Alejandra es una mujer de 40 años. Tuvo su primera interrupción a los 25. “Estaba saliendo con alguien, hubo un fallo en el conteo y quedé embarazada. Lo primero que hice cuando noté el retraso, fue buscar a una de mis mejores amigas… me acompañó desde el primer momento, incluso me facilitó económicamente los medios”, relata Alejandra, quien a la vez agrega que usó pastillas. Inventó una cena con su pareja para que yo pudiera quedarme sola en la casa y estar más tranquila… “Esa interrupción la viví en completo silencio, solamente siendo ella y otra amiga las que se enteraron”, confiesa.
Sin embargo, dudó si la expulsión había sido completa, por lo cual buscó a “otra amiga que tenía conocimiento de una médica que podía apoyarla”. Recuerda que le hicieron un legrado porque todavía había residuos. También cuenta que su situación era crítica, por lo que su amiga cubrió los gastos de los exámenes y el pago del legrado. “Tiempo después fui pagando poco a poco… Esto lo guardé, no lo mencioné a nadie”, refiere.
Dos años y medio después, quedó nuevamente embarazada. Un pequeño fondo ahorrado con su pareja, le permitió que esa vez la interrupción fuera en buenas condiciones. Alejandra le informó a su pareja después de hacerse la interrupción, lo que produjo una separación por varios meses. Explica que ha vivido estas interrupciones “con mucha tranquilidad”.
Relata que su madre percibió la situación y llamó a las hermanas para que la acompañaran. “Una de mis hermanas todavía lo vive con mucho dolor porque vengo de una familia católica”, argumenta. Su hermana fue madre siendo adolescente y decidió proseguir con su embarazo a los 18 años, “sé que le costó muchísimo, yo tenía claridad que no estaba lista para ser mamá, ni quería ser mamá”, admite.
Cuenta que conoció la experiencia de adolescentes embarazadas, que llevaban la maternidad de forma sacrificada. Recuerda a una amiga de 14 años, embarazada, la veían jugar bruscamente fútbol, basketball, y se comentaba en el aula que lo que quería era abortar.
La psicóloga Yamileth Mejía, señala que hablar de interrupción del embarazo pasa porque las y los adolescentes puedan hablar abiertamente de sexualidad y acceder a información científica. “Estos procesos que son naturales como es la sexualidad, la vivencia de la sexualidad, de una manera amplia, sana, informada, responsable, evitaría muchas cosas”, precisa.
Alejandra identifica algo común entre quienes han interrumpido un embarazo. Se vuelven acompañantes de quienes han corrido la misma suerte, que en su mayoría son jóvenes. “Comenzaron a pasar cerca de mí mujeres, chavalas, que estaban en la misma situación. Sentí que lo mínimo que podía hacer era contarles mi experiencia y acompañarlas afectivamente, por todo lo que había implicado para mí, para mi cuerpo, porque físicamente es doloroso muy doloroso”.
Reconoce que a muchas jóvenes les invade la culpa, por eso su deber era acompañarles, siendo apoyo para ellas, lo que no siempre se tiene, “porque la interrupción se vive en solitario, en la clandestinidad muchas veces, con recursos económicos limitados”. El acompañamiento para Alejandra pasa por decir que respirar va a ayudar, un paño va a disminuir el dolor, una infusión va a ayudar a desinflamar, que lo que decidió está bien, nadie la tiene que cuestionar.
Mejía explica que las mujeres que pasan por este proceso se ven imposibilitadas por dos razones. Por un lado, las “ataduras de creencias, pueden ser de creencias religiosas, pueden ser de creencia de la familia. Esas ataduras van más allá, se trasladan o se traspolan hacia el espacio legal; estas mujeres ya no son pecadoras, ahora son criminales, o sea se las criminaliza, no se criminaliza el hecho de quien realiza el aborto, se criminaliza a esa mujer por haber decidido hacerse un aborto…”. A su juicio, cada mujer es la única que puede saber qué la llevó a tomar esa decisión, nadie pueden juzgarla.
En la secundaria, Alejandra conoció adolescentes y jóvenes que abortaban con hierbas, agua de coco o instrumentos caseros; había un médico que hacía interrupciones a cambio de favores sexuales.
