Redacción AP
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó al Estado de Nicaragua a poner en libertad a las personas detenidas en el marco de la crisis desatada tras las manifestaciones de 2018, así como a garantizarles el debido proceso y el acceso a una defensa adecuada, en comunicación del pasado 31 de enero.
Al 31 de diciembre del 2021 unas 160 personas continuaban detenidas arbitrariamente por su participación en las protestas cívicas, según información del Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas de Nicaragua; de las personas mencionadas, 120 se encuentran en distintas cárceles del sistema penitenciario del país, 35 en la Dirección de Auxilio Policial conocida como El Chipote, tres en delegaciones municipales de la policía y dos en arresto domiciliar.
En las últimas semanas, desde el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI) la CIDH recibió información de las deplorables condiciones en las que se encuentran las personas detenidas en El Chipote.
“El pasado 4 de enero, familiares denunciaron públicamente la persistencia de tratos crueles e inhumanos; insalubridad en celdas; despojo de pertenencias; falta de acceso al agua potable; alimentación insuficiente e insalubre; falta de atención médica adecuada, oportuna y especializada, así como de medicamentos”, subrayó el organismo de derechos humanos.
Asimismo, les preocupa de manera especial, la situación de las privadas de libertad en El Chipote, quienes continúan siendo reprimidas por su liderazgo en el país, con medidas más severas de aislamiento prolongado, amenazas y contantes interrogatorios.
La CIDH recuerda que el encarcelamiento de las mujeres adquiere una dimensión propia que podría resultar en violaciones particulares a sus derechos, derivadas de su condición de género. Por tanto, insta al Estado a adoptar todas las medidas necesarias para que sus derechos sean realmente respetados, y a actuar con urgencia para prevenir y erradicar lasformas de violencia y discriminación en su contra.
Las personas detenidas en las cárceles del sistema penitenciario, también están bajo condiciones lamentables por el trato diferenciado que reciben, por ser opositoras. Les prohíben o limitan el ingreso de paquetería o alimentos, hay insalubridad en las celdas, así como malos tratos, les aplican arbitrariamente regímenes de máxima seguridad y falta de atención médica adecuada y oportuna.
Algunas tienen crítico estado de salud, entre ellas, líderes estudiantiles, que están en celdas de castigo o aislamiento. Según la Convención Americana, los Estados están obligados a brindar atención médica adecuada a las personas privadas de libertad, dado su deber de garantizar el derecho a la integridad personal. Por tanto, la CIDH exhorta a las autoridades a dar trato digno y acceso a una atención médica adecuada, alimentación nutritiva suficiente y condiciones salubres de detención, a las personas bajo su custodia.
Además, preocupa a la instancia internacional de derechos el trato a familiares de las personas presas, durante las visitas. Agentes policiales les intimidan, les hacen revisiones físicas exhaustivas que incluyen en algunos casos tocamientos con intención sexual, retiro de ropa, incluso la íntima. Persiste un clima de intimidación con el fin de desalentar las denuncias. Además, las y los familiares de las personas detenidas en el SNP están siendo víctimas de asedio y vigilancia permanente.
Persisten graves afectaciones para el acceso a la justicia y al derecho a la defensa por la restricción de acceso a expedientes a representantes legales, negativa de contacto con las personas presas, denegación de tramitación de recursos, hechos de hostigamiento y amenazas a abogadas y abogados defensores. Desde octubre de 2021 se suspendieron arbitrariamente los procesos judiciales de las personas detenidas en El Chipote, lo cual mantiene en zozobra tanto a las familias como a las personas privadas de su libertad.
Para finalizar, la CIDH reitera la demanda que el Estado libere a todas las personas detenidas arbitrariamente en el contexto de 2008, les garantice el debido proceso, el acceso a una defensa adecuada mediante el contacto regular e irrestricto de las personas con su representante legal y cese el hostigamiento.
Patricia Orozco 
Tamara Morales Orozco 
Cristhian Alvarenga 