La reciente conclusión de la fase investigativa del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Costa Rica sobre el atentado que casi le cuesta la vida al opositor nicaragüense Joao Maldonado y su esposa, Nadia Robleto, ocurrido el 10 de enero de 2024, reabre un capítulo oscuro en la historia reciente del exilio político centroamericano.
Pero lo que más ha sacudido a la opinión pública nicaragüense es la mención directa del periodista Danilo Aguirre Sequeira como uno de los presuntos responsables del ataque. Aguirre no es un personaje menor: fue una figura reconocida en el periodismo nicaragüense, además de ser nieto del honorable periodista Danilo Aguirre Solís quien fuera director del extinto diario El Nuevo Diario y un artífice los títulos bien puestos.
De periodista a sospechoso
El atentado fue brutal: ocho disparos en plena vía pública. Las víctimas sobrevivieron, pero las consecuencias han sido físicas, psicológicas y políticas. ¿Qué llevó a un periodista a ser vinculado con un acto que podría ser calificado de intento de asesinato político? ¿Quién lo respalda? ¿Quién lo protege?
Cuatro personas han sido detenidas (de apellidos Rivas, García, Vargas y Quesada), pero lo que marca un precedente es que un comunicador, sea acusado de conspirar para eliminar a un disidente.
No se trata solo de una traición ética a los principios del periodismo; se trata de una participación directa en un patrón de violencia coordinado, según las autoridades costarricenses.
El rompecabezas judicial: entre la justicia y la impunidad
La Fiscalía costarricense se enfrenta a un complejo rompecabezas legal. Tiene en sus manos las pruebas recogidas por el OIJ, que incluyen seguimientos, vídeos, audios y testimonios que apuntan a Aguirre Sequeira. Sin embargo, el acusado se encuentra en Nicaragua, y la Constitución de ese país prohíbe la extradición de sus nacionales.
La Fiscalía costarricense ahora enfrenta una disyuntiva legal y diplomática:
- Extradición: jurídicamente inviable, ya que Nicaragua prohíbe la extradición de sus ciudadanos.
- Juicio en Nicaragua: posible en teoría, pero con escasa garantía de justicia, considerando el control absoluto de la dictadura sobre el sistema judicial.
Esta situación abre la puerta a un callejón sin salida: la posibilidad real de que Danilo Aguirre jamás enfrente cargos por su presunta participación, a pesar del peso de la evidencia. Remitir el expediente a Managua -como se ha hecho antes en casos de delitos comunes- sería dejar el destino del caso en manos de quienes probablemente lo enviaron.
El precedente Samcam
El asesinato reciente del militar retirado Roberto Samcam en Costa Rica refuerza la sensación de inseguridad e indefensión del exilio. Maldonado ha sido atacado dos veces, y ahora su caso se judicializa sin garantías. Samcam fue asesinado a tiros, y hasta ahora no hay responsables.
¿Estamos frente a un patrón sistemático de aniquilamiento en el exilio? La respuesta parece afirmativa. La dictadura Ortega-Murillo ha demostrado su capacidad de perseguir voces incómodas más allá de sus fronteras.
¿Qué está en juego?
Lo que está en juego aquí no es sólo justicia para Joao Maldonado o el castigo para un periodista devenido en operador político. Está en juego la confianza de miles de nicaragüenses exiliados que creyeron encontrar en Costa Rica -y en otros países- una mínima garantía de seguridad.
También está en juego la integridad de quienes ejercen el periodismo.
La línea que no se debe cruzar
El caso Maldonado–Aguirre no es una excepción. Frente a esto, no queda otra que exigir justicia firme y con garantías. La extradición puede ser inviable, pero eso no exime a Costa Rica ni a la comunidad internacional de buscar mecanismos alternativos. La memoria del exilio, la dignidad de las víctimas y la credibilidad democrática están en juego.
No se trata solo del caso de Joao Maldonado. Se trata de defender la idea de que el exilio es refugio, no una nueva trinchera de guerra. Que el periodismo es herramienta crítica, no instrumento de delación. Que la justicia, aunque sea incómoda, debe ser justa.
Y, sobre todo, que hay líneas que ni el pragmatismo político ni las debilidades legales deberían permitir cruzar.
El OIJ ha emitido un informe donde Aguirre es identificado y conoce el grado de implicación que tuvo en el atentado, pero no ha sido posible capturarlo ni llevarlo ante la justicia porque se encuentra en Nicaragua.
La represión no conoce fronteras
Este caso debe servir como un llamado de alerta para organismos de derechos humanos y gobiernos democráticos de la región. Cuando el largo brazo del autoritarismo comienza a cruzar fronteras, ya no se trata sólo de una crisis interna. Es una amenaza regional.
Lo que está en juego no es sólo la justicia para Joao Maldonado y Nadia Robleto, sino la garantía de que ninguna persona exiliada política tenga que vivir con miedo fuera de su país.
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Patricia Orozco 