El Alto Comisionado de NNUU para los Derechos Humanos, ACNUDH, ha seguido documentado la situación de tales derechos en Nicaragua, cuyas violaciones agravan la reducción de los espacios cívicos y democráticos y amplían el control gubernamental.
Este 3 de septiembre ACNUDH informó la situación de derechos humanos en el país, y presentó un dossier que comprende desde el 15 de junio de 2023 al 15 de junio de 2024. El informe es exhaustivo y con perspectiva de género; ofrece una perspectiva general de la situación y toma en cuenta informes y recomendaciones anteriores.
Durante el período analizado, ACNUDH realizó 120 entrevistas con víctimas, testigos y otras fuentes; llevó a cabo 106 reuniones con organizaciones de la sociedad civil y de la comunidad internacional; y analizó documentos de fuentes gubernamentales y no gubernamentales. ACNUDH actuó con diligencia para evaluar la credibilidad y fiabilidad de las fuentes.
En mayo 2024, ACNUDH envió un cuestionario al Gobierno de Nicaragua de los temas que se abordaría en el informe, pero no recibió respuesta.
Derechos humanos restringidos en el Caribe
El documento aborda los derechos humanos en el Caribe Norte y el Caribe Sur durante las elecciones regionales de marzo 2024. En ese proceso, el derecho de la población a participar en la dirección de los asuntos públicos se vio coartada. En octubre 2023 el Consejo Supremo Electoral, CSE, despojó arbitrariamente a YÁTAMA de su personalidad jurídica con base en una supuesta violación de la Ley 1055, sin aún identificar los hechos. «No se puede afectar el ejercicio de los derechos a la participación política y a la libertad de expresión», señala el documento; y la disolución forzosa de asociaciones, incluidos los partidos políticos, son una grave restricción a la libertad. Rememora que en septiembre y octubre 2023, Brooklyn Rivera, diputado principal y Nancy Henríquez, diputada suplente de YÁTAMA en la Asamblea Nacional fueron arrestados, privados de su escaño, sin orden judicial ni información de los cargos en su contra, lo cual constituye una detención arbitraria.
Los escaños de Rivera y de Henríquez fueron reasignados al partido gobernante sin el debido proceso. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, consideró que los derechos de ambos corrían “riesgo extremo”. En diciembre 2023, Nancy fue condenada a ocho años de prisión por traición y difusión de noticias falsas. Rivera no ha sido acusado formalmente ni su detención ha sido reconocida oficialmente.
Según el CSE, el 48,49% de la población votante participó en la contienda y declaró la victoria del partido FSLN, con el 88,71% de votos. Pero no hubo monitoreo de organismos internacionales, ni cobertura de medios internacionales independientes. Los observadores de sociedad civil cuestionaron los resultados y estimaron la participación en un 13,28%. Frente a esta disputa, el Gobierno reforzó su control de las instituciones públicas, incluidas las de la Costa Caribe, donde la actividad política independiente no había sido suprimida.
Restringidas la libertad de expresión, de asociación y de reunión
Otro tema relevante del informe de ACNUDH lo constituyen las libertades públicas. El ejercicio de tales libertades está drásticamente constreñido, en particular para quienes son percibidas como disidentes del Gobierno. Muchas han sufrido desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias como represalia, así como condenas en procesos sin juicio justo ni debido proceso, tampoco cumplen los principios de legalidad y seguridad jurídica.
El Gobierno sigue clausurando arbitrariamente la personalidad jurídica de organizaciones de la sociedad civil en un esfuerzo continuo por desmantelarlas, en particular aquellas que defienden derechos de las mujeres, lo cual exaspera la represión de las voces disidentes y la restricción del espacio cívico.
Al mes de agosto 2014 se registra más de 5,200 organizaciones cerradas. El 20 de agosto se produjo el mayor cierre de asociaciones, 1,500 en un solo día. En el período del informe de ANNUDH se había cancelado un total de 3.641 organizaciones desde 2018.
Las organizaciones de mujeres se vieron especialmente afectadas, al menos 245 han sido clausuradas jurídicamente. De las cuales el 25% trabajaban en torno a la prevención y la atención de la violencia de género, otro 25% en el empoderamiento económico de las mujeres, el 11% asistía a mujeres indígenas y afrodescendientes, y el 8% trabajaba en el ámbito de la salud y los derechos sexuales y reproductivos.
