Redacción AP
Este martes 19 de abril a las 18:30 hora local, inició la proyección del documental ´Nicaragua, patria libre para vivir´ en Casa de América en Madrid, con motivo del cuarto aniversario de la insurrección cívica y pacífica de abril 2018 en Nicaragua. En el film del periodista español Daniel Rodríguez Moya, se muestran los testimonios que configuran las caras de la insurrección popular que ha apostado por la vía pacífica, una Nicaragua que busca justicia, libertad y democracia.
El documental, que lleva un año girando por Europa y Latinoamérica, obtuvo el Premio del Festival Internacional de Cine Invisible de Bilbao en la categoría de Derechos Humanos. En el acto, coorganizado por la Asociación Nicaragua Libre, intervendrán, además del director de la película, la escritora nicaragüense Gioconda Belli, exiliada en España, y el escritor y ensayista gallego Manuel Iglesias Caruncho.
Al evento se ha invitado públicamente a la comunidad nicaragüense en Madrid, españolas y españoles, así como personalidades del mundo de la política, la cultura, la cooperación, ex diplomáticos, entre otros. El evento generó tal expectación que la concurrencia ha sido mayor al número de entradas disponibles en Casa de América, por lo que hubo gente que se quedó sin poder lograr una butaca.
El 10 de marzo de 2022 el gobierno de Nicaragua ordenó el retiro de sus funciones de su embajador en España, Carlos Midence, debido «a las continuas presiones y amenazas injerencistas» en su contra, «que hacen imposible el ejercicio de la labor diplomática».
A través de un comunicado informó que «el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de la República de Nicaragua, a través de su Ministerio de Relaciones Exteriores, comunica a esa Cancillería del Reino de España, su decisión de retirar de funciones al embajador Carlos Midence», detalló el Ministerio de Relaciones Exteriores.
La decisión «responde a las continuas presiones y amenazas injerencistas sobre nuestro embajador, que hacen imposible el ejercicio de la labor diplomática», sostuvo cancillería.
La relación diplomática entre España y Nicaragua han hecho imposible el regreso a Managua a la embajadora española María del Mar Fernández-Palacios, por las críticas del Gobierno español a las violaciones a los derechos humanos cometidas por el régimen Ortega-Murillo.
A cuatro años de la insurrección cívica y pacífica la demanda continúa siendo la liberación de las más de 170 personas presas políticas que el régimen mantiene en las cárceles de Nicaragua. Todas estas personas mayoría corre riesgo de muerte. El General de Brigada en retiro Hugo Torres ex combatiente sandinista murió en manos de la Policía estando detenido arbitrariamente.
La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo continúa cercenado los derechos humanos y garantías constitucionales a la población nicaragüense. Allanamientos, arrestos domiciliarios, inhibiciones y comparecencias ante la Fiscalía al servicio de la dictadura ha sido la tónica desde abril 2018 contra quienes se oponen a su mandato. Casi 200 mil nicaragüenses han salido al exilio para preservar sus vidas entre ellos, más de 120 periodistas, quienes se han visto obligados a abandonar Nicaragua tras agresiones y ataques de parte de la Policía y paramilitares.
Fuentes en Costa Rica dijeron a Agenda Propia que alrededor de 180 mil nicaragüense han llegado al país huyendo de la represión, el asedios, los hostigamientos y por la crisis económica que asfixia a las familias nicaragüenses.
Por otro lado, el régimen Ortega Murillo ha cancelado la personería jurídica de casi cien organizaciones de sociedad civil entre nacionales e internacionales. A partir de mayo del 2021, el régimen incrementó la persecución a 7 candidatos presidenciales – para de esa forma garantizar su reelección a pesar del rechazo de la mayoría de nicaragüenses-, periodistas, defensores de derechos humanos, activistas y cualquier persona que expresara una opinión contraria.
Cada una de las detenciones ilegales que se han llevado a cabo en los últimos años en Nicaragua están llenas de graves violaciones a los derechos humanos, como el uso desproporcionado de la fuerza durante la captura, detenciones por policías y paramilitares sin orden judicial, desapariciones forzadas por ocultamiento de paradero, incumplimiento de los plazos de acusación y presentación, recursos de exhibición personal declarados sin lugar, negación de información a familiares y defensores, sustracción natural del juez y aplicación desigual de la ley así como procedimientos penales sin las mínimas garantías establecidas en el Código Penal.
Las personas presas políticas continúan detenidas en distintos centros penitenciarios como las cárceles de El Chipote y La Modelo, convertidas en centros de torturas. Los prisioneros políticos están sometidos a torturas, tratos crueles, inhumanos, y degradantes; recluidos en condiciones de máxima seguridad, aislamiento y castigo con acceso restringido al sol.
El documental ‘Nicaragua, patria libre para vivir’ muestra la saña y la crueldad con que el régimen Ortega-Murillo quiso acallar las voces de quienes protestaban porque en el país se restablecieran las libertades democráticas ante la deriva autoritaria que la pareja dictatorial ha llevado al país desde que llegaron al poder.
El film que lleva ya un recorrido exponiéndose en distintas ciudades españolas, europeas y de América Latina, fue filmado en 2018, cuando habían pasado apenas cuatro meses desde que en Nicaragua una insurrección popular sin precedentes desde 1979 pusiera en jaque al gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, convertido en una dictadura de facto.
En la película interviene el poeta y sacerdote, también Ministro de Cultura en los primeros años de la revolución sandinista Ernesto Cardenal, fallecido en 2020, el escritor y ex vicepresidente del gobierno de Nicaragua Sergio Ramírez, el cantautor Carlos Mejía Godoy, la escritora Gioconda Belli, así como algunas figuras claves en estas revueltas como Francisca Ramírez, líder campesina; el líder estudiantil Lesther Alemán, o el obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez, que fue apartado del país por el Papa Francisco ante las amenaza que corría su vida, y que está considerado por muchos como un nuevo Monseñor Romero.