Las comunidades de los municipios de El Jícaro, Quilalí y Murra, en el departamento de Nueva Segovia, expresan su preocupación ante la reciente concesión minera otorgada por el gobierno de Nicaragua a la empresa canadiense Nicoz Resources Sociedad Anónima. La adjudicación abarca un extenso lote de 3,605 hectáreas denominado «Tiburón», podría afectar propiedades privadas y generar impactos ambientales y sociales en la región.
La concesión minera, publicada en el diario oficial La Gaceta el pasado 13 de enero, otorga a la compañía un periodo de explotación de 25 años. Esto permitirá a la empresa minera expandir sus operaciones más allá de la mina San Albino, en el municipio de El Jícaro, donde ha trabajado desde 2018, para extender su actividad a territorios de Quilalí y Murra.
Según el acuerdo ministerial del Ministerio de Energía y Minas (MEM), Murra es el municipio con mayor extensión dentro del área de concesión, con 2,591 hectáreas. El municipio de El Jícaro cuenta con 897 hectáreas, mientras que en Quilalí la explotación minera se autorizó sobre 897.69 hectáreas.
Uno de los puntos que genera preocupación en las comunidades es que la empresa podrá iniciar actividades de exploración en cualquier parte del lote en un plazo de cuatro años. Aunque el acuerdo establece que antes de realizar cualquier actividad, Nicoz Resources deberá solicitar permiso a los propietarios de los terrenos y negociar indemnizaciones; en muchas ocasiones los pobladores temen no tener suficiente poder de decisión ante las transnacionales.
La empresa canadiense había solicitado la concesión desde el 22 de octubre de 2020, y el MEM determinó que cumplió con los requisitos legales el 23 de marzo de 2021. Posteriormente, entre el 26 de noviembre y el 3 de diciembre de ese año, las alcaldías de los tres municipios avalaron la solicitud. Sin embargo, el acuerdo ministerial fue emitido hasta el 18 de noviembre de 2024, firmado por el viceministro del MEM, Santiago Bermúdez.
Los habitantes de estas comunidades han manifestado su preocupación por los posibles impactos ambientales y la falta de consulta previa con las poblaciones locales. «Nos preocupa la contaminación del agua y la pérdida de nuestras tierras. Muchas familias dependen de la agricultura, y una mina a cielo abierto puede dañar irreversiblemente nuestro entorno», expresa un líder comunitario de Murra, que por miedo no da su nombre.
La expansión de la actividad minera en Nueva Segovia sigue siendo un tema de preocupación de las personas habitantes de la región. Las comunidades siguen atentas y buscando formas de organización para defender sus territorios y recursos naturales frente al avance de la minería extractiva.
Patricia Orozco 
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