La organización Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto ha anunciado su disolución legal definitiva tras más de dos décadas de incidencia en El Salvador, una decisión motivada por el progresivo cierre de espacios para la sociedad civil y la entrada en vigor de normativas restrictivas.
El contexto que empuja esta disolución se sustenta en una arquitectura legal restrictiva que ha transformado el ecosistema asociativo del país. El punto de quiebre definitivo fue la aprobación en 2025 de la Ley de Agentes Extranjeros, una normativa que la organización denuncia por «coartar la libertad de expresión y criminalizar a las organizaciones sociales que defienden derechos humanos».
Al negarse a inscribirse en el Registro de Agentes Extranjeros (RAEX), la agrupación rechaza someterse a un control estatal que considera incompatible con su misión de defensa de la autonomía corporal. Este panorama se ve agravado por una atmósfera de intimidación donde, según el comunicado, «se agudizó la persecución a periodistas y personas que defienden derechos humanos», generando una conciencia clara de que los retrocesos democráticos ponen en riesgo extremo las luchas sociales.
Históricamente, El Salvador ha mantenido una de las prohibiciones de aborto más drásticas de la región, una realidad que la organización logró visibilizar a nivel global al demostrar que la penalización «impactaba principalmente a mujeres en situación de pobreza».
Su labor fue fundamental para que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Corte IDH, emitiera dos condenas contra el Estado salvadoreño y para lograr la libertad de 80 mujeres que enfrentaban penas de hasta 30 años de cárcel. Sin embargo, la organización advierte que la democracia es el suelo mínimo para su operatividad; por ello, ante la ausencia de garantías, han decidido que su causa debe sostenerse ahora «desde el activismo, la empatía y la solidaridad que hemos sembrado».
La nueva etapa de la organización, ahora nombrada como La Movimienta Regional por el Derecho al Aborto y las Maternidades Elegidas, busca desbordar los límites administrativos que el Estado intenta imponer. A pesar de la cancelación de su personería jurídica, la colectividad ha enfatizado que «no pueden ni quieren renunciar a esta lucha», especialmente ante el avance de grupos antigénero y lo que describen como populismo autoritario.
Con la premisa de que sus «existencias no serán borradas por decretos presidenciales», el grupo reafirma que su labor continuará desde El Salvador, conectando causas locales con redes globales para defender el aborto como un derecho humano fundamental.
Foto: Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto.
Patricia Orozco 
Tamara Morales Orozco