Pensiones

Las trampas del régimen sandinista

Luego del estallido social de 2018, el gobierno de Daniel Ortega se vio obligado a derogar unas reformas a la Seguridad Social que afectaban a miles de pensionados y que fueron la principal chispa del descontento popular. Pero a cinco años de las manifestaciones y la sangrienta represión del régimen, este se ha salido con la suya. De forma discrecional, implementa medidas que hoy perjudican a los adultos mayores de Nicaragua.

Colaboración con investigación de José Cardoza y Javier Bermúdez para Primer Orden y Connectas

A pesar de haberse jubilado hace más de una década, a sus 71 años Agustín tuvo que volver a laborar para poder subsistir. “Tengo este empleo, en una fábrica de Nueva York, desde hace poco”, relata mientras se alista para cubrir una jornada nocturna de siete horas. “Mi turno es de nueve de la noche a cuatro de la mañana. Es muy duro y pesado. El trabajo consiste en empacar galletas. Hay una mesa donde se ponen las bandejas que han salido de los hornos y se empacan en su container”, relata.

Agustín llegó a Estados Unidos en febrero de 2023. Sin pensión, a pesar de tener más de los 60 años que exige la ley para pensionarse en Nicaragua, su país natal. En 2018, ya siendo adulto mayor, tuvo que luchar por sus derechos pensionales, junto con cientos de personas que se manifestaron en contra de unas medidas gubernamentales que afectaban fuertemente a los pensionados. La situación se complicó tanto que desencadenó la más grave crisis política y social en la historia reciente de Nicaragua.

Agustín se enfrentó a la represión del régimen. Y, junto a miles de manifestantes,
ganó la batalla contra las medidas propuestas por el sandinismo. Sin embargo, fue
encarcelado y expulsado de su propio país, por el régimen de Daniel Ortega. Como varias personas entrevistadas para esta investigación periodística, pide que se le resguarde su identidad porque el gobierno de su país lleva a cabo persecuciones contra toda persona que exprese opiniones en su contra.

Todo comenzó el 16 de abril de 2018, cuando el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), entidad encargada de las cotizaciones y pensiones por jubilación, aprobó una reforma a la Ley de Seguridad Social que dos días después fue publicada en La Gaceta, Diario Oficial. Con dicha ley se buscaba reducir la asfixia económica de la institución —representada en unos 2,376.8 millones de córdobas o 77 millones de dólares al cambio oficial de 2017—, sin estimar las consecuencias para la población de adultos mayores.

Entre las medidas se contemplaba un aumento a los aportes del empleador —que pasaría de 19 a 22.5%— y de los trabajadores —de 6.25% a 7%—. No obstante, lo que generó mayor descontento en la población fue la intención de reducir 5% las pensiones y cambiar la fórmula de cálculo para los nuevos pensionados.

Estas acciones desataron grandes manifestaciones que iniciaron en las ciudades de Managua y León. Posteriormente, se extendieron en todo el país. “Lo de las pensiones fue la chispa donde todos los pensionados no estuvimos de acuerdo. Cuando comenzaron a golpear a los jubilados, el pueblo se volcó a apoyar a los viejitos”, cuenta Agustín. 

El caso más emblemático ocurrió en León, donde los adultos mayores fueron agredidos por simpatizantes del Frente Sandinista de Liberación Nacional, el partido del gobierno. La represión dejó alrededor de 355 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Félix participó desde las primeras manifestaciones. Tiene 73 años y recuerda que había grupos de simpatizantes del partido oficialista que agredían a los adultos mayores que salieron a las calles a manifestarse. “Fue triste ver que delante de mí estaban golpeando a mis amigos que protestaban”, relata.

Al régimen sandinista le importó poco la edad avanzada de muchos manifestantes para enviarlos a prisión. Por ello, decenas de ellos llegaron a las cárceles de Nicaragua en calidad de presos políticos. Según el Mecanismo para el Seguimiento de las Personas Presas Políticas, de los 235 reos de conciencia que había en las cárceles de Nicaragua hasta enero de 2023, la mayoría tenían menos de 40 años de edad. Sin embargo, entre ellos había 40 adultos mayores.

Debido a las protestas, el régimen sandinista se retractó y derogó la reforma de 2018. Sin embargo, en enero de 2019, luego que el régimen había logrado reprimir las protestas y recrudecer la represión, presentó, con carácter de urgencia, un nuevo combo de reformas a la Seguridad Social, que significan mayor peso para la empresa privada y la clase trabajadora formal. Asimismo, retomó de forma discrecional otros elementos de la reforma derogada y los presentó bajo el argumento de “garantizar a los asegurados y sus beneficiarios una protección integral en salud y dotarlos de medios de subsistencia en casos de acaecerles las contingencias de invalidez, vejez, maternidad, enfermedad ocupacional o accidente laboral”. 

