Azahálea Solís, jurista feminista e integrante del Movimiento Autónomo de Mujeres, MAM, afirmó en una entrevista con Agenda Propia Nicaragua que la reciente propuesta de reforma de la Ley Electoral es «un mamotreto, una aberración jurídica y política absoluta». Solís sostiene que el eje de esta reforma es la consolidación de un «Estado totalitario, patrimonialista, familiar y personal de Ortega y Murillo sobre Nicaragua y su sistema completo».
La abogada asegura que este proceso de legalización del totalitarismo comenzó en 2007, buscando «dar una connotación de ley a cuestiones de hecho». Según ella, el punto culminante fue la «demolición del Estado», que se inició en 2009 cuando la Corte Suprema de Justicia otorgó la reelección a Daniel Ortega. «A partir de esa reelección, se empezaron a destruir los cimientos democráticos de Nicaragua», proceso que continuó en 2011 con una «elección ilegal», la Ley 840 de concesión canalera y la elección de la esposa de Ortega como vicepresidenta en 2016. Para la jurista, este proceso «anómalo y violatorio de todo» busca «constitucionalizar la dictadura y el totalitarismo».
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Otro punto crítico señalado por Solís es la reforma del Artículo 92 de la Constitución Política, que reconoce a las fuerzas militares de reserva patriótica como «voluntarios» con derecho a portar armas para «proteger la nación». La jurista denuncia que «Ortega y Murillo legalizan fuerzas paramilitares y parapoliciales», grupos que, según ella, están destinados a «defender a la familia despótica y tiránica Ortega-Murillo». Además, critica la participación del Ejército en actos de violencia y represión contra civiles, subrayando que estos grupos armados estarán bajo su coordinación.
«Hay conceptos como que no deberían haber más fuerzas armadas que las que dice la Constitución. Entonces ellos están dándole un carácter superior a esta muy claramente fuerza destinada a la violación y a anular y perseguir los derechos de las personas en Nicaragua», concluyó Solís.
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Tamara Morales Orozco 