Por María Gómez Mejía
**** Comunidad internacional también señala que acusaciones contra la UCA son “infundadas” y que no se está respetando el derecho a la liberta y el derecho humano universal a la educación.
La mañana de este 16 de agosto, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, consumó la confiscación de facto de la Universidad Centroamericana (UCA) por medio de un oficio enviado por el juzgado Décimo Distrito Penal de Audiencias Circunscripción Managua, a cargo de la jueza Gloria María Saavedra Corrales, en la que se le informó a las autoridades educativas una supuesta investigación por “terrorismo”; además, de ordenar la confiscación de los bienes materiales y económicos de la misma.
En un comunicado emitido por esta alma máter notificaron a sus colaboradores y estudiantes que a partir de este miércoles se suspendían todas las actividades académicas y administrativas “hasta que sea posible retomarlas de manera ordinaria, lo cual será informado a través de los canales de comunicación oficiales de la Universidad”.
De igual manera, la UCA calificó los señalamientos de la dictadura Ortega-Murillo como “infundados” ya que se les acusa de haber funcionado “como un centro de terrorismo, organizando grupos delincuenciales”.
Ante esta acción represiva, tanto la comunidad internacional, estudiantes y exalumnos, condenaron esta violación al derecho a la educación de los nicaragüenses y reafirmaron su rotundo apoyo los miembros del equipo académico.
Tal fue el caso de la Provincia Centroamericana de la Compañía de Jesús (Jesuitas Centroamérica) que bajo el lema “La verdad los hará libres (Juan 8, 32)” declaró, por medio de una misiva, que el embargo de la casa de estudios fue el precio que se tuvo que pagar por “la búsqueda de una sociedad más justa, proteger la vida, la verdad y la liberta del pueblo nicaragüense”.
Enfatizaron que “esta nueva agresión gubernamental en contra de la universidad no es un hecho aislado; forma parte de una serie de ataques injustificados en contra de la población nicaragüense y de otras instituciones educativas y sociales de la sociedad civil que están generando un clima de violencia e inseguridad y agudizando la crisis sociopolítica del país”.
Incertidumbre en universitarios
Otra de las denuncias que circula en las redes sociales es la inseguridad a la que se han expuesto cientos de jóvenes, que desde tempranas horas la mañana hacen filas en el registro académico de la UCA, temerosos de las consecuencias que tendrán esta acción represiva en su futuro académico.
La Plataforma de Unidad por la Democracia (PUDE) se solidarizó con los y las estudiantes que estaban cursando su carrera porque ahora se encuentran en un limbo académico, ya que el régimen envió a desmantelar sus infraestructuras.
PUDE hace un llamado a la comunidad internacional para no dejar pasar por inadvertido el hecho y tomar cartas en el asunto.
“Reiteramos de manera enfática que el derecho a la educación es innegablemente un derecho humano, que abarca facetas a nivel civil, político, económico, social y cultural. Su propósito radica en el completo desarrollo de la individualidad y el fortalecimiento del respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales”.
Opositores y religiosos denuncia intento de controlar sistema educativo
Tanto los grupos opositores, movimientos políticos y religiosos denuncian que el objetivo de la pareja Ortega y Murillo es mantener el control total sobre el sistema educativo nacional para aplacar “el espíritu de rebeldía” de la juventud nicaragüense que cada día muestra un total rechazo ante tantas arbitrariedades.
La Unión Democrática Renovadora (Unamos) resaltó que el daño que los dictadores le hacen al país es “inmenso y sus consecuencias se dejarán sentir por muchísimo tiempo, pero a los Ortega Murillo no les importa otra cosa que mantenerse al poder y garantizar la sucesión dinástica sin sobresaltos”.
Pese a este otro tipo de represión detallaron que no podrán aplastar la trayectoria de la lucha y rebeldía estudiantil.
Monseñor Silvio Báez, quien desde 2019 se encuentra en el exilio por amenazas de muerte, etiquetó como indignante tal injusticia.
«Indignante la injusta e ilegal confiscación de la UCA de parte de la dictadura sandinista. Demuestran así su desprecio por la libertad intelectual, la educación de calidad y el pensamiento crítico. Cada día se hunden más en su irracionalidad, su maldad y su miedo», dice textualmente el comentario del religioso ante la toma de la universidad Jesuita.
Lugo de hacer oficial la confiscación de la UCA decenas de antimotines y camionetas de la Policía Nacional (al servicio de la dictadura) se apostaron en la entrada de dicha universidad, donde en 2018 cientos de universitarios se protegían de los ataques de grupos paramilitares y de la Policía Nacional.
Patricia Orozco 
Tamara Morales Orozco 