Amnistía Internacional (AI) ha nombrado este 16 de diciembre a Brooklyn Rivera, líder indígena miskito, como Preso de Conciencia, quien simboliza la represión sistemática de Daniel Ortega, y le llama a su libertad inmediata e incondicional.
La condición de preso de conciencia se basa en la información que dispone el organismo internacional sobre las circunstancias que llevaron a la detención de Rivera. Al nombrarle preso de conciencia, AI señala que debe ser puesto en libertad de inmediato y sin condiciones, pero no respalda sus opiniones o conducta pasadas o presentes.
Como se recordará a Brooklin le fue negado el ingreso a Nicaragua en abril de 2023, tras denunciar la situación de los pueblos indígenas en un foro internacional, ello le obligó a entrar al país por rutas alternas, apelando a los derechos de libre circulación reconocidos a los Pueblos Indígenas transfronterizos. En septiembre del mismo año, fue detenido arbitrariamente y sometido a 14 meses de desaparición forzada.
Finalmente, en noviembre de 2024, el Estado de Nicaragua, en una sesión del Examen Periódico Universal de la ONU, admitió tener a Rivera bajo su custodia, acusándolo de traición, menoscabo a la integridad nacional y conspiración.
Amnistía Internacional emitió a la vez una declaración en la cual prosigue denunciando el modelo represivo del gobierno (dictadura) de Ortega, que ha sumido a Nicaragua en una crisis de derechos humanos sin precedentes, que sigue profundizándose luego de seis años, según su sitio web de la institución de derechos humanos.
La organización señala que, “en un contexto de represión y cierre del espacio cívico en Nicaragua, las autoridades han continuado implementando y perfeccionado una estrategia represiva que ha escalado desde el uso de la fuerza letal contra manifestantes en 2018, hasta la actual privación arbitraria de nacionalidad de personas consideradas disidentes”.
Afirma que pese a las excarcelaciones en 2023 y 2024, muchas personas siguen privadas de su libertad por motivos políticos o expresar opiniones críticas. “El acoso, hostigamiento y el uso indebido del derecho penal que inicialmente se dirigía contra manifestantes, activistas, opositores políticos, periodistas, personas defensoras de derechos humanos y lideres indígenas, se ha ido extendiendo a la sociedad en su conjunto, afectando a cualquier persona percibida como una amenaza para las políticas o narrativa estatal”, agrega Amnistía.
“La represión en Nicaragua no deja a nadie a salvo,” afirmó Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional. “Desde líderes indígenas, periodistas, personas defensoras de derechos humanos y cualquiera que sea visto como un riesgo para las políticas del gobierno, las autoridades siguen consolidando el clima de miedo en el que disentir se castiga con cárcel, exilio o desaparición”.
La organización de derechos humanos insta nuevamente al gobierno de Nicaragua a detener de inmediato todas las prácticas represivas, garantizar el respeto de los derechos humanos de toda la población y cesar la criminalización de la disidencia.
Foto de portada: El Mundo
Tamara Morales Orozco 
Cristhian Alvarenga 