Salomón Manzanares Calero
El pasado 10 de enero, Joao Ismael Maldonado Bermúdez, opositor nicaragüense exiliado en Costa Rica fue atacado a balazos por dos hombres que se movilizaban en una motocicleta. El hecho ocurrió en San Pedro Montes de Oca, cuando se movilizaba junto a su esposa Nadia Robleto, quien también resultó herida de bala.
En septiembre del año 2021, Maldonado sufrió su primer ataque y en su momento, recibió cinco balazos, cuando se encontraba en Escazú, San José, capital costarricense.
De acuerdo al Canal de Televisora de Costa Rica Teletica, Maldonado estaba protegido por un programa de protección con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), «y esta semana se iban a Estados Unidos junto a sus dos hijas y la cuñada bajo un programa de reasentamiento que coordina ACNUR y la Organización Internacional de las Migraciones, OIM”.
El atentado en contra de Maldonado ha causado molestias, incertidumbre y temor en la comunidad nicaragüense que radica en Costa Rica, principalmente aquellas personas que buscaron refugio y asilo después del año 2018, cuando ocurrió el levantamiento popular en contra de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
En febrero de 2023 Maldonado fue incluido entre los 94 nicaragüenses a quienes se les quitó la nacionalidad nicaragüense. Sin embargo, aunque se le dio la nacionalidad española, aún no había salido de Costa Rica.
Expatriados exigen justicia
En un comunicado emitido por 94 desnacionalizados exiliados en Costa Rica, Estados Unidos y España, condenan el acto criminal y exigen que las autoridades costarricense respondan con claridad ante el atentado en contra de un opositor nicaragüense.
“La acción criminal contra estos compatriotas merece nuestra condena. Nadie tiene derecho de atentar contra la vida de otras personas, por ningún motivo. Nos solidarizamos con las familias de las víctimas de este grave atentado contra la vida e integridad y al mismo tiempo demandamos a las autoridades de Costa Rica una investigación exhaustiva sobre este crimen para determinar de forma clara los autores tanto materiales como intelectuales, y el castigo conforme las leyes de esta nación”.
El caso de Maldonado y de otros nicaragüenses no ha sido aclarado por la autoridades judiciales correspondientes. Por su parte, el presidente Rodrigo Chaves dijo en un comunicado que “no existe ningún tipo de indicio de que en Costa Rica haya alguna célula organizada y controlada por el gobierno nicaragüense”.
Retardación de justicia evidencia falta de apoyo a nicaragüenses
Para muchos ciudadanos en el exilio, en Costa Rica hace falta apoyo judicial. Julio, un nicaragüense, quien vive en Costa Rica, desde 2019, dice que “en el junio del año 2021 mi vehículo fue chocado, es hasta este febrero que tengo cita para atender formalmente la denuncia. Mucha gente me ha dicho que si no estoy jodiendo, no me van a atender. Ellos se escudan en la falta de fiscales para atender los casos. Pero siempre que llegó están (los oficiales) revisando teléfonos. Hay bastante negligencia, más cuando no tenés un abogado que te pueda defender y si sos extranjero, es más atrasado el asunto. Reclamos hay un montón, (en la Fiscalía). Me dicen que si acepto ‘pelear’ por la moto para que me la paguen, podría tardar un año y medio. Si insisto, le tengo que pagar los gastos que el Estado incurre. Es una forma de decir no. Es para desmotivarte y votar el proceso”.
Patricia Orozco 
Tamara Morales Orozco 