Redacción Agenda Propia
Negación de aceptar la presencia de la pandemia de la COVID-19 en Nicaragua por el gobierno en los inicios de la misma en el país, en marzo de 2020, fue una de las características de la respuesta gubernamental a dicha pandemia, señala la investigación “Covid-19 y opacidad: la fórmula de la muerte en Nicaragua” del Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción presentada el pasado tres de diciembre.
Agrega dicho estudio que también faltaron medidas gubernamentales dirigidas a la población y hubo un constante deterioro de la transparencia.
Una de las conclusiones del Observatorio indica que “el Estado ocultó entre 6,000 y 9,000 muertes provocadas por la Covid-19, las cuales fueron registradas como otras patologías, según el análisis de sobremortalidad hechos por Confidencial, el Comité Científico Multidisciplinario, el Observatorio Ciudadano y FUNIDES”.
Lo anterior contradice lo manifestado por Ortega, quien afirmó haber recibido felicitaciones por la forma en que Nicaragua había atendido la pandemia.
La BBC de Londres dice por su parte que “el gobierno de Nicaragua va contra corriente. Es el único en América Latina que ha hecho lo contrario a lo que indican los expertos en salud y organizaciones internacionales para luchar contra la pandemia de covid-19”.
Quizás su afirmación tiene como base algunas de las acciones desarrolladas por la dictadura Ortega-Murillo, como mantener abiertos los colegios, negarse a un confinamiento para no destruir la economía, celebrar ferias de cualquier índole en los parques y otros sitios municipales, “mientras el discurso gubernamental permitía y celebraba que la niñez recibiera a turistas en los puertos”.
A juicio del grupo de investigadores, la actuación gubernamental incidió para que muchas personas no hayan tomado el virus con la seriedad debida y por ende se produjera mayor número de fallecimientos.
Otras personas, con un poco de información, optaron por una cuarentena voluntaria.
El avance de la pandemia en el país tiene dos fuentes: las cifras oficiales que brinda lacónicamente el Ministerio de Salud, MINSA, y que en 2020 las ofrecía los días martes de cada semana y las del Observatorio Ciudadano COVID-19, un equipo interdisciplinario con información proporcionada por organizaciones, redes y ciudadanía en general, que busca contribuir a llenar el vacío de información sobre la situación del COVID-19 en el país.
No está demás decir que los datos del MINSA y del Observatorio Ciudadano son disímiles.
Mientras el MINSA habla de 5,947 contagios, el Observatorio Ciudadano informó que ocurrieron 31,224 contagios. En las cifras oficiales se denota un subregistro porque muchos contagios fueron asintomáticos o no se reportaron como COVID.
El Observatorio Ciudadano reporta 5,945 muertes sospechosas de Covid-19, “1.7 veces más casos y 28 veces más decesos que el Minsa” señala el informe.
Por considerarlo de interés, compartimos un gráfico del Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción referido a la incidencia del COVID en el país:
El informe manifiesta también que con lo mencionado por el MINSA “es imposible hacer un mapeo sobre la incidencia del virus, conocer por género y edades la población más afectada. No se dispone información sobre el impacto hospitalario de la pandemia que indique el ritmo de hospitalizaciones, pacientes graves, la demanda de ventiladores. Tampoco hay información sobre las secuelas del virus en los sobrevivientes y a lo sumo algunos de ellos eran usados por la televisión oficialista para mostrar a pacientes agradecidos con el “comandante y la compañera”.
Un integrante del Observatorio recordó que Nicaragua tiene las estadísticas más cuestionadas de la región; que “las muertes pueden ser superiores a las cifras que reporta el MINSA. Eso hace que no se tenga públicamente datos que ayuden a dimensionar el impacto en Nicaragua. Las estadísticas sobre contagios y muertes no son claras tampoco. Se usa lenguaje confuso y ambiguo. Cuando las autoridades ofrecen sus conferencias de prensa, dicen que hay “casos en seguimiento responsable y cuidadoso”.
Un experto consultado para dicho estudio manifiesta que se finalizó 2020 con más de 9,000 decesos. Luego el MINSA limitó la información y en 2021 ya no hay datos. Dicha institución inició una “persecución hacia los médicos y periodistas, a quienes acusan de promover un “terrorismo pandémico”. Desde 2018, los especialistas críticos del gobierno han sido despedidos y algunos se han visto obligados a dejar el país y buscar seguridad en el exilio.
