Continuará documentación y denuncia de actos de tortura en Nicaragua

Redacción AP

Representantes de organizaciones nacionales e internacionales expresaron que pese al ambiente de violaciones a derechos humanos que se vive en Nicaragua, continuarán documentando y denunciando actos de tortura en Nicaragua, pese a la falta de cooperación del Estado con las Naciones Unidas (ONU).

Tania Agosti, Asesora Legal en Ginebra para el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) recordó que, el pasado 14 de julio, el CAT convocó al Estado de Nicaragua para comparecer a la revisión en el marco de la Convención contra la tortura, y “no solo no asistió, sino que, en un episodio sin precedentes, acusó la falta de imparcialidad y objetividad del Comité para cuestionar sus informes e injerir en sus leyes”.

Agosti aseguró que la falta de compromiso del Estado de Nicaragua para cumplir a sus obligaciones internacionales ocurre en un contexto en el que se le acusa de “poner en marcha una política de detenciones arbitrarias contra cualquier tipo de oposición y mientras se reportan al menos 190 personas privadas de libertad por motivos políticos, en condiciones inhumanas donde existen claros indicios de tortura y violencia”.

Por su parte Olga Guzmán, consejera principal de Derechos Humanos para América Latina de la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT), este panorama es “muy desolador”, puesto que el Estado de Nicaragua no solo se resiste a acatar las recomendaciones de este Comité, tampoco acepta las visitas de otros órganos de las Naciones Unidas y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Juan Pablo Vegas, miembro del Subcomité para la Prevención de la Tortura de las Naciones Unidas y Relator para Nicaragua, remarcó que Nicaragua tiene “obligaciones ineludibles” en materia de prevención de tortura y su falta de cooperación forma parte de un patrón de comportamiento reiterado, sin embargo, “no es la primera vez que las Naciones Unidas (ONU) se topan con un gobierno que es renuente a cooperar”. Por ello, la ONU debe hacer todo lo que esté a su alcance “para mitigar la tremenda soledad y aprehensión que (…) las defensoras y defensores de los derechos humanos en Nicaragua sienten hoy en día, así como para contribuir a mejorar las condiciones de las personas privadas de libertad en este hermano país, conforme a los estándares internacionales”.

Alexandra Salazar, Coordinadora de la Unidad de Defensa Jurídica (UDJ), expuso que el “evidente incumplimiento del Estado”, la parcialidad del Sistema de Justicia Penal (Policía, Fiscalía, Poder Judicial y Sistema Penitenciario) y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, y la intencionalidad represiva orientada a la violación de los derechos de los ciudadanos nicaragüenses, ha quedado demostradas ante el CAT.

Estas instituciones han ejercido prácticas sistemáticas de tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanos y degradantes a través de la aplicación de la prisión preventiva, el régimen de aislamiento y castigo de manera generalizada contra personas privadas de libertad por motivos políticos, y por plazos superiores a los máximos permitidos en la legislación nicaragüense, indicó.

Mientras tanto Karina Sánchez de la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras) afirmó que “el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo ejerce sistemáticamente la violencia machista y patriarcal”, particularmente hacia mujeres que han alzado su voz para denunciar las múltiples violaciones de derechos humanos cometidas por el régimen.

Sánchez destacó que el Comité expresó preocupación por la alta incidencia de agresiones y actos de violencia sexual en casos de mujeres privadas de libertad por motivos políticos y por el encarcelamiento de mujeres trans en centros para varones. 

En este sentido, el CAT instó al Estado a adoptar medidas para cesar los actos de represión y violencia en contra de personas defensoras, e investigar de manera pronta, independiente y exhaustiva los actos de uso excesivo de la fuerza, tortura y malos tratos en el marco de las protestas iniciadas en abril 2018.