El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, CEDAW, expresó su preocupación por las reformas legislativas de Nicaragua que discriminan a las mujeres por su opinión política, obstaculizando su participación mediante la intimidación, el miedo a ser detenidas y la violencia de género. Destacó las denuncias de agresiones contra las defensoras de derechos humanos, incluidos el acoso, violación y amenazas de muerte, y falta de medidas de protección. También tomó nota con preocupación de la detención arbitraria, los malos tratos a las detenidas, exilio forzado de las defensoras de derechos humanos, estigmatización y cierre de las organizaciones que trabajan en pro de los derechos de las mujeres. Sin personería jurídica, sin locales donde atender a las víctimas, las organizaciones de mujeres y feministas han denunciado la impunidad que aún prevalece en los casos de violencia machista en el país.
No les importa el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
La prohibición de facto de las manifestaciones no organizadas por el partido de Gobierno siguió vigente sin tomar en cuente lo dispuesto en el Artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, incluidos los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad. Pese a ello, se realizó una protesta contra la cancelación de la personalidad jurídica de la Universidad Centroamericana. Tres estudiantes fueron arrestadas arbitrariamente, recibieron sentencias de prisión y son parte de las prisioneras políticas.
Por otro lado, se reporta que el funcionariado público es obligado a asistir a marchas en favor del Gobierno. Estructuras organizadas por el partido gobernante les vigila para supervisar su presencia. El dossier de ACNUDH contiene también diversas situaciones de personas de la tercera edad de diferentes municipios, detenidas, con desapariciones forzadas y condenadas a prisión bajo cargo de tenencia de armas, sin juicios justos, por haber expresado críticas al gobierno. Una mujer fue detenida y sin juicio más de 13 meses, por imprimir y distribuir pegatinas con el rostro del obispo Rolando Álvarez. Su paradero fue ocultado 48 horas, aunque el Código Procesal Penal indica que las personas detenidas tienen derecho a informar su detención en un plazo de tres horas. A sus hijos, estudiantes universitarios, se les canceló becas gubernamentales, ello les obligó a dejar sus estudios. Muchas personas siguen detenidas o sus paraderos aún son desconocidos.
También se informa de dos artistas detenidos por intentar pintar un mural artístico en Estelí. Ambos habrían sido condenados por rebelión y conspiración para socavar la integridad territorial del Estado.
Otro caso de represalia fue el del exjefe del Ejército de Nicaragua, General Humberto Ortega, hermano del dictador Daniel Ortega. La policía rodeó su casa, luego que afirmara en entrevista al medio de comunicación INFOBAE que el Gobierno había establecido un poder dictatorial sin sucesores. Humberto permaneció en su domicilio y al sufrir un infarto fue trasladado al Hospital Militar. La policía afirmó que los médicos habían visitado el domicilio y establecido una Unidad de Atención Médica Especializada para atenderlo, pero no especificó si se encontraba detenido.
Igualdad de género, salud y derechos sexuales y reproductivos
Según ACNUDH, en 2023 Nicaragua mantuvo el séptimo lugar, y el primero en América Latina, en el Índice Global de Brecha de Género entre los países con niveles altos de igualdad de género y destaca el logro educativo y el empoderamiento político como los activos más fuertes del país.
Asimismo, el Comité CEDAW destacó los avances del país en la adopción de instrumentos internacionales y legislación nacional, incluidos los relacionados con la trata de personas y la violencia contra la mujer, así como la creación de un Ministerio de la Mujer. No obstante, dicho Comité deploró la negativa gubernamental de un diálogo con el mismo y de las acusaciones infundadas a sus integrantes. ACNUDH lamenta que el Gobierno no haya cooperado con el Comité de conformidad con sus obligaciones en virtud de la Convención CEDAW.
Además en 2024, organizaciones de la sociedad civil reportaron un aumento de casos de femicidio en Nicaragua, con 36 entre enero y mayo de 2024, ocho en la primera semana de mayo. En 2023 ya habían reportado 54 feminicidios, y el Gobierno aún no ha publicado sus datos de ese período pero, en un boletín emitido en febrero de 2024, reportó 19 feminicidios en 2022 en contraste con los 57 reportados por las organizaciones de la sociedad. El Gobierno informó que la policía había «resuelto» los 19 femicidios cometidos en 2022, aseverando una efectividad policial del 100%.