Muchos familiares de las personas fallecidas han declarado que sus parientes estaban siendo clasificadas en las actas de defunción como muertas por neumonía, infarto, diabetes e hipertensión. Esto es solo una muestra del ocultamiento de información, el 35% de contagios fue escondido.
El índice de pruebas de PCR es nulo en Nicaragua, la misma está centralizada en el MINSA, se aplica solo a quienes desean viajar fuera del país, con un costo de 150 dólares, y quienes no se la hacen se quedan en el país. Tampoco “se realizan pruebas rápidas no serológicas, que son más económicas y de mayor acceso a la población, para buscar infecciones”. Se desconocen los ingresos que ha percibido el MINSA por el pago de las pruebas, una especie de impuesto para poder salir del país.
En el informe de ejecución presupuestaria del Ministerio de Hacienda, se señala que los pagos suman 424, 672.02 córdobas (12 mil dólares) entre enero y septiembre de 2021. Según el dato, se han realizado 80 pruebas en lo que va del año; once por mes, “cuando los mismos ciudadanos desde enero pasado denunciaron grandes aglomeraciones para poder practicarse las pruebas. La falta de transparencia con estos ingresos es solo una muestra de todo un sistema caracterizado por no rendir cuentas y administrarse en la oscuridad”.
Se desconoce el registro de hospitalizaciones, dice el estudio, aunque también se afirma que personal médico de hospitales públicos y privados confirmaron el colapso de salas de COVID-19 y de Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) entre mayo y julio 2020, y entre julio y septiembre de 2021.
Si bien Nicaragua reportó a la OMS en noviembre de 2021 la circulación de las cuatro variantes del SAR-CoV-2, que provocan la Covid-19, lo hizo con seis meses de retraso. El MINSA tampoco comunicó al país la incidencia de las variantes, ni cuál predomina. “La política secretista del Estado en todo su esplendor”.
Rezago en las vacunaciones
Durante varios meses el país mostró el más bajo índice en la vacunación en comparación con otros países de Centroamérica.
No obstante el Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción registra que en el mes de noviembre -período de campaña electoral- la vacunación se amplió. Se aplicó a nivel domiciliar, tal que el país pasó de 7% a 32% de personas vacunadas, es decir, se quintuplicó la cifra.
Pero más de cien mil nicaragüenses -incluyendo adolescentes y personas adultas mayores- desde septiembre 2021 habían buscado en Honduras la vacuna contra la COVID-19. El gobierno de ese país autorizó puestos de vacunación, cuando en Nicaragua se vivió la ola de covid-19 más agresiva.
Muchas personas cruzaron la frontera de forma ilegal.
“Hasta mediados de octubre, las opciones de vacunación en Nicaragua eran limitadas. El gobierno compró 3.6 millones de dosis de Sputnik Light, que solo requieren una dosis, y dispuso que los menores de 30 años, el grupo que no había sido priorizado, serían inmunizados con esa vacuna”.
El repudio fue inmediato, esta vacuna no está aprobada por la OMS.
“Asimismo, se anunció la llegada de siete millones de dosis de las vacunas cubanas Soberana 02 y Abdala, que tampoco están aprobadas porque siguen en fase de estudio en la población pediátrica”. Hay poca información de estas vacunas. El MINSA no explica ni riesgos ni su estado de desarrollo. Pero se obliga a pares y madres a firmar un “consentimiento informado”, con el cual el Estado se absuelve de responsabilidad por los efectos secundarios que puedan provocar, aunque éste no puede eximirse y la ciudadanía no debe renunciar a su derecho constitucional a la salud.
“La vacunación en el país se ha desarrollado bajo la misma opacidad con la cual las autoridades nacionales han respondido a la pandemia”. El MINSA no da a conocer el plan de vacunación. Solo publicó en medios oficialistas, en enero de 2021, un plan de compra de 7.4 millones de dosis con las que se inmunizaría a 3.7 millones de nicaragüenses, 55% de la población.
En el primer semestre de 2021, “Nicaragua dependió casi en su totalidad de las donaciones que recibió a través del Mecanismo de Acceso Mundial a las Vacunas COVID-19 (Mecanismo COVAX)”.
Así como de una donación de 200 000 dosis de vacunas Covishield del Gobierno de India.
