Régimen Ortega-Murillo intensifica persecución a ONG

Redacción AP

Este 17 de marzo la dictadura Ortega-Murillo logró que su nueva iniciativa de cancelación de 25 personerías jurídicas a igual cantidad de organizaciones sin fines de lucro, fuese aprobada con 74 votos a favor y 16 abstenciones de sus operadores políticos en la Asamblea Nacional.

Entre las nuevas organizaciones ilegalizadas se encuentran la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, Operación Sonrisa, Centro Humboldt, Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social, Grupo Cívico Ética y Transparencia, Colectivo de Mujeres 8 de Marzo y Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica, CEJUDHCAN, Asociación de Periodistas de Nicaragua, entre otras.

El diputado orteguista Filiberto Rodríguez argumentó en la iniciativa de ley que las organizaciones han violentado la Ley Contra el Lavado de Activos, el financiamiento al terrorismo y el financiamiento de armas de destrucción masiva, “promoviendo así la falta de transparencia en la administración de los fondos, desconociéndose la ejecución de los mismos y si fue acorde a los objetivos y fines por los cuales la Asamblea Nacional les otorgó la Personalidad Jurídica”.

Lejos lejos de cualquier investigación imparcial y apegada a derecho, la narrativa oficialista continúa exponiendo que “con las acciones señaladas, estas 25 Asociaciones / Fundaciones han obstaculizado el control y vigilancia del Departamento de Registro y Control de Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro que, a tal efecto, lleva el Ministerio de Gobernación”.

En el 2021, el régimen Ortega-Murillo ejecutó una intensa persecución contra las organizaciones no gubernamentales, tanto nacionales como internacionales, e ilegalizó al menos 57.

Todas las organizaciones ilegalizadas desde el estallido de la crisis social y política en abril 2018 habían sido aprobadas en su debido momento por el pleno de la Asamblea Nacional de Nicaragua y publicadas en La Gaceta, diario oficial, y por mucho tiempo operaron bajo la aprobación del Ministerio de Gobernación.

Organizaciones canceladas

1.- Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social

2.- Fundación Violeta Barrios de Chamorro para la Reconciliación y la Democracia Violeta Barrios de Chamorro

3.- Fundación Grupo Cívico Ética y Transparencia

4.- Asociación Voces Vitales Nicaragua – voces Vitales Nicaragua ó Voces

5.- Fundación Libertad o Fundación para la Libertad – FPL

6.. Fundación Ágora Parnerships – Ágora y lo Ágora Nicaragua

7.• Fundación para la Autonomía y Desarrollo de la Costa Atlántica de Nicaragua – FADCANIC

8.- Asociación Civil Emprendedores Juveniles de Nicaragua

9.- Asociación Club Harvard de Nicaragua

10.- Centro Alexander Von Humboldt para la Promoción del Desarrollo del Territorio y la Gestión del Ambiente – CENTRO HUMBOLDT

11.- Fundación para la Dignidad Humana Nicaragüense

12.- Club Social de Matagalpa

13.- Fundación Cruzada Ciudadana por la Democracia

14.. Fundación Kolping—Nicaragua – Obra Kolping o Kolping Nicaragua

15.- Fundación Instituto para la Observación para la Democracia y los Derechos Humanos

16.- Asociación Civil Colectivo de Mujeres 8 de Marzo

17,- Fundación Fondo de Becas de Exalumnos del Colegio Centroamérica – FOBECA

18.- Asociación Fondo de Desarrollo Local

19.- Asociación Foro de Mujeres de Nicaragua

20.- Asociación Operación Sonrisa Nicaragua • OSN

21.- Asociación de Periodistas de Nicaragua Dr. Pedro J. Chamorro Cardenal

22.- Asociación Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la costa Atlántica CEJUDHCAN

23.- Asociación Centro Cristiano de Derechos Humanos – CCDH

24.- Asociación Centro de Prevención de la Violencia – CEPREV

25.- Asociación Cívica Democrática Nicaragüense – ACDN

El Decreto señala que una vez aprobado por la Asamblea Nacional, el Ministerio de Gobernación procederá a la cancelación de las organizaciones en un plazo no mayor de 72 horas.  

Los bienes y acciones de las 25 organizaciones tendrán previa liquidación, si lo establece su acta constitutiva o estatutos, pero si “nada se hubiera dispuesto sobre ello, estos pasarán a ser propiedad del Estado».