Recuerda que en el colegio les exigían penalización, “un día nos avisaron que teníamos que llegar con el uniforme de gala porque marchábamos junto con la Iglesia Católica para exigir la penalización del aborto terapéutico, no tenía idea de qué era, solo sabía que estaba ahí porque el colegio me mandaba, pero además nos habían preparado unas clases, unos vídeos grotescos…”
En la universidad asistió a la conferencia de una profesional que defendía derechos de las mujeres y pudo entender lo que era para otras no contar con las condiciones, el acompañamiento, los recursos necesarios y no poder decidir, que diferencia “cuando tenés los medios porque siempre se han hecho interrupciones, siempre se hacen, simplemente lo que cambia es los medios, las condiciones, y ahí es cuando la vida de la mujer entra en juego”, agrega.
En el aborto interviene mucho el lugar que las sociedades patriarcales asignan a las mujeres, que es el de la reproducción en términos biológicos y de cuidado, señala la socióloga feminista María Teresa Blandón, para quien el hecho que las mujeres estén facultadas para embarazarse, parir, amamantar, las condena a dedicar casi toda su vida al cuidado de esas nuevas vidas, eso lo cree muchísima gente, puntualiza.
“Si una mujer puede parir debe de hacerlo, es su deber con la sociedad, por tanto no tiene por qué impedir ese proceso, y si lo hace es anormal o está incumpliendo con su deber, con su destino, porque es que la maternidad se ve como el destino de todas las mujeres”, explica Blandón en relación con el mandato social imperante.
Una realidad que pretende ser ocultada
El Mapa de Salud del MINSA informa en su sitio web, que en 2021 dicha institución atendió 12,184 partos prematuros, partos prolongados y hemorragias. Para la Organización Mundial de la Salud (OMS), parto prematuro es el que ocurre antes de las 37 semanas de gestación. El límite inferior entre parto prematuro y aborto es, según la OMS, 22 semanas de gestación 500 g de peso o 25 cm de longitud del céfalo a las nalgas.
De acuerdo al MINSA, los partos prematuros descendieron 2% en 2022 y 33% en 2023, en comparación con 2021, aunque no se explican las causas. Además, la institución atendió 8,814 embarazos que terminaron en abortos, los cuales descendieron 2.39% en 2022 y 14,08% en 2023.
A estas cifras se agregan las amenazas de aborto de la misma entidad, sin aclarar si solo fueron amago. Asegura que las amenazas de aborto pasaron de 1,776 en 2021, a 1,683 en 2022 y 1,364 en 2023. Tampoco explican causas de la disminución.
La entidad estatal, asimismo, reporta una muerte por aborto en 2021, cero en 2022 y dos en 2023, en un país de 6,803,888 habitantes, mayoría mujeres (51%) y 38.1% menores de 20 años, conforme datos del Instituto de Desarrollo, INIDE.
Las cifras del MINSA referidas a la salud reproductiva de las mujeres registran descensos o disminuciones, pero no se argumentan las causas de tales situaciones. Por ejemplo, se reporta que en 2021 solo ocurrió una muerte por aborto, ninguna en 2022 y dos en 2003. No hay certezas en cuanto las causas ya que la información es insuficiente. Se ignora si esto se relaciona con la clausura de las organizaciones de sociedad civil de mujeres que trabajaban en este tema.
una cosa es la ocurrencia de los procedimientos o procesos de aborto, y otra cosa es que se registren en el lugar correspondiente. Si hay algo que está criminalizado por supuesto que no lo van a dar a conocer porque significa implicarse en la ejecución de un procedimiento y hay una ley que criminaliza
Yamileth Mejía
La Organización Mundial de la Salud (OMS) define el aborto como un procedimiento médico habitual, seguro cuando se utiliza un método recomendado por la misma organización, conforme al tiempo de embarazo y si lo practica una persona con los conocimientos necesarios. Señala además, que cerca del 45% de los abortos se realizan en condiciones peligrosas, y el 97% se practica en los países en desarrollo.
En Nicaragua, desde 2008 el aborto está totalmente penalizado; y el aborto terapéutico, un eximente o paliativo del aborto, fue sancionado mediante una reforma a la ley penal en octubre 2006, después de haber estado vigente más de 100 años en el Código Penal, indica IPAS en el estudio “Salud, acceso, derechos”, del año 2020.
