El ambientalista Amaru Ruiz, presidente de la Fundación del Río, denunció desde su exilio en Costa Rica, el asesinato de Roy Dilson Devis Blandón, un joven mayangna de la comunidad Betlehem, municipio de Rosita, en el Caribe Norte de Nicaragua.
Según la denuncia, el crimen fue perpetrado el pasado domingo por dos colonos armados, identificados por los comunitarios como Lesly Miranda y Oscar David González, quienes interceptaron a la víctima mientras se dirigía a la comunidad vecina de Biltingni.
Testimonios de los pobladores indican que el asesinato podría estar relacionado con las denuncias que Devis Blandón había realizado contra las invasiones de colonos en territorios indígenas. A pesar de que las autoridades habían recibido denuncias previas contra los sospechosos, no se tomaron medidas para prevenir la violencia.
La invasión de colonos armados en territorios indígenas es un problema creciente en el Caribe Norte, región que representa un bastión de la cultura indígena nicaragüense. Estas comunidades, históricamente marginadas por el Estado, luchan por preservar su idioma, creencias, instituciones políticas y derechos territoriales. Sin embargo, desde 2018, la situación se ha deteriorado drásticamente, con desplazamientos masivos, asesinatos, violaciones y saqueos, lo que organizaciones como Raza e Igualdad han calificado como un riesgo de etnocidio.
De acuerdo con informes recientes de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y Fundación del Río, solo en el primer semestre de 2024 se registraron 643 violaciones de derechos humanos en 52 comunidades del Caribe Norte. Estas afectaron a 682 personas, incluyendo casos de criminalización de defensores del medio ambiente y líderes indígenas. Entre ellos, 37 guardabosques han enfrentado juicios injustos, mientras que ocho guardabosques mayangna han sido condenados ilegalmente: cuatro a cadena perpetua y otros cuatro a 25 años de prisión.
Las comunidades indígenas, como Betlehem y otras 304 comunidades más en el Caribe Norte, siguen siendo vulnerables debido al incumplimiento del Estado en la implementación del saneamiento de tierras ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH). Este incumplimiento ha permitido que la violencia y las violaciones sistemáticas de derechos humanos persistan sin consecuencias.
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Tamara Morales Orozco 