Cacería contra de organizaciones civiles en El Salvador

 

Momentos en que funcionarios dela Fiscalía General de la República de El Salvador junto a la Policía Nacional allana instalaciones de Las Mélidas

Redacción AP

Una Unidad Especializada de Delitos de Corrupción de la Fiscalía General de la República acompañada de la Policía Nacional Civil de El Salvador, allanó las instalaciones de Las Mélidas, una organización feminista sin fines de lucro que trabaja en la defensa de los derechos de las mujeres.

En su cuenta de Twitter Las Mélidas denunciaron que esta acción «es un atentado a nuestra institución, un acto cobarde para opacar nuestro accionar».

 

Hacemos del conocimiento público que hemos sido allanadas, que no tenemos nada que ocultar. Nuestro único delito es defender los derechos humanos de las mujeres. #TodasSomosMelidas

— Las Mélidas (@Las_Melidas) November 22, 2021


La Red Salvadoreña de Defensoras de Derechos Humanos – una red que pretende articular esfuerzos en la búsqueda de protección para las defensoras de derechos humanos -, hizo eco a la denuncia y señaló que el gobierno de Nayib Bukele persigue y criminaliza a las defensoras de derechos humanos de las mujeres.

Este allanamiento se da en el contexto de acoso gubernamental en contra de las organizaciones de sociedad civil y propuesta de ley que criminaliza su labor.

— Red Salvadoreña de Defensoras de DDHH (@rdefensoras) November 22, 2021


Por su parte la Fiscalía General de la República de El Salvador a través de un tuit manifestó que realizaron allanamientos en 8 inmuebles de 7 organizaciones civiles ubicadas en San Salvador, La Libertad y Santa Ana a solicitud del juzgado Primero de Paz de San Salvador, a fin de obtener documentación sobre su financiamiento. Las organizaciones han sido señaladas por presunto delito de peculado.

#ContraLaImpunidad I Este día, la @FGR_SV en conjunto con la @PNCSV están ejecutando 7 allanamientos en 8 diferentes lugares, como resultado del aviso interpuesto por la Comisión Especial de la @AsambleaSV que investigó los fondos destinados a las ONGs. pic.twitter.com/05ihPx8MUW

— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) November 22, 2021

El Salvador busca la aprobación de la Ley de Agentes Extranjeros que según organizaciones salvadoreñas e internacionales, es una vía para restringir la defensa de los derechos humanos y el periodismo independiente, ley muy parecida a la nicaragüense que bajo el mismo nombre ha servido para encarcelar a opositores y cerrar organizaciones en Nicaragua.


Con la aprobación del anteproyecto – enviado desde la presidencia -,  las organizaciones civiles y los medios de comunicación que reciben fondos de cooperación extranjera pagarán un impuesto del 40% por las donaciones que reciban. Si se incumple con la ley, se exponen a infracciones o penas de dos hasta los cinco años de prisión.

Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), del Comité de Protección a Periodistas (CPJ) y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), entre otras, rechazaron la iniciativa que el gobierno de El Salvador justifica diciendo que servirá para impedir la injerencia internacional en asuntos políticos internos.

En Nicaragua, en 2008, con Daniel Ortega ya en poder, la juez II de Distrito de Audiencia de lo Penal, María Concepción Ugarte, emitió una orden de allanamiento contra seis organizaciones no gubernamentales, acción ejecutada por la Fiscalía General de la República de Nicaragua y la policía. Las organizaciones afectadas fueron el Centro de Investigaciones de la Comunicación (CINCO), el Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM), Oxfam Gran Bretaña, la Coordinadora Civil, el Grupo Venancia y la Red de Mujeres de Matagalpa a las cuales les secuestraron toda la documentación administrativa y los libros contables.

Más agresiones contra defensores de derechos humanos en ES

El pasado 12 de octubre de 2021, personas defensoras de DDHH de la Asociación Colectivo Alejandría, Servicio Social Pasionista y Cristosal de El Salvador, fueron tratadas de forma agresiva por un empleado armado del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública cuando integrantes de la asociación se disponían ingresar para presentar solicitud de nulidad al nombramiento de Giovanni González como Director de Atención a Víctimas por no cumplir el perfil idóneo.

El funcionario armado amenazó, de manera prepotente, con demandar a los periodistas que realizaban su labor de cobertura. Personas expertas en desplazamiento forzado interno han coincidido en que la hoja de vida de González no justifica su nombramiento en un puesto tan sensible al frente de una oficina que trabaja en resguardar a víctimas y sobrevivientes de la violencia.

Expertas en desplazamiento forzado coinciden en que la hoja de vida de González no justifica su nombramiento en un puesto tan sensible al frente de una oficina que trabaja en resguardar a víctimas y sobrevivientes de la violencia.