No hay ninguna consideración, ni de salud ni de reconocimiento de la autonomía de las mujeres sobre sus cuerpos, ni mucho menos una noción de derecho cuando se habla de aborto, dice María Teresa Blandón. “La sentencia es básica y es letal, abortar es matar y una mujer que aborta se convierte en una asesina, lo dicen estos discursos que son anti derechos y anti autonomía de las mujeres e incluso anti salud, porque ni siquiera en el caso de que la salud y la vida de las mujeres esté en riesgo, no tienen ninguna consideración”, asevera Blandón.
Si bien el aborto está regulado por instituciones de salud como la OMS, el cual se da cuando el feto aún no tiene el suficiente desarrollo como para vivir independiente, los grupos anti-derechos aseguran que desde el primer momento en que se une un óvulo con un espermatozoide hay vida, y hay que protegerla, pero la polémica es “cómo se entiende la vida humana, cuál es el proceso de desarrollo de esa vida y qué tienen que ver las mujeres que son las que van a enfrentarse a esos desafíos”, añade la socióloga feminista.
A lo anterior se añade el desconocimiento del porcentaje de los presupuestos nacionales está dedicado a salud de las mujeres, aun cuando las feministas han venido demandando conocerlo desde hace muchos años. “La salud integral de las mujeres es un rubro que normalmente no está desagregado y se engloba, a veces se le llama salud materna a todo lo que se destina al proceso reproductivo, y a las mujeres las ven exclusivamente en ese ámbito”, explica la especialista en ginecología y obstetricia, argentina-nicaragüense, investigadora y feminista, Ana María Pizarro, quien desde la década de los años 80 ha trabajado en la salud integral de las mujeres, investigando especialmente el proceso reproductivo y su relación con los derechos, la legislación, las políticas públicas en Nicaragua y en América Latina.
La inversión en salud es un fantasma que todavía persiste en la mayor parte de los presupuestos nacionales de los países. “Conocer cuánto es lo que se invierte nos permitiría conocer cuál es la estima que tiene el Estado en cada país acerca de la vida y la salud de las mujeres”, agrega Pizarro.
El acceso al aborto seguro y legal sigue siendo un desafío
El aborto en condiciones peligrosas es una de las principales causas de morbimortalidad materna y puede provocar complicaciones físicas y psíquicas y perjuicios sociales y económicos a las mujeres, las comunidades y los sistemas de salud, indica la OMS. La imposibilidad de acceder a una atención para aborto seguro, oportuno, asequible y respetuoso es un grave problema de salud pública y una violación de los derechos humanos.
En todos los países donde el aborto es ilegal, está prohibido por ley o está permitido pero no se aplica, ocurren más muertes de mujeres por complicaciones porque se producen en condiciones clandestinas, y esa condición es sinónimo de inseguridad, explica la investigadora en salud.
La especialista Pizarro añade que generalmente los abortos ilegales son practicados por personas sin suficiente capacitación o con métodos que ponen en riesgo la vida de las mujeres. “Pero no son todas las mujeres las que mueren, sino las pobres, las que no tienen recursos para conseguir un aborto seguro, aunque sea clandestino. Esto pasa en todos los países del mundo, no solo en Centroamérica, no solo en Nicaragua”, precisa.
Por ejemplo en México, Ciudad de México lidera la legalización de la interrupción, seguida de 11 estados que han continuado su ejemplo. Después de 17 años de aborto legal, más de 273 mil mujeres se han practicado interrupciones; casi la mitad con edades entre los 18 y los 24 años, reporta el diario Milenio con datos de la Secretaría Municipal de Salud.
La legalización del aborto en ese país ha sido crucial para los derechos reproductivos de las mujeres, ha contribuido a que tomen decisiones fundamentales sobre su cuerpo y su salud. El proceso ha sido gradual pero se ha topado con algunas resistencias.
Por otro lado, el Informe Anual de Ipas 2023, organización internacional sin fines de lucro que trabaja en 17 países de cuatro continentes para expandir el acceso al aborto seguro y acabar con los procedimientos inseguros de aborto, indica que 66 mil 853 mujeres ejercieron su derecho a abortos seguros en diez países de América Latina y 104,766 personas recibieron servicios anticonceptivos en unidades del sistema público y organizaciones civiles, en ocho países. Además, 100,913 personas conocieron información de aborto, salud sexual y reproductiva, mediante organizaciones y 23 redes de acompañamiento, las cuales luchan por la legalidad del aborto y proveen apoyo transnacional y suman esfuerzos para habilitar estrategias resilientes en el acceso al aborto seguro.
