Redacción AP
Amnistía Internacional (AI) denunció que periodistas, y personas defensoras de derechos humanos así como profesionales de la salud en Nicaragua, «siguieron enfrentándose a un entorno hostil» en 2021, y que la dictadura de Daniel Ortega encarceló «arbitrariamente» a algunos de ellos.
En el documento, la organización defensora de derechos humanos recordó que en mayo pasado el régimen de Ortega-Murillo abrió una investigación sobre la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, dedicada a la protección y promoción de la libertad de prensa y de expresión, por acusaciones relacionadas con blanqueo de dinero.
Por ese caso, las autoridades mantienen bajo custodia a la directora ejecutiva de la Fundación, la periodista Cristiana Chamorro, que la semana pasada fue condenada a ocho años de prisión.
Amnistía Internacional anotó que las sedes de la revista Confidencial y el programa de televisión Esta Semana fueron allanadas en mayo, y que su director, Carlos Fernando Chamorro, se vio obligado a exiliarse de nuevo.
Por otro lado, «en agosto, el periódico La Prensa fue objeto de un allanamiento y sus bienes quedaron confiscados. Su gerente (Juan Lorenzo Holmann) fue detenido (y declarado culpable) por cargos relacionados con el blanqueo de dinero», apuntó.
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En tanto, los periodistas Miguel Mora y Miguel Mendoza fueron encarcelados en junio y condenados por delitos considerados de «traición a la patria».
«Durante el año (2021), el entorno hostil y los ataques permanentes de las autoridades provocaron que varios periodistas huyeran del país», advirtió.
Además, las instalaciones del Canal 100% Noticias siguen ilegalmente ocupadas por el Estado desde diciembre de 2018.
El organismo internacional advirtió que «las detenciones arbitrarias seguían formando parte de la estrategia de represión del Gobierno» y que hasta diciembre pasado permanecían en prisión 160 personas «detenidas exclusivamente por ejercer sus derechos desde que comenzaron las protestas de 2018».
Actualmente, según un Mecanismo de Reconocimiento, que avala la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en Nicaragua hay al menos 179 presos políticos.
Amnistía Internacional recogió denuncias sobre las «condiciones de reclusión precarias» en las que se encuentran los encarcelados, los malos tratos, el régimen de incomunicación, y que algunas de las mujeres detenidas en 2021 «habían sido arrestadas con violencia, en ocasiones delante de sus hijos, y permanecían recluidas en condiciones muy precarias».
En el informe la organización también denunció que los pueblos indígenas siguieron «soportando violencia», y que las autoridades no proporcionaron «información precisa sobre la pandemia de la covid-19».
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