La definición restrictiva de femicidio en la Ley 779 la limita al asesinato de mujeres por sus parejas. El Comité CEDAW recomendó que modificara esa definición para garantizar que incluya todos los casos de asesinatos por motivos de género o relacionados con el género.
Los órganos creados en virtud de tratados de derechos humanos de NNUU han alertado de la excesiva dependencia de la mediación, en lugar de presentar denuncias penales para casos de violencia de género, la mediación obligatoria entre víctimas y perpetradores en virtud de la Ley 779, la falta de independencia del Poder Judicial y del Ministerio Público, y el sesgo judicial de género, socavan el acceso de las mujeres a la justicia para presentar denuncias de violencia. Además, indicaron que más del 50 por ciento de los procedimientos en casos de violencia, incluida la sexual, resultan en sobreseimientos o en sentencias absolutorias.
En diciembre 2023, el Instituto de Medicina Legal de Nicaragua informó de una pequeña reducción de violencia sexual, con 332 casos en 2023, en comparación con 344 de 2022. El impacto de este tipo de violencia en las niñas sigue siendo desproporcionado. Dicha entidad firma que de los 332 casos, 231 tenían como víctimas a niñas, incluidas 105 menores de 12 años.
La prohibición absoluta y penalización del aborto siguen vigentes en Nicaragua, ello obliga a las mujeres y niñas a recurrir a abortos ilegales e inseguros, con riesgo para su salud y su vida, incluso en casos de embarazos por violación o incesto, o riesgo para la vida o salud de la mujer. Debido al estigma y miedo a las represalias, muchos casos siguen sin ser denunciados.
Derecho a la libertad
Las detenciones arbitrarias han continuado contra personas percibidas como opositoras, aumentando de 54 en junio 2023 a 131 en mayo 2024 (108 hombres y 23 mujeres), según informes de la sociedad civil. La arbitrariedad incluye detenciones sin orden judicial ni información de cargos, privaciones de libertad por opositores o percibidos como tales. Se observó un patrón recurrente de detenciones breves, a menudo durante unas horas, antes de ser puestas en libertad con la condición que acudan a la comisaría local a diario, en algunos casos dos veces al día.
Según cifras de la sociedad civil, 41 mujeres y 59 hombres fueron sometidos arbitrariamente a esta forma de control policial entre mayo 2023 y mayo 2024. Las autoridades siguieron utilizando la legislación adoptada entre 2018 y 2021 para criminalizar a integrantes de la oposición política, organizaciones de sociedad civil y otros. Los cargos incluyen traición, delitos cibernéticos y otros de motivación política, lo que limita el derecho a la libertad, a la privacidad, y a la libertad de movimiento, de asociación y de reunión.
ACNUDH documentó casos de cinco detenidos sometidos a tortura o malos tratos, entre ellos palizas brutales, aislamiento períodos prolongados y tortura postural y por estrés. En la segunda mitad de 2023, se documentó siete nuevos casos de tortura, incluidos descargas eléctricas, abusos sexuales y violaciones. Tres detenidos denunciaron haber sido violados, además de dos casos de ablación y tres de estrangulamiento de testículos. Los sobrevivientes mostraban signos visibles de trastorno de estrés postraumático.
El Alto Comisionado fue informado que se había advertido a detenidos y sus familiares que no denunciaran la tortura o condiciones de detención. Les amenazaron con perder el derecho a visitas. Autoridades penitenciarias tras las visitas familiares hicieron tales amenazas. El Comité de DH y el Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, constataron violaciones del Artículo 7 cuando la detención arbitraria es indefinida, falta de información y un recurso efectivo, y cuando las difíciles condiciones de detención se acumulan e infligen graves sufrimientos mentales y emocionales en ausencia de medidas para mejorar el deterioro de los detenidos
El organismo internacional siguió documentando las condiciones penitenciarias no compatibles con normas internacionales de DDHH, incluidas las Reglas Nelson Mandela y las Reglas de Bangkok. A los detenidos se les negó acceso a artículos básicos de higiene -como toallas sanitarias, papel higiénico, cepillos de dientes-, y a la luz natural, algunos estuvieron expuestos a iluminación artificial continua. Además, se les denegó acceso a material de lectura.