Asimismo, 52 hospitales y centros de salud de Argentina, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras y México, recibieron apoyo directo de Ipas Latinoamérica como capacitaciones en salud reproductiva e incidencia, equipamiento técnico y donación de insumos. Con ello, 2823 profesionales de salud fortalecieron sus conocimientos, capacidades y habilidades para la prestación de servicios de aborto y anticoncepción de alta calidad y sin discriminación.
Los países que han mejorado sus políticas han logrado beneficios en la salud pública, como disminución de la mortalidad materna relacionada con aborto inseguro, la morbilidad y carga hospitalaria por urgencias obstétricas y complicaciones que se dan cuando no existen condiciones de seguridad exigibles en contextos de ilegalidad.
“La penalización del aborto afecta a todo el mundo, encarcela mujeres y personas con capacidad de gestar por practicarse un aborto, perjudicando su vida y perjudicando a familias enteras”, expresó Fernanda Díaz de León Ballesteros, subdirectora de Incidencia de Ipas LAC en el Informe del 50 aniversario de la organización. A su vez, María Antonieta Alcalde Castro, directora de Ipas LAC, se comprometió a “seguir trabajando en la prevención de embarazos no deseados y asegurar el acceso a la anticoncepción y al aborto seguro”, mencionó.
Mapa de Mortalidad Materna
Por otro lado, el Mapa de Mortalidad Materna 2021-2023 del MINSA, señala que en 2021 fallecieron 37 mujeres por mortalidad materna, de las cuales casi la cuarta parte (24.3%) provenían de las Regiones Autónomas del Caribe Norte y Sur, cifra que se mantuvo en 2022 y disminuyó -la muerte materna- a 30 en el 2023.
La OMS describe la mortalidad materna como la muerte de una mujer durante el periodo de gestación o los 42 días posteriores a la terminación del embarazo.
El mapa del MINSA registra también las muertes de mujeres por edad. La mayoría jóvenes. En 2021 murieron 37 mujeres, de las cuales 17 (45.9%) tenían entre 20 y 29 años; la misma cantidad falleció en 2022 y la mayor parte (35.2%) estaba en el mismo rango de edad, seguida de un 32.4% que tenían entre 30 y 39 años. Si bien en 2023 disminuyó a 30 (19% menos) el número de fallecidas, la mayoría (33.3%) tenía entre 30 y 39 años, seguidas de las jóvenes (10).
En el mapa también se reportan las causas de la muertes, entre las cuales destacan las hemorragias del embarazo, parto y puerperio; causas obstétricas indirectas como muertes a causa de enfermedades existentes desde antes del embarazo o que evolucionó durante el mismo, y enfermedad hipertensiva del embarazo.
La medica ginecobstetra Pizarro amplía que las complicaciones de un embarazo dependen de la edad de la mujer, cuando más pequeña es, cuando tiene más de 35 años, y cuando tiene más de 40 años. “Las complicaciones tienen que ver con el acceso que tienen las mujeres a los servicios de salud, con la complejidad de esos servicios, o sea la capacidad que tienen de resolver situaciones de emergencia de manera oportuna, y también con los conocimientos que tengan las mujeres acerca de los riesgos que corren en las edades extremas”, agrega.
Una atención adecuada y oportuna, según la médica especialista, aportaría a que las mujeres decidan si embarazarse o no; si tienen condiciones físicas que les ponen en riesgo su vida y su salud, condiciones económicas y ambientales para llevar a cabo un embarazo; con el apoyo de la familia, la comunidad y la pareja, porque el embarazo es un asunto social, no individual.
Entre el miedo y la confusión
Ana de 19 años, originaria de El Crucero, en Managua, cuenta que cuando se enteró que estaba embarazada el mundo se le volvió al revés, “estaba en medio de mis estudios. La noticia me llenó de miedo y confusión. Sabía que no estaba lista para ser madre, pero en mi familia, que es muy tradicional, hablar de la posibilidad de abortar era un tabú. No tenía a quién acudir, y los recursos eran limitados, mi novio de ese momento me dejó”, narra.
Después de varios días de angustia, decidió que no podía seguir adelante con el embarazo. Le recomendaron acudir a un lugar clandestino. “Lo que viví allí fue aterrador, el ambiente era oscuro y lleno de incertidumbre. Por un lado, estaba aliviada de tener una opción, pero por otro, era consciente de lo arriesgado que era”, refiere.
