Redacción AP
La dictadura Ortega-Murillo sigue socavando la autodeterminación y la autonomía de los pueblos indígenas y afrodescendientes de Nicaragua, mediante la imposición de gobiernos comunales y territoriales “paralelos”, nombrados ilegítimamente ya que no se apega a las costumbres y tradiciones ni al Estatuto de Autonomía.
En un comunicado, Nora Newball Crisanto, coordinadora por ley del Gobierno Comunal Creole de Bluefields, sede del Gobierno Regional Autónomo del Caribe Sur, dijo que “estamos obligados a defender nuestros derechos comunales, cualquier elección comunal sin cumplimiento de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia y fuera del reglamento comunal es ilegal, aunque lo pretenda legitimar el Consejo Regional Autónomo del Caribe Sur o el mismo gobierno nacional, a como lo han hecho desde el 2014”.
El comunicado lo hicieron público justamente en momentos en los que la dictadura Ortega-Murillo ha emprendido una estrategia donde los gobiernos tradicionales están siendo despojados de su autoridad. En su lugar, se han instalado juntas directivas leales al partido de gobierno (FSLN) que responden a sus intereses partidarios. Para lograrlo, se han coludido todos los niveles de poder: el Gobierno Central, los gobiernos municipales y el Gobierno Regional que, a través del Consejo Regional, emite la certificación de los gobiernos comunales y territoriales, pasando por encima de la Ley 445 referida al Régimen de Propiedad Comunal de los Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas de las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica de Nicaragua y de los Ríos Bocay, Coco, Indio y Maíz y del Estatuto de Autonomía.
De acuerdo con fuentes consultadas, los gobiernos paralelos impulsan una agenda partidaria en detrimento del derecho a la autodeterminación y a la autonomía de las minorías étnicas. Más bien son utilizados para avalar proyectos extractivos, usurpar tierras, con lo cual la dictadura Ortega-Murillo justifica la aplicación de la normativa internacional requerida para los procesos de consulta previa, libre e informada.
“Los creoles somos una comunidad de orden y nadie está por encima de la ley. Si queremos desarrollo en nuestra comunidad debemos ser respetuosos de la ley. No permitan que la política, le quite la dignidad de ser hijos e hijas de esta comunidad” denuncia Newball en un comunicado en poder de Agenda Propia.
La Comunidad Negra Creole Indígena de Bluefields es la comunidad afrodescendiente más numerosa de Nicaragua. La mayor parte de su población está ubicada en el municipio de Bluefields.
Según datos del Instituto Nacional de Información de Desarrollo (INIDE) del año 2005 Bluefields tiene 35,242 habitantes, de los cuales el 25.9 por ciento se auto identifica como creole. No obstante, fuentes consultadas consideran que estos datos del INIDE están subestimados ya que en Nicaragua no hay acceso a información pública.
La comunidad afrodescendiente está localizada en los municipios de Bluefields, Kukra Hill, Rama, Nueva Guinea, Muelle de los Bueyes y el Ayote; y parte del departamento del Río San Juan.
La denuncia del Gobierno Territorial Creole data desde septiembre de 2014, cuando el régimen actual impuso el primer gobierno comunal paralelo a través del secretario político Johnny Hodgson, quien junto a las y los concejales regionales y municipales de la época, en alianza con pastores evangélicos que buscaban ayudas económicas, incentivaron e instalaron una junta directiva que responde -desde esa fecha- a los intereses partidarios del Frente Sandinista. Esto suscitó la reacción de la comunidad Creole, pero fueron intimidados, agredidos, desalojados de sus instalaciones y vapuleados por antimotines.
Patricia Orozco 
Tamara Morales Orozco 
Cristhian Alvarenga 