La única compra fue con Rusia, con la Sputnik V, que era usada en pocos países y no está incluida entre las aprobadas por la OMS, la Agencia Europea de Medicamentos o Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos. Esta compra fue de 1.9 millones de dosis.
“Las vacunas prometidas por el Mecanismo Covax se retrasaron por la decisión de la India de suspender la exportación de vacunas”.
La limitación de vacunas detonó que Nicaragua quedara en la cola de la vacunación de todo el continente. “Hasta el cinco de noviembre, que la OPS publicó la última actualización sobre la vacunación en el país, se alcanzó una cobertura completa del 7.38% en la población, la segunda más baja de América”.
La política marcó la vacunación. Agradecimientos a los representantes máximos del régimen “dibujaron un sistema público que rinde culto a la personalidad” por encima de la salud y bienestar de la ciudadanía.
“En Nicaragua todo es opaco, lamentablemente es que el factor de discrecionalidad que, es necesario a veces, se ha convertido en arbitrariedad. No se está publicando la información presupuestaria necesaria ni la relacionada a las adquisiciones que se están realizando en el contexto de la pandemia”, explicó un experto consultado que pidió el anonimato, explica el informe.
Destaca entre las conclusiones del estudio que “el impacto real de la Covid-19 en Nicaragua es opaco”. Las estadísticas del MINSA son escasas, confusas y cuestionadas por la comunidad médica nacional y también por la OPS, que en reiteradas ocasiones ha dicho que la información “no permite hacer un análisis adecuado a la situación” del país.
Deudas del Estado
A veinte meses del inicio de la COVID-19 en Nicaragua, una de las deudas del Estado sigue siendo “la transparencia de la administración de fondos recibidos para combatir la enfermedad desde el exterior y también sobre los recursos que se han generado a nivel interno”.
La no transparencia gubernamental se evidencia en que se conocen los montos aprobados por el Banco Mundial (BM), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Fondo Monetario Internacional BID), en quienes descansó la emergencia sanitaria, no así los desembolsos ni su ejecución.
El FMI entregó 2,642 millones de córdobas en un programa sanitario y el Banco Mundial 197 millones de córdobas. “Lo único comprobable es la ejecución que el Estado ha realizado: del BCIE no gastan aún 228.3 millones de córdobas, del FMI solo han gastado 78.4 millones de córdobas, del BID en cambio se han invertido 74.2 millones de córdobas de 287.3 millones de córdobas”.
El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por su parte, apoyó con fondos para la vacunación. Hizo cuatro créditos por 252.7 millones de córdobas.
Lo mismo se observa con las donaciones. Por ejemplo, Taiwán dio recursos por 139.2 millones de córdobas entre enero y septiembre de 2021, de los cuales no han ejecutado 97.6 millones.
La falta de eficiencia administrativa es una de las razones que el Observatorio señala ante la incapacidad de ejecutar los fondos. Los organismos internacionales no han respondido a la falta de transparencia ni de la supervisión que realizan. Por el contrario, según el informe “la información publicada por el gobierno a cuenta gotas se debe a que los organismos financieros internacionales les pusieron condiciones para desembolsar los préstamos”.
Compartimos otro gráfico del Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción relacionado con los recursos destinados para atender la pandemia, provenientes de donaciones y de préstamos:
El régimen Ortega–Murillo recibió 185.483.150.000 dólares de préstamos para atender la pandemia, pero enfrenta una sub ejecución del 88 por ciento.
El estudio también concluye que la ineficiencia estatal explica los bajos niveles de ejecución presupuestaria en detrimento de los intereses de la ciudadanía; y no se tiene toda la información sobre los contratos Covid-19, de los cuales se conoce una parte debido a presiones de los organismos internacionales a Nicaragua que reveló algunos detalles para acceder a créditos.
Asimismo señala que la crisis de la Covid-19 mostró las debilidades estructurales del sistema de salud nicaragüense, pero también del régimen político gobernante caracterizado por su autoridad, secretismo, violaciones graves de derechos humanos que han causado una grave crisis humanitaria, una de las más destacables de la región.
El Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción está integrado por siete organizaciones no gubernamentales que han funcionado de manera conjunta desde 2017, con objetivos comunes e independientes del gobierno y consideran que la pandemia desnudó al sistema de salud nicaragüense, aunque Ortega en la etapa de negación gubernamental, dijo que no se iban a tomar medidas de confinamiento.
Cristhian Alvarenga 
Daniel Rodríguez Moya 
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