El Banco Central de Nicaragua, ha emitido una disposición que obliga a fijar los precios de más de 82 productos y servicios en moneda nacional (córdobas) a partir del 1 de enero de 2025.
La medida, que abarca bienes esenciales y servicios fundamentales, como alimentos, vehículos, consultas médicas, educación y telecomunicaciones, genera preocupación entre la población y en el sector comercial, especialmente al coincidir con la reciente aprobación de la Ley 1224, denominada Ley de Protección de los Nicaragüenses ante Sanciones y Agresiones Externas.
Los productos y servicios afectados
La circular del BCN establece que los precios y pagos deben realizarse en córdobas para una amplia variedad de bienes y servicios, organizados en varias categorías:
- Alimentos, bebidas y tabacos: incluye alimentos, bebidas no alcohólicas y alcohólicas, así como productos de tabaco.
- Vestuario y artículos personales: abarca ropa, calzado, muebles, línea blanca, electrodomésticos, artículos electrónicos y escolares, entre otros.
- Materiales e insumos: herramientas, materiales de construcción, equipos de oficina, insumos agropecuarios e industriales.
- Servicios de hoteles y restaurantes: hospedaje, alimentación, transporte y servicios de entretenimiento.
- Telecomunicaciones y tecnologías: servicios de internet, telefonía, dispositivos tecnológicos y equipos de cómputo.
- Servicios profesionales y técnicos: asesorías, consultorías, reparaciones y soporte técnico.
- Entretenimiento y cultura: cines, teatros, conciertos, eventos culturales y deportivos.
- Servicios de salud: consultas médicas, cirugías, laboratorios, medicamentos y equipos médicos.
- Educación y formación: preescolar, primaria, secundaria, universidades y capacitaciones.
- Transporte y combustibles: incluye servicios de transporte, venta de combustibles, lubricantes, repuestos y vehículos.
“La obligación de transar en córdobas ocurre en un contexto delicado, donde la confianza en la moneda nacional ha estado históricamente influenciada por la dolarización no oficial de la economía y la inflación”, explicó bajo condición de anonimato Laura, una economista del desaparecido Instituto Nicaragüense de Investigaciones y Estudios Tributarios.
Laura, dijo que los empresarios, temen que la medida «pueda afectar los costos operativos, las transacciones comerciales y la estabilidad de precios, especialmente en sectores que dependen del dólar estadounidense para la compra de materias primas e insumos importados”. Asimismo, agregó que se “podría generar incertidumbre en la fijación de precios y la percepción de inflación en el corto plazo”.
Los economistas de ese desaparecido instituto de estudios, describen desde el anonimato algunos de los posibles impactos en el comercio de Nicaragua de esta medida:
- Aumento de la volatilidad cambiaria: El sector comercial, acostumbrado a realizar transacciones en dólares debido a su estabilidad, podría enfrentar dificultades con la obligatoriedad de usar córdobas. La fluctuación del tipo de cambio podría traducirse en ajustes constantes de precios.
- Costos adicionales para el comercio: Empresas que dependen de insumos importados en dólares podrían verse obligadas a asumir mayores costos para convertir moneda, lo que podría trasladarse al consumidor final.
- Impacto en pequeños y medianos negocios: Las PYMES podrían ser las más afectadas, ya que muchas no cuentan con los mecanismos para adaptarse rápidamente a las nuevas disposiciones de facturación y manejo de moneda nacional.
- Reducción de la dolarización informal: Esta medida forma parte de un esfuerzo del gobierno por fortalecer la circulación y el uso del córdoba, lo que podría, a largo plazo, reducir la dependencia del dólar. Sin embargo, la efectividad de esta política dependerá de la confianza en la estabilidad económica del país.
- Percepción inflacionaria: El reajuste de precios y su conversión a córdobas podría generar una sensación de aumento de precios entre los consumidores, afectando la demanda y el poder adquisitivo de la población.
La medida también se implementa en un contexto político marcado por la aprobación de la Ley 1224 que pretende proteger la economía local de las sanciones internacionales.
No obstante, algunos analistas consideran que ambas acciones están interrelacionadas, ya que podrían interpretarse como una estrategia para fortalecer el control estatal sobre el sistema financiero y las transacciones comerciales en moneda extranjera.
Ana María, una socióloga feminista, ha trabajado durante mucho tiempo en el ilegalizado Servicio Jesuita para Migrantes en Nicaragua, y explica que “la obligación de fijar precios en córdobas representa un cambio significativo para el comercio nicaragüense”. Apunta además que “aunque el régimen busca fortalecer la moneda nacional y reducir la dolarización, la medida plantea retos importantes para el comercio, los empresarios y la economía en general. La clave estará en cómo se implementa esta normativa y en la confianza que el gobierno pueda generar en la estabilidad de la economía nacional. De lo contrario, podría exacerbar la incertidumbre y afectar a los sectores más vulnerables de la población”, añade.