La reciente oficialización de la cancelación del Movimiento Semilla por parte del Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral (TSE) ha provocado reacciones sobre el estado de la institucionalidad en Guatemala. Para la activista exiliada Carmen Rosa de León Escribano, esta decisión no constituye un simple trámite administrativo, sino que representa un quiebre democrático que altera la lógica del sistema al anular una fuerza política que resultó ganadora en las urnas. «Cancelar un partido que gana las elecciones después del evento electoral rompe la lógica democrática».
De León Escribano señala que lo ocurrido con la formación oficialista es jurídicamente muy grave, fundamentando su postura en que se intentó suspender la personalidad jurídica del partido durante el proceso electoral. Según detalla Carmen, la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) prohíbe esta acción de forma expresa, estableciendo que «desde la convocatoria a elecciones hasta su finalización ningún partido puede ser suspendido o cancelado», sostiene.
Al ignorar estas prohibiciones mediante procesos penales impulsados por el Ministerio Público (MP), se ha alterado en la práctica el marco constitucional del proceso electoral. De León enfatiza que cuando las investigaciones del MP provocan decisiones que «contradicen directamente las prohibiciones de la ley electoral, el problema deja de ser jurídico y se convierte en una violación al orden constitucional». Dentro de estas acciones, califica como la más grave el allanamiento del TSE y el «secuestro de los votos emitidos», lo que constituye una «injerencia indebida en la autoridad electoral».
El mensaje que se envía a la ciudadanía con estos hechos es calificado por la activista como «muy peligroso», pues sugiere «que el voto ciudadano puede ser revisado o neutralizado después de las urnas». Esto debilita profundamente la institucionalidad democrática al introducir la idea de que la competencia política no se decide solo en las elecciones, «sino también en los tribunales». Para De León, el precedente que se está creando es incluso «más grave que el caso Semilla» , ya que «si hoy se puede cancelar o suspender a un partido después de un proceso electoral, mañana cualquier fuerza política que resulte incómoda para ciertos intereses podría enfrentar el mismo destino», sostiene.
Esta situación genera una incertidumbre total para los actores políticos y para los votantes, debido a que la estabilidad del sistema electoral «deja de depender de las reglas y empieza a depender de quién controla las instituciones». Un efecto especialmente preocupante es el debilitamiento del Tribunal Supremo Electoral; cuando las decisiones que afectan a los partidos se toman desde otras instancias judiciales o penales, «se reduce la autoridad del órgano electoral» , que es el árbitro esencial del sistema.
La activista advierte que si esta situación no se corrige, el próximo proceso electoral en Guatemala podría iniciar bajo un «clima de desconfianza institucional». Lo ocurrido no puede entenderse como hechos aislados, sino como un patrón de captura institucional donde instituciones que deberían garantizar la legalidad «terminan utilizándose para alterar el equilibrio democrático y preservar determinados intereses de poder». El riesgo inminente es que la política deje de resolverse en las urnas y pase a resolverse en los tribunales, abriendo la puerta a que «las disputas políticas se trasladen del voto ciudadano a la acción penal».
