Redacción AP
Pobladores de diferentes comunidades del municipio de San José de Cusmapa en el departamento de Madriz, se han plantado en el interior del oratorio Rafael María Fabretto para impedir sea ocupado, después que fue cancelada su personería jurídica por diputadas y diputados de la Asamblea Nacional, que opera al servicio del régimen Ortega-Murillo.
El oratorio funge como escuela y centro de ayuda a personas de escasos recursos, una obra social fundada por el religioso y que ha contribuido a la reducción de la pobreza ya que además de sus clases, niños y niñas reciben alimentos.
Hasta las diez de la mañana de este 11 de febrero, dos patrullas repletas de agentes policiales de la Dirección de Operaciones Especiales (DOE) se encontraban en las afueras del centro, mientras pobladores de comunidades rurales se habían sumado a la protesta.
Elmer Padilla, quien creció en el proyecto dijo que es una “injusticia la que se hizo con la obra del Padre Fabretto, más que verlo como institución, es ver el legado del mismo P. Fabretto. Todo cusmapeño debería tener dignidad y defender el legado que él nos dejó; no podemos ni debemos ser ajenos a ese Espíritu Fabretino”.
Meses antes de que la Fundación Fabretto fuera cancelada se entregó 96 paquetes con productos de limpieza a las escuelas públicas del departamento de Madriz, para mantener espacios limpios que eviten la propagación del COVID-19, la que fue recibida por la Cooperación Japonesa al Desarrollo, con la que el régimen rompió relaciones diplomáticas.
La Fundación Fabretto beneficiaba a unos 2.500 estudiantes de escuelas primarias y secundarias de las comunidades aledañas de Somoto, con clases de computación, biblioteca y huerto, un centro de estimulación temprana, un programa de seguridad alimentaria y nutrición, acompañado de un programa de educación temprana y primaria, educación técnica y vocacional, desarrollo comunitario y formación a padres y maestros. En los últimos años desarrollaban la Educación Secundaria Rural (SAT) y cooperativas estudiantiles.
Una obra social de magnitud histórica que el régimen Ortega-Murillo pretende borrar, está siendo defendida por la población más humilde de Madriz
Patricia Orozco 
Tamara Morales Orozco 
Cristhian Alvarenga 