Un grupo de personas excarceladas políticas y organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales, denunciaron este 4 de febrero en audiencia pública de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (IDH) que continúa la represión y la persecución del Estado de Nicaragua contra personas beneficiarias de medidas provisionales y sus núcleos familiares, algunas de ellas presas en la cárceles nicaragüenses y muchas desterradas y privadas arbitrariamente de su nacionalidad.
Entre las organizaciones de derechos humanos que estuvieron presentes, destacanel Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) y la Unidad de Defensa Jurídica (UDJ), quienes expusieron ante el Tribunal la grave situación y el riesgo al que continúan expuestas 97 personas, de las 116 beneficiarias de las medidas de la Corte IDH.
Algunas personas presas políticas han presentado ocasionalmente pensamientos suicidas por las torturas a las que son sometidas, como es el caso de Edgardo Cárcamo recluido en una celda muy pequeña, según expuso la jurista y defensora de derechos humanos Azahálea Solís, en representación de la Unidad Jurídica (UDJ).
Hay dos presos políticos que continúan arbitrariamente detenidos y son víctimas de torturas, continuó explicando la jurista Solís. Ellos son Jaime Navarrete y Manuel Urbina Lara, quienes pese a haber cumplido sus condenas en 2023 y en febrero de este año, respectivamente
Para las ONG y las personas excarceladas políticas que también participaron en la audiencia, es necesario se concedan medidas provisionales a personas presas y excarceladas, y piden a la Corte se otorgue medidas provisionales al periodista Leo Catalino Cárcamo Herrera, beneficiario de medidas urgentes, y quien se encuentra desde el 22 de noviembre de 2024 en situación de desaparición forzada.
Muchas de las personas detenidas «no tienen acceso a alimentación ni atención médica adecuada. Están imposibilitados de acceder a agua potable y a patio sol», una práctica recurrente con todas las personas detenidas ilegalmente, expuso Solís. «A la mayoría, se les exige que sus familiares lleven su medicamentos, lo que provoca una carga económica difícil de afrontar», agregó.
Las organizaciones explicaron que existen «nuevas circunstancias que justifican el mantenimiento de las medidas». Por lo tanto, piden se amplíe la protección de los derechos a la vida digna, la vida privada y familiar de quienes han sido desterradas y desnacionalizadas.
Violaciones de derechos humanos
Durante la audiencia, se evidenció que el Estado de Nicaragua ha incumplido sistemáticamente las resoluciones de la Corte IDH, las cuales ordenan la liberación inmediata de personas detenidas arbitrariamente y la protección de sus derechos fundamentales. A la fecha, 88 de las personas beneficiarias han sido desterradas y despojadas de su nacionalidad, mientras que siete permanecen en prisión y uno sigue en situación de desaparición forzada, según el documento circulado por las organizaciones de derechos humanos mencionadas.
Las organizaciones denunciaron que el destierro y la desnacionalización han sido utilizados como mecanismos de represalia por parte del gobierno nicaragüense contra la oposición política. Ligia Gómez, exsecretaria del Consejo de Liderazgo Sandinista del Banco Central de Nicaragua (BCN) estuvo presente en la audiencia de forma virtual y dijo a Agenda Propia Nicaragua que le habían acusado de estar en Estados Unidos en situación irregular, después de haber salido un año antes de Estados Unidos, «una locura» dice. Añade, «yo salí, viajé ya con nacionalidad española. Salí con pasaporte de España, presenté mis documentos, entonces no entiendo», expuso.
A la vez, afirman que el Estado ha confiscado bienes y cuentas bancarias, anulado registros de identidad y negado acceso a documentos oficiales, dejando a las víctimas en un limbo jurídico y social, y el despojo de su pensión a las personas mayores. Acciones que para Salvador Marenco del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, «están encaminadas a provocar la muerte civil de estas personas, pero con efectos que trascienden el territorio nacional», declaró.
A los jueces de la Corte IDH que escucharon con sumo interés los alegatos, se les expuso que se debe reafirmar que Nicaragua continúa en desacato a lo ordenado por la institución legal autónoma, mientras no cumpla de manera íntegra las resoluciones de mandatos provisionales, por lo que instan a los Estados Miembros de la OEA se tomen medidas a su alcance para que el Estado de Nicaragua cumpla lo ordenado por la Corte.
Demandan se ordene restituir la nacionalidad, los bienes confiscados, así como los derechos despojados a las personas beneficiarias de las medidas.
Por consiguiente, el Estado debe adoptar todas las disposiciones a su alcance para garantizar las condiciones de seguridad para que las personas beneficiarias y sus núcleos familiares puedan regresar y vivir en Nicaragua, sin que represente un riesgo para sus derechos a la vida, la integridad personal, la libertad y la personalidad jurídica.
De igual modo, se ordene al Estado liberar de forma inmediata a las personas beneficiarias privadas arbitrariamente de su libertad en las mismas condiciones indicadas en sus resoluciones anteriores. Se requiere también al Estado que investigue y sancione los actos de persecución y represalia cometidos contra las personas beneficiarias y sus familiares. y se le recuerde al Estado su deber de no enjuiciar, ni ejercer represalias contra los familiares y representantes en razón de la información aportada ante esta Corte en el presente asunto, de acuerdo con el artículo 53.
Ante la grave situación de deterioro de los derechos humanos de las personas nicaragüenses, se hizo un llamado a la comunidad internacional y a los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para que adopten medidas que presionen al gobierno de Nicaragua a cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.
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