En el caso de los pensionados, se aplica una serie de medidas adicionales que, en cierta parte, no estaban contempladas en la propuesta de reforma anterior. Debido a ello, quienes se pensionan después de 2019 perciben menos del 30% de lo que reciben quienes se pensionaron antes de ese año. Por ello, si desean mejorar un poco sus ingresos de jubilación, muchos deben trabajar más allá de los 60 años. No obstante, debido a la represión desatada en 2018, con las nuevas medidas no hubo manifestaciones sociales.

Reducción de beneficios

Luego de luchar por mejores condiciones en 2018, la atención a los jubilados se ha deteriorado más, se queja Ángela. A cinco años del estallido social, considera que su situación está peor que antes, ya que no puede trabajar y la pensión no le alcanza. Tampoco recibe los medicamentos completos que necesita para atender sus enfermedades crónicas, eso sin contar que la atención médica es muy deficiente. “La doctora que me estaba atendiendo solo recibió un curso de tres meses para atender jubilados. Me dijo que creía que yo ni tenía diabetes”, acusa.

El régimen también ordenó el cierre de miles de organizaciones de la sociedad civil. Antes de eso, Ángela completaba sus gastos a través de la formulación, gestión y ejecución de algunos proyectos. Ahora vende leche de soya, alimentos y cose prendas, como delantales. 

Sin una atención de calidad, la situación de las personas adultas mayores se deteriora mucho, explica Leonel Argüello, fundador del Ministerio de Salud de Nicaragua y médico especialista en epidemiología. Para él, “la atención médica de calidad no solamente es un respeto a la población, sino una exigencia desde el punto de vista de derechos humanos y una responsabilidad del Estado. Es fundamental, porque si no hay calidad no están resolviendo el problema de salud”.

Desde 2019, los 119,276 adultos mayores que reciben una pensión completa del INSS han visto otras reducciones significativas y paulatinas en beneficios, como medicamentos, reajuste de las pensiones y material auxiliar, tales como sillas de ruedas y bastones. Todo, según la versión del régimen, para mejorar sus condiciones de vida y salud. Pero, como explica el economista Marco Aurelio Peña, “ni la reducción de la tasa de deslizamiento ni los ajustes nominales a la jubilación solucionan el problema”.

Un caso es el de Margarita Flores, quien padece diabetes y tuvo que dejar de adquirir artículos personales, así como los alimentos especiales que necesita para balancear su dieta, debido a que requiere comprar medicinas para ella y su mamá. “Todo gasto de medicamentos se cubría reduciendo la comida. En los últimos años se redujeron un montón de beneficios, como los pañales”, relata.

A sus 66 años, sufre dolores crónicos provocados por artrosis y cuida en soledad a su madre de 95 años, que se encuentra en un estado permanente de semiinconsciencia. A este calvario se le suman noches completas “en vela”, alternando entre el cuido a su mamá y ver televisión, por el insomnio que le provoca la falta de medicamentos para dormir.

En otra situación delicada están quienes requieren medios auxiliares, como prótesis, sillas de ruedas, muletas, bastones, audífonos y andariveles, porque el INSS los ha venido desabasteciendo desde 2016. Ese año entregó más de 4,500. No obstante, para 2021, apenas dio 121, entre una población de 119,276 jubilados que cuentan con pensión completa.

Otro de los afectados es Ignacio, de 68 años. Para resolver su movilidad, usa un viejo bastón con el que puede dar pasos inseguros. “Yo necesitaba un andarivel y pasé consulta con un ortopedista. Pero desde febrero de 2018 dejaron de dar pamper, muletas y sillas de ruedas. No me dieron nada”, afirma.

Frente a este escenario, la gran interrogante que surge es cómo están haciendo los adultos mayores para sufragar sus gastos debido al incremento de los costos de vida y las bajas pensiones. 

El economista nicaragüense Marco Peña encuentra que muchas familias están sumando los ingresos de todos sus miembros, incluyendo la pensión del adulto mayor, para solventar los gastos. Pero “hay familias —asegura— donde la pensión del jubilado es el principal ingreso. Entonces tienen que ajustar sus compras a ello, y como [el ingreso] es bajo, el nivel de consumo tiene que ajustarse también”.

Sergio es un adulto mayor de 64 años. Nació en la Costa Caribe Norte de Nicaragua y se jubiló antes de las reformas de 2018 y 2019. Asegura que, en los últimos años, con lo que gana de su pensión compra menos comida. “La carne sube cada semana. Es un lujo comer carne”, dice.

Para sufragar los gastos de su hogar, Sergio “se ayuda” con lo que gana su esposa, quien también es adulta mayor. “No puedo cubrir todos mis gastos de la canasta básica, porque todo ha subido. Tengo que recurrir a que mi señora trabaje para enfrentar entre ambos la situación”, confiesa con un gesto de preocupación y de frustración.