Ana recuerda que el procedimiento fue doloroso. En los días siguientes experimentó una mezcla de emociones: “alivio por no tener que ser madre, pero también culpa y miedo de ser descubierta. Nadie en mi familia lo supo, me dio una ansiedad, empecé a engordar abruptamente, lloraba todos los días, no comía, me alejé de mis amistades y solo me refugié en Laura, ella fue mi soporte”.
Con el tiempo la joven se lo contó a su mamá, al inicio de la plática se hizo un silencio abrumador. Ella viene de una familia tradicional muy conservadora, pero el silencio de la madre era debido a que durante su juventud tuvo un novio que la golpeaba y producto de esa violencia, abortó. “A raíz de sincerarme y de hablar con mi mama las relaciones entre ella y yo mejoraron, hubo como esa reciprocidad afectiva, es un secreto entre ambas porque hasta el día de hoy ni mi papá ni mis hermanos ni nadie de mi familia, lo sabe”, reconoce.
La socióloga Blandón considera que hay un relato religioso que no es el único, pero es el más básico, más conservador, “que asume que la mujer que no cumple con ese mandato es una pecadora y tiene que ser condenada por las leyes de Dios, pero eso también se traduce en esa condena moral, legal, porque son precisamente ese tipo de discursos los que promueven la penalización absoluta del aborto (…) Esta idea que afirma que abortar es matar, esto es lo que dicen muchos fundamentalistas”, afirma.
Como se señaló antes, el aborto clandestino puede provocar complicaciones físicas y psíquicas y perjuicios sociales y económicos a las mujeres. Ana confiesa en su relato que pudo pagar con la ayuda de una amiga, sus familiares, y sus ahorros, pero las jóvenes de los barrios populares no tienen recursos para pagar una interrupción. Además agrega “si yo me hubiera muerto o desangrado en la práctica del aborto, quien se hacía responsable de mi vida, si es una clínica clandestina (…) había un baño, una cama de hospital, y solo estaba el médico y una mujer como ayudante, y por eso pagué mil dólares, cuando debería ser un derecho o que la dejen elegir a una”, argumenta.
El aborto ilegal se ha convertido en la única vía para muchas jóvenes, en el ánimo de solucionar la situación que enfrentan. Generalmente, cuando llegan con la noticia, sus parejas las responsabilizan y se desentienden de la situación; en la mayoría de casos no las acompañan, por lo cual las mujeres realizan esta acción solas y buscan la información entre mujeres de más experiencia y en lugares poco convenientes. “Es una decisión bastante compleja, complicada, tanto para las mujeres como para sus familias porque las mujeres que toman esta decisión no lo están haciendo a la luz de la alegría ni a la luz de un deporte, esto lo toman muy en serio y cuando llegan a tomar esta decisión es porque de verdad no tuvieron otra alternativa” explica la psicóloga Mejía.
Las mujeres no siempre tienen el apoyo de alguien de la familia o han sido obligadas a abortar por sus parejas. Mejía añade que “hay que ponerle ojo también a eso o pensar en esas miles de mujeres que se han quedado calladas, que han quedado embarazadas producto de una violación”, señala.
La psicóloga agrega que el Instituto de Medicina Legal (IML) en 2023 informó que hay una reducción en casos de violencia sexual, “el año pasado se produjeron 332 casos en comparación con 2022 que supuestamente fueron 344, es decir, el impacto de este tipo de violencia en las niñas y en las mujeres sigue siendo proporcionado porque el Instituto de Medicina Legal afirma que de los 332 casos, 231 las víctimas eran niñas incluidas menores de edad de 12 años”.
Las mujeres adultas y las niñas que alude Mejía son de zonas empobrecidas y sin educación sexual, “no tienen la oportunidad de educarse, te hablo de las poblaciones completas no solo de las mujeres y su vida va pasando en base a la transmisión de información oral que hay de una generación a otra… Han continuado con los mitos, los tabúes y los prejuicios alrededor de la educación sexual, alrededor de lo que sí es bueno y lo que no es bueno en la sexualidad, mucho menos identificar qué cosa es abuso sexual, qué cosa es violencia sexual y cuándo una mujer puede o no quedar embarazada o cuándo una jovencita”, explica la psicóloga.
La experiencia le dejó marcas emocionales cuenta Ana, pero admite que aprendió que hay que pensar en una misma, en su futuro y no en los demás.
