Redacción | Agenda Propia Nicaragua
Un juzgado de la ciudad de Florencia, en Colombia, condenó a 32 años de prisión a Manuel Ranoque, padre y padrastro de los cuatro niños que en 2023 lograron sobrevivir durante 40 días en la selva amazónica tras un accidente aéreo que le costó la vida a su madre y al piloto de la avioneta en la que viajaban. La sentencia responde a su responsabilidad penal en delitos de abuso sexual contra una de las menores, hechos que habrían ocurrido entre 2020 y 2023.
La historia de los hermanos —de 13, 9, 4 y 1 año— conmovió a la región y al mundo luego de ser hallados con vida en la profundidad de la selva del Apaporis, gracias a una operación conjunta entre militares e indígenas conocida como “Operación Esperanza”. Sin embargo, detrás de esta historia de resistencia infantil, emergieron denuncias graves de violencia intrafamiliar.
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) asumió la protección de los menores una vez fueron rescatados y decidió separar a Ranoque de cualquier contacto con ellos. Según reportes de la Fiscalía colombiana, la niña mayor (13) habría denunciado que sufrió abusos sexuales por parte del padrastro en un resguardo indígena en Solano, departamento de Caquetá.
Aunque durante la búsqueda de los niños Ranoque se presentó ante los medios como un padre angustiado —y se refirió a los cuatro como sus hijos, pese a ser el padre biológico solo de los dos menores—, su relación con ellos cambió tras el rescate. Fueron los abuelos maternos quienes alertaron a las autoridades sobre los presuntos maltratos físicos y sexuales que sufrían los menores, así como la violencia que ejercía contra su madre, quien falleció en el accidente.
En julio pasado, el juzgado lo declaró culpable de los delitos de acto sexual con menor de 14 años y acceso carnal violento, ambas conductas agravadas. Según la Fiscalía colombiana, entre 2020 y 2023 el hoy sentenciado no solo agredió sexualmente a la menor, sino que además la intimidó para que no denunciara los abusos.
La pena ahora establecida deberá cumplirse en un centro penitenciario. Sin embargo, se trata de una sentencia en primera instancia y todavía es posible que la defensa interponga recursos legales.
Este caso ha puesto nuevamente en el centro del debate la situación de protección a la niñez en comunidades indígenas y rurales de América Latina, donde factores como el aislamiento, la violencia estructural y la falta de acceso a la justicia dificultan la denuncia y la atención adecuada a víctimas de violencia sexual.
Foto portada: Tomada de internet
María Gómez Mejía 
Tamara Morales Orozco 