Según la información recabada, las personas detenidas en relación con la crisis de derechos humanos que inició en 2018 reciben un trato diferenciado, inflexible en comparación con el resto. Un ejemplo de esta discriminación política es la negación de visitas y la detención en régimen de incomunicación.
El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) anunció que, a solicitud del Gobierno, cerró su oficina en Nicaragua. El ACNUDH lamenta la solicitud del Gobierno que impidió al CICR llevar a cabo su labor humanitaria esencial in situ, en particular en relación con las personas privadas de libertad. La falta de independencia de la Institución Nacional de Derechos Humanos la hace incompatible con su función como Mecanismo Nacional de Prevención en virtud del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
En febrero de 2024, en sus observaciones finales sobre los informes periódicos séptimo a décimo combinados de Nicaragua, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer expresó su preocupación por la violencia de género, el aislamiento y las malas condiciones de detención de las mujeres, incluido el hacinamiento, la infraestructura penitenciaria inadecuada para las mujeres y sus hijos y el acceso limitado a agua potable y a productos de higiene y atención sanitaria adecuados.
El Comité tomó nota con preocupación de los informes sobre el trato degradante que recibían las mujeres lesbianas, bisexuales y transgénero detenidas, y de que las mujeres transgénero a menudo eran recluidas en centros de detención para hombres.
En abril de 2024, en sus observaciones finales sobre los informes inicial y segundo combinados de Nicaragua, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad expresó su preocupación por las denuncias de agresiones y violencia sexual en los centros de detención, con una incidencia especialmente alta entre las mujeres detenidas y su repetición durante todo su cautiverio. Señaló que las condiciones de detención de las mujeres se caracterizaban por el uso de la violencia sexual y la violencia de género, incluidas las amenazas de muerte o de quitarles a sus hijos, la privación de medicamentos y productos de higiene necesarios, el trabajo forzoso, la desnudez forzada, las amenazas de violación, el abuso sexual y la violación.
También expresó preocupación por la falta de datos estadísticos oficiales desglosados sobre la población carcelaria, lo que da lugar a una falta de información sobre cuántos hombres y mujeres con discapacidad han sido detenidos por razones políticas.
El organismo de derechos humanos ha documentado la falta de atención médica adecuada en los centros de detención, en particular para las personas mayores o para quienes padecen enfermedades crónicas. Según informes de sociedad civil, 18 detenidos en relación con la crisis de derechos humanos son adultos mayores de 60 años, muchos de los cuales padecen enfermedades crónicas, como diabetes, gastritis crónica, hipertensión, asma y problemas intestinales. Además de no recibir un tratamiento médico adecuado, los detenidos a menudo no reciben la dieta que requieren sus enfermedades, lo que conduce a un mayor deterioro de su salud. Las mujeres detenidas se vieron particularmente afectadas por la falta de atención médica adecuada.
El ACNUDH no pudo documentar ningún caso en el que las autoridades les ofrecieran servicios de atención médica preventiva a mujeres detenidas arbitrariamente en relación con la crisis de 2018, como pruebas de Papanicolaou y detección de cáncer de mama y ginecológico, a pesar de que se ofrecen regularmente en programas masivos de alcance comunitario en todo el país.
Cinco titulares de mandatos de los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos expresaron su preocupación por el hecho de que un detenido habría sido sometido a desaparición forzada durante un período de 49 días y privado de acceso a medicamentos. El ACNUDH documentó que a un familiar de esta persona se le prohibió volver a entrar al país tras un viaje al exterior, lo que le impidió realizar más visitas a la persona detenida y la desarraigó de su vida en Nicaragua.
Al menos tres personas detenidas informaron que sufrían una depresión grave, incluidos pensamientos suicidas. A pesar de sus solicitudes, ninguna de ellas recibió un tratamiento psicológico adecuado. El 16 de febrero de 2024, Douglas Pérez Centeno fue extraditado de Costa Rica a Nicaragua. Desde entonces se encuentra recluido en régimen de incomunicación y existen razones fundadas para creer que puede estar sufriendo severos malos tratos o tortura debido a su conocido perfil de activista antigubernamental. En un caso similar, el Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes instó a que se hiciera una evaluación individualizada exhaustiva del riesgo que el detenido pueda sufrir tortura en Nicaragua en caso de ser extraditado.
Tamara Morales Orozco 
Cristhian Alvarenga 
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