Salomón Manzanares Calero
El 28 de noviembre de 2023 la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Panamá declaró inconstitucional el contrato entre el Estado y Minera Panamá, después que masivas protestas paralizaran el país canalero.
Casi un semestre después de la resolución judicial, la ciudadanía busca respuestas de lo que está sucediendo en la mina Minera Panamá, filial de First Quantum Minerals en Donoso, provincia de Colón, Panamá.
Ante incumplimientos a lo dictado por la CSJ, las instituciones Cáritas y la Red Eclesial Ecológica Mesoamericana (Remam) de Panamá, han manifestado inconformidades contra la empresa.
Maribel Jaén, directora de Cáritas Panamá y Clara Meza, coordinadora de la Remam Panamá, indican que la «policía minera» no permite que la población se movilice libremente como lo hacían hace medio siglo, en los alrededores de la comarca Ngäbe, donde se ubica la mina central.
Señalan que los habitantes «son hermanos que se sienten prisioneros en su propio país, sin culpa. Es una humillación, además de una ilegalidad», por lo que llaman al Gobierno para que contribuya al respeto de los Derechos Humanos de los habitantes de la zona minera, mismo que se señala en la Constitución de la República.
Las instituciones denuncian que en 2023, seis niños menores de dos años murieron por causas no aclaradas por las autoridades médicas. También demandan una investigación exacta para conocer las afectaciones a otros niños enfermos, “no sabemos todavía si es por contaminación minera”.
En el comunicado dejan claro que el país canalero tiene muchos recursos de los cuales la población puede sobrevivir, y que su explotación no afecta el ambiente ni los derechos de la ciudadanía.
El presidente recientemente electo en Panamá José Luis Mulino y su gabinete, tiene la tarea de respetar la institucionalidad, el bien común y la democracia en el país.
Foto: www.critica.com.pa
Tamara Morales Orozco