios, familiares -primo, hermano, tío-, padrastros y padres… Desconocidos son solamente el 8% de agresores. Una prueba de que las niñas y las mujeres están en peligro en sus casas, sus barrios, en su vecindario.
La vida de las mujeres no es prioridad para el régimen
Marta reflexiona y dice que “en las comunidades ya dejamos de mirar a la policía y de exigirle respuestas consistentes porque asumimos que es cómplice, dan respuestas tardías, pero si sales con una bandera Azul y Blanco, te caen en manada, definitivamente la vida de las mujeres no es prioridad para el régimen”.
“La sociedad está alertada por los femicidios, en las redes sociales los condenan, los señalan como un grave problema. Pero la mayoría de la sociedad no logra ver la conexión, no hacen el vínculo entre los femicidios y las estructuras de violencia instaladas en la sociedad” agrega la líder comunitaria.
Ambas defensoras de derechos humanos están de acuerdo en que el movimiento de mujeres “no puede darse por vencido. Este retroceso institucional nos exige movilización ciudadana y alianzas entre los movimientos de mujeres. Cada persona tiene que poner algo de su parte para que esto cambie, para que las cosas cambien en Nicaragua, para que las mujeres rurales tengamos acceso a la tierra y vivamos libres de violencia” finalizan.
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Tamara Morales Orozco 