Dos jefes de la Policía de Nicaragua, quienes participaron en evidentes violaciones de los derechos humanos, salieron de la institución sancionada por Estados Unidos. Así lo dio a conocer a través de una nota de prensa No. 002 – 2025, el 2 de marzo pasado.
Opositores al régimen consideran que estas personas y otros, aunque estén en retiro, deben responder por crímenes cometidos. La policía justificó que «en el proceso ordinario de retiros y nombramientos en la Policía Nacional y conforme a lo dispuesto en la Ley No. 872, Ley de Organización, Funciones, Carrera y Régimen Especial de Seguridad Social de la Policía Nacional, y sus reformas, pasan a la honrosa condición de Retiro: 1. Comisionado General Jaime Antonio Vanegas Vega, Inspector General de la Policía Nacional, 2. Comisionado General Fidel de Jesús Domínguez Álvarez, Co-Jefatura Delegación Policial de León”.
Domínguez Álvarez fue operador político de la dictadura Ortega-Murillo y ejecutor de acciones violentas junto con oficiales de bajo rango, contra de estudiantes, periodistas y líderes opositores. Sus acciones eran transmitidas por redes sociales de medios oficialistas y fotos que se jactaban publicándolas. Ejemplo de ello fue el arresto de José Pallais, el acoso de la familia Reyes Alonso y entrevistas a periodistas leoneses para alinearlos a la política informativa de la dictadura.
La población y policías “brincan de alegría”, porque ya no está al frente de la policía. Jaime Antonio Vanegas Vega, Inspector General, fue el defensor y divulgador en 2018, cuando ocurrió la masacre en abril. Este comisionado era quien se encargaba de tratar de mostrar la cara “limpia y amable” de la dictadura, pero sorpresivamente pasó a retiro de la institución policial.
Desde el bunker policial Vanegas lucía “firme y convencido” ante los medios de comunicación. Una de las últimas siendo Inspector General fue en enero 2025. “Nos preparamos para este próximo lunes 27 de enero, el inicio del Ciclo Escolar 2025. Nuestra institución policial, con el 100 por ciento de las fuerzas, brindará seguridad y tranquilidad a la entrada y salida, para la prevención de accidentes de tránsito, en los centros educativos priorizados en todo el país”, dijo Vanegas.
Policías responsables por masacres contra la población nicaragüense
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la OEA , mencionó a varios policías como responsables por su participación en la masacre ocurrida entre el 18 de abril y el 30 de mayo de 2018.
El informe del 21 de junio de 2018 indica “los hallazgos de la visita de trabajo muestran que la violencia estatal ha estado dirigida a disuadir la participación en las manifestaciones y que siguió un patrón común, caracterizado por: el uso excesivo y arbitrario de la fuerza policial, incluyendo el uso de la fuerza letal de manera deliberada y sistemática; el uso de grupos parapoliciales con la aquiescencia y tolerancia de las autoridades estatales; obstáculos en el acceso a la atención médica de urgencia a los heridos, como forma de represalia por su participación en las manifestaciones; un patrón de detenciones ilegales arbitrarias de jóvenes y adolescentes que participaban pacíficamente en protestas y personas que transitaban en vías públicas en las zonas de los incidentes”.
“En atención a sus consideraciones anteriores, la CIDH concluye que el patrón de las detenciones se realizó mediante el uso arbitrario y desproporcional de la fuerza, no contó con motivos previstos o formalidad por ley, y respondió a fines impropios generando un castigo que constituye una forma de pena sin proceso o pena extralegal”, indicó el informe.
Entre las sanciones por crímenes ocurridos desde abril de 2018 figura la institución policial de conformidad con la Orden Ejecutiva 13851 “por ser responsable o cómplice de, o haber participado directa o indirectamente en, graves abusos de los derechos humanos en Nicaragua”.
En esa lista de sancionados incluyen al Director General de la institución, Francisco Javier Díaz Madriz con Orden Ejecutiva (EO) 13818, Fidel Domínguez Álvarez, Justo Pastor Urbina, Luis Alberto Pérez Olivas, Juan Valle Valle y Ramón Avellán Orden Ejecutiva 13851. “El régimen de Ortega ha utilizado a la Policía Nacional de Nicaragua como herramienta en su campaña de represión violenta contra el pueblo nicaragüense”, dijo el secretario Steven T. Mnuchin. Human Rights Watch, en 2019 pidió sanciones criminales contra Ramón Avellán, Jaime Vanegas (inspector general de la Policía), Luis Pérez Olivas (jefe de la cárcel El Chipote), Justo Pastor Urbina jefe de la Dirección de Operaciones Especiales (DOEP), Aminta Granera Sacasa y Francisco Díaz Madriz.
El 7 de noviembre de 2019, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos de América anunció sanciones económicas contra Avellán y dos funcionarios de la dictadura nicaragüense.
El 5 de marzo de 2020 la (OFAC) anunció nuevas sanciones financieras contra la Policía Nacional de Nicaragua y tres comisionados; Juan Antonio Valle Valle, Luis Alberto Pérez Olivas y Justo Pastor Urbina. “La PN ha usado municiones reales contra manifestantes, ha participado en escuadrones de la muerte y perpetrado ejecuciones extrajudiciales, desapariciones y detenciones arbitrarias” señala el informe indicado.
El 21 de diciembre de 2020, el Departamento del Tesoro también sancionó a Fidel Domínguez por su participación en actos de abuso de autoridad y agresión contra un periodista. El 24 de octubre de 2022, Estados Unidos restringió visas para más de 500 nicaragüenses, familiares e instituciones, como la Policía Nacional… El 14 de noviembre de 2024, «Estados Unidos tomó medidas para imponer restricciones de visado a más de 350 miembros de la Policía Nacional de Nicaragua en línea con los esfuerzos de la ONU y la OEA para promover la rendición de cuentas en materia de derechos humanos», dijo el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller en la red X.
El 25 de noviembre de 2022 se oficializó en La Gaceta No. 222, bajo acuerdo presidencial 177-2022, el retiro del comisionado general Adolfo Marenco Corea, encargado del Instituto de Seguridad Social y Desarrollo Humano (ISSDHU). Entre muchos crímenes cometidos por policías activos o no, resalta el ocurrido en el municipio de León, el 17 de julio de 2019, donde murió Brayan Yeraldín Murillo López (24) y heridos Kener Jovany Murillo López y José Feliciano Cortez Castillo. Entre los ejecutores está el ex oficial sandinista Álvaro José Pichardo Salazar quien radica en Estados Unidos.
Policías deben responder
Bajo condición de anonimato, un ex funcionario judicial, señaló que “estar en retiro (policías) no los eximen de responsabilidades con la justicia nacional e internacional. Quienes hayan sido acusados y que se verifique su participación directa e indirecta en contra de la población, será objeto de la aplicación de leyes que establecen procedimientos de justicia, contemplado en los convenios internacionales. Para ellos están las instancias como las que se han abierto en Argentina, la Corte Internacional de la Haya y se ha explorado en Costa Rica, ya que en Nicaragua por el momento no es posible. Cuando todo vuelva a su normalidad, la población debe colaborar para que sus declaraciones sean parte del expediente para encausara los responsables por crímenes en conjunto con el gobierno”, expuso.
Foto portada: BBC
Patricia Orozco 