El 30 de mayo de 2018, más de trescientas familias de las ciudades de Estelí, Chinandega, Managua y Masaya se vistieron de luto tras la masacre ordenada por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. La policía y paramilitares abrieron fuego contra una manifestación ciudadana que se oponía al régimen, entre ellos, cientos de jóvenes universitarios.
La acción cívica era parte de una serie de protestas antigubernamentales que habían iniciado el 18 de abril, dejando un saldo fatal de víctimas. Tras la represión del 30 de mayo, no obstante, el número de muertos superó el centenar.
Esa tarde se habían programado dos marchas, una organizada por movimientos universitarios en solidaridad con las madres que habían perdido a sus hijos desde el inicio de las protestas, y otra preparada por el oficialismo bajo el pretexto de homenajear a las madres.
La primera, encabezada por las madres, fue bautizada como “La madre de todas las marchas” ya que aglutinó más de un millón de personas. Familias enteras vistieron de negro en señal de duelo por sus hijos asesinados, sin imaginar que ese día también culminaría con represión, sangre y nuevas pérdidas de seres queridos.
En las inmediaciones del Estadio Nacional Denis Martínez las fuerzas represivas del régimen comenzaron a disparar contra los manifestantes pacíficos. Según testimonios, apuntaron a la cabeza y al tórax, de modo que varias víctimas murieron al instante, durante el traslado al hospital, o en los centros médicos.
En respuesta, los manifestantes lanzaron morteros y piedras contra el estadio. El caos se apoderó de la ciudad y varias infraestructuras resultaron dañadas. La manifestación se disolvió ante la violencia del ataque, transmitido por televisión e Internet. Miles de personas se refugiaron en la Universidad Centroamericana, donde las personas heridas fueron atendidas por médicos y voluntarios en puestos improvisados.
La dictadura Ortega-Murillo solo reconoció 15 muertos y 199 lesionados, atribuidos a “grupos delincuenciales de derecha”, según la narrativa oficial. Sin embargo, gracias a organizaciones independientes, organismos de derechos humanos y al periodismo independiente, se contabilizaron 18 muertes y 218 lesionados, sin contar los que fallecieron los días posteriores al ataque, e incluso en los meses que sucedieron.
Varias personas fueron juzgadas por presuntos daños a la propiedad privada durante las protestas; pero ningún partidario o efectivo del régimen enfrentó la justicia. Hoy, seis años después, los crímenes cometidos aquel 30 de mayo por las fuerzas represivas al servicio de la dictadura Ortega-Murillo, continúan impunes.
Al contrario de lo que dice el himno nacional, el suelo de Nicaragua se sigue tiñendo de sangre de hermanos, la violencia social y política se sigue profundizando y en las cárceles de la dictadura aún hay 131 personas presas políticas de las cuales 19 son mujeres, el exilio y la migración sigue aumentando y las madres siguen clamando justicia.
No olvidamos que el 30 de mayo se oficializó como Día de la Madre Nicaragüense por un comité presidido por Lola S. de Sevilla; la fecha que sugerida de dicho comité. Entre los diputados somocistas se creó una comisión especial (Gabry Rivas, Enoc Aguado y Andrés Largaespada) que luego pasó la moción a todos los diputados y se declaró oficialmente el 30 de mayo.
Patricia Orozco 
Tamara Morales Orozco 