La Asociación Mujeres Constructoras de Condega (AMCC) rompió el silencio este pasado 26 de marzo para denunciar ante la comunidad nacional e internacional lo que califican como un uso ilegítimo y arbitrario de sus propiedades por parte del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
A través de un pronunciamiento, la organización feminista condenó la reciente inauguración de un recinto universitario en las instalaciones que les fueron arrebatadas por la fuerza en julio de 2023, en el municipio de Condega, Estelí.
El pasado 14 de marzo, el régimen inauguró en dicho inmueble un centro de estudios bajo el programa de Universidad en el Campo. Para la AMCC, este acto no representa un avance en la educación del país, sino un intento deliberado de normalizar el despojo y borrar la memoria de un proyecto colectivo que nació en 1993 que durante más de tres décadas, este espacio sirvió como un espacio de formación técnica y refugio para mujeres y jóvenes de zonas rurales, construido con el esfuerzo de la comunidad y el apoyo de redes de solidaridad internacional.
La organización denunció que la instrumentalización de la educación para legitimar la violencia institucional es una práctica sistemática de control político. En su mensaje, las mujeres de la AMCC sostuvieron que, aunque el régimen cambie el nombre del lugar, pinte la fachada o coloque nuevos rótulos, el esfuerzo colectivo de décadas permanece intacto en la memoria del pueblo. A la vez, reafirmaron su convicción de que Nicaragua volverá a ser libre y que los bienes confiscados bajo la actual administración serán reconstruidos por quienes hoy sufren el desplazamiento y el robo de su patrimonio.
Un patrón de despojo y contradicciones diplomáticas
El asalto contra la Asociación Mujeres Constructoras de Condega no es un hecho aislado, sino que forma parte de una política de Estado diseñada para desarticular a la sociedad civil independiente de Nicaragua. Desde el estallido social de 2018, se ha cancelado la personería jurídica a más de cinco mil organizaciones no gubernamentales, apropiándose de sus edificios, vehículos y cuentas bancarias sin procesos legales transparentes. Este patrón ha golpeado con especial saña a colectivos feministas, centros de derechos humanos y medios de comunicación, cuyas sedes han sido convertidas en centros de salud u oficinas gubernamentales para exhibir una falsa utilidad pública sobre bienes robados.
Paradójicamente, mientras a nivel interno el régimen erradica el espacio asociativo y confisca propiedades de las ONG, en el ámbito internacional busca mantener espacios de incidencia en esta materia. Precisamente el pasado 8 de abril de 2026, Nicaragua fue reelecta por aclamación como Miembro del Comité de Organizaciones No Gubernamentales del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC) para el período 2027–2030 según ha publicado el Canal Parlamentario y Radio 580 en sus cuentas de Facebook. Esta elección ocurrió en la sede de la ONU en Nueva York, bajo la presidencia de Argelia, contando con el respaldo de los Estados Miembros en el marco del grupo regional de América Latina y el Caribe (GRULAC), resultando electa junto a países como Cuba y México.
Esta dualidad expone una profunda contradicción: el Estado nicaragüense asume un rol para supervisar y acreditar a organizaciones no gubernamentales ante las Naciones Unidas, mientras en su propio territorio mantiene una persecución implacable contra organizaciones históricas como la AMCC. Para las personas defensoras de derechos humanos, esta presencia internacional es utilizada por el régimen para intentar lavar su imagen y bloquear el escrutinio sobre el cierre total de los espacios democráticos en el país.
Foto portada: Havana times
