La situación de las organizaciones de personas trans en Nicaragua es compleja y refleja una realidad llena de desafíos y luchas por la visibilidad y los derechos. Esta semana la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo canceló la personería jurídica de 1,500 Organizaciones Sin Fines de Lucro, la 1162 ilegalizada fue la Asociación Nicaragüense de Transgéneros, ANIT, conocida en el colectivo de personas LGBTIQ+.
Desde hace varias décadas ANIT jugó un rol importante en la defensa de los derechos humanos de las personas trans, desde el acompañamiento en la defensa de sus derechos humanos hasta en la prevención del VIH-Sida en varios municipios de Nicaragua.
Pese a que muchas naciones de América Latina han visto un creciente movimiento a favor de los derechos humanos de las personas trans, propulsado por la visibilidad en los medios, la educación y la defensa de leyes más inclusivas, en Nicaragua, estas organizaciones han luchado contra un entorno adverso que limitaba su capacidad de operar y brindar acompañamiento a este grupo poblacional en vulnerabilidad social.
Ludwika Vega, Presidenta de la Asociación Nicaraguense de Transgeneros dijo a Agenda Propia que “desde que nos cancelaron las cuentas bancarias de la organización, desde que no podíamos hacer actividades ni recibir fondos, vimos que ya estábamos bloqueadas. Para nosotros es lamentable porque esto es un retroceso para las personas trans”.
Sin un marco legal que proteja sus derechos, muchas personas trans se ven obligadas a vivir en la clandestinidad, lo que se deteriora aún más con la prohibición de organizaciones sociales como ANIT, que desarrollaba un programa de defensoría de derechos humanos para las personas trans en Nicaragua.
La cancelación de la personería jurídica de ANIT afecta todo este proceso ya que “las víctimas de violencia aún siguen, he reportado casos de compañeras que son víctimas de violencia basada en género por las parejas, las familias, la discriminación en las instituciones y en los lugares de trabajo, y estos casos no se están visibilizando” expresó Vega.
Mientras que en otros lugares de la región han surgido diversas organizaciones que brindan apoyo, visibilidad y recursos a la comunidad trans, en Nicaragua este fenómeno ha sido debilitado por la represión política y social.
Nicaragua, “sin organizaciones trans visibles y operativas, representa un vacío en la lucha por los derechos humanos” dijo una activista trans de León mientras que Ludwika Vega dijo que “después de 2018, ya no podíamos trabajar, no hay ninguna organización trans, no hay nada” concluyó.
Patricia Orozco 
Tamara Morales Orozco 