La directora para las Américas de Amnistía Internacional (AI), Ana Piquer, manifiesta que Daniel Ortega «utiliza todos los recursos a su disposición para continuar ejerciendo el control absoluto de todos los espacios sociales, suprimiendo cualquier voz disidente y criminalizando la defensa de los derechos humanos, bajo la mirada tibia de la comunidad internacional». Por lo que se hace imperativo que la comunidad internacional tome medidas urgentes, coordinadas y efectivas para garantizar los derechos humanos en Nicaragua y que su modelo represivo no continúe siendo un atractivo referente de impunidad para otros países en el continente, señala.
La crisis en Nicaragua continúa deteriorándose, mientras el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo instrumentalizan todas los Poderes e instituciones estatales para legitimar su agenda represiva y garantizar la impunidad de los crímenes de lesa humanidad. En ese contexto, detalla Amnistía Internacional, «cualquier forma de disidencia y ejercicio de libertades, ya sea política, social o religiosa, siguen siendo imposibles de ejercer sin represión estatal».
El cierre del espacio cívico y la profundización de las violaciones a los derechos humanos en el país, son parte de la ola represiva para silenciar cualquier voz disidente y actor social que cuestione a la dictadura. Sostienen que en las últimas semanas, «las autoridades han intensificado el uso de diversas tácticas represivas, como la cancelación de organizaciones sociales y la criminalización de voces disidentes, quienes luego de varios meses, incluso años de prisión, enfrentan la expulsión y la privación arbitraria de su nacionalidad».
La liberación este cinco de septiembre de 135 personas detenidas arbitrariamente en las cárceles de Nicaragua es una táctica para el intercambio de cárcel por exilio, expulsadas y privadas de su nacionalidad, «forzándolas al desarraigo y a la disrupción de sus de sus proyectos de vida», explica Amnistía, acción que pone de manifiesto la intención gubernamental de condenar y anular la disidencia y la defensa de los derechos humanos en el país.
Nicaragua mal ejemplo para otros
Piquer expone que “el ataque sistemático contra personas defensoras de derechos humanos, activistas, líderes religiosos y organizaciones de la sociedad civil en Nicaragua, es un nuevo golpe contra la libertad de expresión, asociación y religión, que no sólo tiene repercusiones en Nicaragua”. Agrega que «la falta de una respuesta decidida, coordinada y sistemática por parte de la comunidad internacional ante los crímenes que sigue cometiendo el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, ha creado un precedente peligroso en la región, cuya impunidad y falta de rendición de cuentas sirve de incentivo para las autoridades de otros Estados que en las Américas quieren seguir su receta represiva”, añadió.
La cancelación de la personalidad jurídica de más de 1,500 organizaciones de diversa índole en un solo día, el pasado 20 de agosto, es una medida que supera las 5,000 antes clausuradas, incluidas organizaciones religiosas de distintas denominaciones desde el inicio de abril 2018. En este mismo período, eI organismo internacional de derechos humanos (AI) menciona el hostigamiento y expulsión de sacerdotes católicos, «quienes se suman a la lista de decenas de líderes de diferentes confesiones cristianas han sufrido represalias por parte del gobierno».
Por otro lado, AI considera que las modificaciones al Código Penal introducen la posibilidad de sancionar penalmente a personas u organizaciones que, de acuerdo con las autoridades nicaragüenses, cometan delitos contra la administración pública, el Estado o sus instituciones, fuera del territorio nacional, así como ciberdelitos, entre otros. Estas normas no parecen dirigirse a la persecución de delitos como el lavado de activos, «más bien, se prevé que el gobierno las utilizará para seguir criminalizando la libertad de asociación y expresión, como lo ha hecho previamente con la instrumentalización de otros cuerpos normativos –como la Ley de Ciberdelitos (Ley 1042) y la Ley Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y la Autodeterminación para la Paz (Ley No. 1055)–», detalla.
Para AI dichos cambios significan que podría utilizarse «en contra de personas consideradas disidentes por el gobierno y que no están más en el país». Las reformas también facilitarían la confiscación de los bienes de las iglesias y organizaciones clausuradas, «lo que en términos de derechos humanos es una medida altamente cuestionable ya que vulnera el derecho a la defensa y al debido proceso. Esta práctica podría servir para consolidar aún más el clima de impunidad y represión en el país», sostiene Piquer.
Patricia Orozco 
Cristhian Alvarenga 