En lo profundo de muchos barrios y cocinas de hogares centroamericanos en Estados Unidos, se escucha el eco de tiempos remotos: aquel octubre de 1998 cuando el huracán Mitch devastó la región, dejando una huella imborrable. El desastre dejó en Nicaragua unas cuatro mil muertes, mientras que en Honduras fueron casi siete mil y decenas de miles desaparecidos. En medio del dolor, Estados Unidos extendió un salvavidas: el Estatus de Protección Temporal (TPS por sus siglas en inglés).
Aprovechando dicha oportunidad, Leonel se acogió a junto a miles de nicaragüenses a quienes se les concedió los documentos pertinentes para trabajar legalmente. Leonel constituyó una familia, ahorró e invirtió en propiedades en la ciudad de León, occidente de Nicaragua. Cuenta que actualmente puede viajar a su país de origen porque es ciudadano estadounidense. “Guardo la medidas de seguridad y no me meto en política, porque si no me niegan la entrada. En eso hay que tener cuidado” afirma quien no ha sufrido la persecución de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, en los últimos siete años.
Para familias como la de Leonel, el TPS fue mucho más que un documento, fue un puente hacia una vida posible.
En 60 días se cancelará el TPS
Sin embargo, el pasado 7 de julio de 2025 el gobierno estadounidense canceló el TPS. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha dicho que las condiciones en Nicaragua y Honduras han mejorado lo suficiente como para que sus ciudadanos regresen, así los beneficiarios quedan expuestos a la deportación si no cuentan con alguna otra protección. La secretaria del DHS, Kristi Noem, confirmó la cancelación del TPS para los dos países centroamericanos. Según el DHS, “las condiciones en Nicaragua ya no cumplen los requisitos legales para el TPS”, pues ahora sería “seguro” regresar. La decisión se formalizará 60 días después de su publicación, con efecto el 8 de septiembre de 2025.
En 2023, bajo la presidencia de Joe Biden se renovó el TPS para Honduras y Nicaragua, al argumentar que los efectos del huracán Mitch eran evidentes en los dos países, agregando la crisis política y los efectos de otros desastres naturales.
Sin embargo, el DHS sostiene que el estatus temporal “no fue diseñado para durar un cuarto de siglo”. Desde el huracán Mitch en noviembre 1998, los estatus se mantuvieron hasta septiembre de 2025, fieles a su propósito original. La secretaria de Seguridad Nacional, manifestó que después de consultar con colaboradores interinstitucionales, «las condiciones en Nicaragua ya no cumplen con los requisitos legales para TPS». La decisión se basa en la evaluación que hizo el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos sobre las condiciones en Nicaragua y en consulta con el Departamento de Estado, por lo cual Noem determinó que, como ha mejorado la situación del país, «las personas nicaragüenses pueden regresar a su país de forma segura”.
Departamento de Seguridad Nacional (DHS): Después del 8 de septiembre de 2025, los nacionales de Nicaragua (y los extranjeros sin nacionalidad cuya última residencia habitual haya sido Nicaragua) a quienes se les haya concedido el TPS bajo la designación de Nicaragua ya no lo tendrán… La designación de Nicaragua para el TPS queda terminada, a partir de las 11:59 p.m., hora local, del 8 de septiembre de 2025.
Pero aquí reside la paradoja: lo “temporal” se convirtió en hogar, lo excepcional en rutina. De acuerdo al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, USCIS, el TPS otorgado a Honduras y Nicaragua, “nunca se pretendió que durara 25 años”. No obstante, durante este tiempo hay personas que han hecho familias, tienen hijos nacidos y criados en EEUU; sin embargo, no tienen otro estatus legal. Una gran cantidad ya son ciudadanos estadounidenses o están a punto de lograrlo porque sus hijos e hijas ya son mayores de edad. Pero hay quienes por desconocimiento o falta de recursos no han podido iniciar el proceso de residencia permanente.
El periodista Anibal Palacios exiliado en EEUU, señala que “quienes no están legales, es falta de interés, por no invertir o porque muchos creyeron que se iba a renovar como había ocurrido durante distintos contextos en Nicaragua. Principalmente después de 2018, cuando en el país se agravó la crisis política. Ahora que hay una presidencia más cerrada y decidida a acabar con muchos estatus legales, existe la preocupación de nicaragüenses porque se mirarían en la obligación de llegar a un territorio donde no han estado conectados durante dos décadas”, dice.
El cierre del TPS encaja en una estrategia del gobierno Trump de eliminar estatus temporales, tal como se intentó antes con haitianos, venezolanos y otros. El politólogo Manuel Orozco lo resume: “la suspensión del TPS… es consistente con la agenda… de eliminar en la medida de lo posible estadías temporales… De las cerca de 900.000 personas bajo el TPS, quedan pocos países protegidos por esa vía», ha explicado a la cadena de televisión alemana Deutsche Welle, el politólogo Orozco director del programa de Migración, Remesas y Desarrollo del Diálogo Interamericano.
Pero el impacto real no está en discursos: está en las historias personales. En la incertidumbre de quién cuidará a niñas y niños si los abuelos/abuelas o padres/madres deben regresar. En la frustración de quienes pensaron que ese estatus, ese esfuerzo, les daba el derecho a quedarse.
El TPS poco conocido por migrantes nicaragüenses
Cuando en 2018 la dictadura Ortega-Murillo masacró a la población nicaragüense, muchas personas migraron a otros países como Estados Unidos, presionados por la persecución. La mayor crisis migratoria ocurrió entre 2021 y 2023. Salieron por fronteras, con el Parole Humanitario y el programa Movilidad Segura, justificando su entrada a ese país. «La gente que entró no se apoyó en el TPS, porque no sabían o más bien porque lo más probable es que se apruebe un asilo político, después de la entrevista de Miedo Creíble, vienen los siguientes procedimientos… Hay que demostrar con pruebas que se necesita el asilo, de lo contrario también notificarán que debemos regresar”, dice Álvaro Canales beneficiario del Parole Humanitario, también cancelado por la administración de Trump.
A pesar de la decisión del presidente Donald Trump de cancelar el TPS, el Departamento de Estado de Estados Unidos había advertido a sus nacionales tomar en cuenta de viajar a Nicaragua, a través de Alertas de Viaje, la última anunciada el 13 de diciembre de 2024, alegando el riesgo de detención injusta de parte de las fuerzas policiales del régimen de Ortega y la atención limitada a asistencia médica, así como altos índices de criminalidad.
La historia del TPS no se lee en cifras ni normas, se escribe en primera persona: en manos de quienes que construyeron un país desde abajo, en rostros que esperaron una oportunidad y en familias que temen perder lo construido. La política puede hablar de “integridad del sistema”, pero detrás de esa retórica hay casas vacías, familias divididas y sueños que podrían desvanecerse después de 25 años de esperanza.