Abortó clandestinamente a los 19 años
Perla, de Granada, tenía 19 años, estaba en la universidad cuando interrumpió voluntariamente su embarazo. “La idea de ser madre en ese momento me aterraba y poff salgo embarazada. Mi pareja y yo hablamos sobre nuestras opciones y, debido a nuestra situación económica, los dos éramos estudiantes y no queríamos ser padres, lo hablamos y tomamos la decisión de que no era el momento adecuado. Mi pareja siempre ha estado acompañándome, en ese momento no quisimos contarle a nadie porque temíamos el juicio de mi familia, la de él y amigos. Cuando finalmente tomé la decisión busqué información en línea y me puse en contacto con alguien que podía ayudarme”.
Como para muchas mujeres, para Perla la experiencia fue engorrosa. “No sabía qué esperar y me sentí vulnerable. Todo fue un proceso clandestino y eso me llenaba de ansiedad”, relata
Después del procedimiento, sintió una mezcla de alivio y culpa. “Decidí no decirlo a nadie, pero las emociones que surgieron fueron abrumadoras, el acompañamiento de mi pareja fue importante porque si hubiera estado sola yo me hubiera desmoronado”, rememora.
Perla pasó semanas antes de poder hablar de lo que había pasado. “Me costó mucho procesar la experiencia, pero finalmente busqué un grupo de apoyo donde encontré a otras mujeres que habían vivido situaciones similares”, narra.
Un estudio del Centro Bixby de Salud Reproductiva Global 4 encontró que las mujeres se sienten aliviadas después de un aborto y aún cinco años después. Esta investigación y otros estudios hacen énfasis en el alivio que implica la decisión de interrumpir un embarazo en condiciones dignas, lo cual plantea la urgente necesidad de modificar las leyes que penalizan de manera absoluta el aborto porque son los contextos hostiles y restrictivos los que generan culpa, estigma y desinformación.
La información pública debería estar disponible, recomienda la médica investigadora ya citada. Accesible, oportuna, clara y fácilmente comprensible, pero lo más importante que sea veraz, afirma. Para la especialista en salud, “que lo que se informe a la población de lo que es la atención de salud de las mujeres sea real, que no se enmascaren los diagnósticos, no se oculten, no se inviertan los porcentajes, es fundamental”, valora.
La psicóloga y magíster en Derechos Humanos Sara García, afirma que los grupos anti-derechos buscan controlar los cuerpos de las mujeres, divulgan mitos y mentiras, como que la anti concepción de emergencia produce aborto o cáncer de mamas, para imponer miedo y culpa.
Uno de los mitos que García considera más peligroso es el “síndrome postaborto”, término ocupado por las personas anti-derecho para afirmar que el aborto perjudica la salud mental y ha sido una estrategia para profundizar la estigmatización del aborto. Sin embargo, no existe evidencia científica para sostener que las mujeres que se practican un aborto sufren dicho síndrome. La Asociación Psiquiátrica Americana (APA) no lo reconoce como diagnóstico legítimo de salud mental; ningún manual de psiquiatría y psicopatología incorporan el “síndrome postaborto”.
Además, García asegura que en la publicación “Diez datos sobre aborto” de Ipas, las mujeres tienen diversas experiencias con relación al aborto, las cuales varían en los diversos contextos socioeconómicos, religiosos y culturales. Los intentos por definir las experiencias de todas las mujeres como homogéneas, hacen caso omiso de las maneras personales en que cada mujer vive, experimenta e interpreta su embarazo y su aborto.
Es fundamental el apoyo social y empatía para quienes necesitan interrumpir un embarazo. El aborto es un evento obstétrico que existe desde siempre, debe dejar de ser un tema punitivo, porque es un tema de salud pública a juicio de la magíster en derechos humanos .
Las Parceras de Colombia, una red feminista que acompaña a jóvenes, mujeres, personas trans y no binarias en sus procesos de aborto, plantean que el aborto es un acto de autocuidado, de amor propio y de reivindicación de la autonomía de las mujeres.
Las experiencias vividas por Alejandra, Ana y Perla fueron un capítulo complicado en sus vidas, ahora pueden hablar con calma y esperanza. Han logrado el respeto de sus familias, parejas, y el acompañamiento y la sororidad de amigas feministas, porque los grupos anti derecho desinforman para promover e imponer ideas conservadoras.
*Esta investigación fue realizada por Patricia Orozco, Tamara Morales y Cristhian Alvarenga.
Tamara Morales Orozco 
Cristhian Alvarenga 