Catorce días ha transcurrido desde que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo iniciaran en todo el país el Censo Nacional de Población 2024, en el que miles de militantes sandinistas bajo acompañamiento policial, han entrevistado de casa en casa a las familias para recabar datos cruciales de la población y sus condiciones de vida en todo el país centroamericano.
Este censo se realiza con un retraso de nueve años, se convierte en un hito crucial en medio de un contexto de creciente desconfianza y suspenso por parte de la población a tal grado que la dictadura ha tenido que publicar anuncios invitando a la población a dar información con confianza.
El último censo en Nicaragua tuvo lugar en 2005 bajo el Gobierno de Enrique Bolaños, y según los estándares técnicos, el siguiente debía haberse realizado en 2015 bajo el mandato de Daniel Ortega. Sin embargo, «diversas razones» han retrasado esta importante tarea, incluyendo la crisis política que ha sacudido al país desde 2018 y la pandemia de Covid-19.
“Este censo se debería de presentar como una oportunidad única para obtener datos precisos de la población nicaragüense, su distribución geográfica, sus condiciones de vida y otros aspectos relevantes, pero no será así, lo han diseñado para obtener análisis políticos que al gobierno le interesa”, afirma una extrabajadora del Instituto Nacional de Información de Desarrollo, INIDE, bajo condición de anonimato.
El censo aborda datos demográficos básicos hasta detalles de las condiciones de vida de los hogares nicaragüenses. Entre las preguntas que la población está respondiendo incluyen aspectos como el género, la edad, el estado civil, el nivel de escolaridad, los idiomas hablados en el hogar, las condiciones de la vivienda, el acceso a servicios básicos como agua, energía y saneamiento, así como la migración y las remesas.
El INIDE no ha revelado el proceso del censo o sus detalles. Sin embargo, sí ha recomendado que debe ser respondido por una persona adulta de la vivienda, idealmente la que tenga la información de toda la familia y las condiciones del hogar.
En censo anteriores, como el de 2005, al finalizar el cuestionario en un hogar, las autoridades colocaban un sticker o calcomanía, indicando que la vivienda ya había sido censada. En esta ocasión, aún se desconoce públicamente cómo se confirmarán o no los lugares que ya fueron censados.
En los medios de propaganda orteguista, el Inide ha insistido que la información del censo “será usada solamente para fines estadísticos”. Aseguran que se puede facilitar la información de manera «sencilla y confiable», y que «toda la información quedará almacenada y protegida por el Inide».
Empadronadores junto a policías durante la prueba piloto del censo nacional en La Trinidad, Estelí, entre octubre y noviembre de 2023.
El secretismo de la información de la dictadura predomina en la planificación de este Censo de Población y Vivienda y el Censo Nacional Agropecuario, que se realizará después. Se desconoce cuál es su costo, de dónde saldrán los fondos y cómo se financiará. Los censos anteriores se han hecho con Cooperación Internacional.
El único dato que se conoce es que el Inide desembolsará 92.9 millones de córdobas en los salarios de 9019 empleados temporales, según calculó CONFIDENCIAL, basándose en la información publicada en las convocatorias de empleos.
En todas las alcaldías del país y los distritos de Managua se establecieron oficinas del Censo Nacional de Población, donde se coordinaron las contrataciones y se capacitaron a los empleados temporales y personal municipal de apoyo, pese a que el Presupuesto General de la República de 2024 no establece una partida específica para los censos, y tampoco lo contemplan los fondos asignados al Instituto Nacional de Información de Desarrollo (Inide).
Patricia Orozco 
Tamara Morales Orozco 