A criterio del médico epidemiólogo Leonel Argüello, algunos adultos mayores pueden continuar laborando, pero no en jornadas muy fuertes. “Los que tienen buena salud pueden seguir trabajando, siempre y cuando el trabajo sea adecuado a su edad”, advierte.

La profesora Sandra es una de las más de siete mil personas que se jubilaron con pensión en el INSS en 2020 y que, debido a la reforma de 2019, obtuvieron una pensión mucho menor. Se jubiló en julio de 2022, tres años después de la reforma de 2019 y cuenta que su pensión. A pesar de ser completa, es muy diferente a la que devenga su papá. 

Debido a la disminución del monto de las pensiones a nuevos jubilados, Sandra se ve obligada a trabajar en su propio hogar. Por eso, se levanta diariamente a las cuatro de la mañana para atender a su nieta de cuatro meses. Cuidar a la bebé ha sido la salvación para generar un ingreso adicional a su pensión y ajustar para los medicamentos de su padre, que tiene 83 años. 

“Mi hija me mantiene y lo que me dan en el INSS es para completar algunos gastos, porque ya en la semana o a los quince días no hay nada y hay que estar completando con el resto de la familia”, relata Sandra. Dice que, después de trabajar tantos años, “es triste” ganar muy poco en la pensión.

Un futuro aún peor

El sistema laboral nicaragüense tiene otra debilidad: la brecha entre hombres y mujeres en niveles de ocupación y salariales. Aunque la población de adultos mayores mostraba hasta 2021 una mayor cantidad de mujeres (54.02%) que de hombres (45.98%), existe una diferencia opuesta entre la cantidad de pensiones que reciben. En 2021, último año en que se publicó el anuario estadístico del INSS, un 58.58% de los pensionados (en pensión reducida y completa) eran hombres.

La socióloga María Teresa Blandón expresa que esa diferencia representa un problema estructural en el sistema social y económico de Nicaragua. Según su análisis, esto “significa que los hombres han sido mayoría en el trabajo remunerado y las mujeres lo han sido en el trabajo no remunerado. ¿Qué es lo que pasa? Que históricamente al trabajo que hacen las mujeres no se le reconoce valor social y, como no se le reconoce valor social, no se les paga o se les paga muy mal”.

El más grave problema en el país, sin embargo, es que el 67.43% de la población adulta mayor ni siquiera cuenta con una pensión, según datos de 2021 del Instituto Nacional de Información de Desarrollo (INIDE) y el INSS, que son los últimos de los que se tiene registro. Hasta ese año solo un 32.57% de la población mayor de 60 años era pensionada.

Además, de los 570,864 adultos mayores que se registraron en ese año, solamente 20.89% contaba con una pensión completa, la cual les daba acceso a servicios de salud y medios auxiliares como bastones, andariveles, pañales, entre otros. Quienes cuentan con pensión reducida, que es el 35.84% del total de pensionados y el 11.67% del total de la población adulta mayor, no tienen acceso a dichos medios auxiliares ni a recibir atención médica por el INSS, sino que deben acudir al sistema sanitario administrado por el Ministerio de Salud.

El futuro se ve incluso más complicado, porque la Ley de Seguridad Social establece que cada año las pensiones deberían incrementar su monto según la tasa de deslizamiento del córdoba frente al dólar, es decir, el porcentaje que el Estado establece que el córdoba pierda de valor frente al dólar anualmente. Hasta 2019, este reajuste anual era de 5%, aunque ha venido disminuyendo año con año. En 2023, fue de 1%. Sin embargo, para 2024 será de cero por ciento anual, según anunció el Banco Central de Nicaragua el 9 de agosto de 2023, lo que implica que a partir de ese año no habrá reajuste anual para las pensiones.

La medida tampoco ha sido muy beneficiosa porque “el aumento de los precios va por un lado y el ajuste de la pensión va por otro. Por ejemplo, este año (2023), que el reajuste es de 1%, el Banco Central prevé un incremento de precios de 7%”, concluye el economista nicaragüense Enrique Sáenz.

Debido a ese escenario tan complejo, muchos adultos mayores han tenido que irse del país y es probable que más personas también lo hagan, para resguardar su integridad, reiniciar su vida y trabajar, a pesar de ya estar en edad de jubilación. Agustín, por su parte, sueña con regresar… cuando existan las condiciones. “No perdemos la esperanza de volver a nuestra patria. Es verdad que nos quitaron nuestra ciudadanía, pero nunca vamos a dejar de ser nicaragüenses. Algún día vamos a regresar”.

Equipo que participa

Javier Bermúdez Barrera – Reportería 

José Antonio Cardoza – Reportería y podcast 

Manuel Pérez – Ilustraciones

Equipo CONNECTAS

Acompañamiento editorial y Multimedia

Algunos colegas que formaron parte de la producción de este trabajo periodístico optaron por omitir sus nombres por temor a represalias del gobierno nicaragüenses.