La defensora de derechos humanos y especialista en derecho penal internacional, Claudia Paz y Paz Bailey, Directora para Centroamérica y México de CEJIL y reconocida como una de las 50 mujeres de 2025 según Forbes, en conversación, sostenida este miércoles en Agenda Propia Nicaragua, analizó el informe complementario del Grupo de Expertos en Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre Nicaragua (GRE), titulado Persecución más allá de las fronteras, exilio y violaciones transnacionales de los derechos humanos. Paz y Paz, abordó la complejidad de este fenómeno que afecta a miles de personas exiliadas.
La violencia transnacional como política estatal de represión
Generalmente, las violaciones de los derechos humanos bajo responsabilidad estatal ocurren en sus territorios, como se vivió en Nicaragua a partir de abril de 2018 con las ejecuciones, encarcelamientos y el exilio. Sin embargo, la complejidad de este fenómeno radica en que el Estado de Nicaragua no solo viola derechos dentro de sus fronteras (donde subsisten personas presas políticas y restricciones a la libertad de expresión, reunión, manifestación y asociación), sino que lo hace también en territorios vecinos o de terceros países donde residen las personas que se han visto obligadas a desplazarse.
Esta violencia, que va más allá de las fronteras de Nicaragua, es calificada por el GRHEN como una política estatal diseñada para disuadir, castigar y silenciar a quienes están en el exilio, profundizando un clima de miedo, desprotección, aislamiento y autocensura. La experta señaló que, si bien es difícil determinar el «propósito último» de un Estado que no se guía por los estándares internacionales, los efectos logrados en las personas y sus derechos humanos son gravísimos.
Patrones de represión y despojo que cruzan fronteras
La represión transnacional se caracteriza por varios métodos coercitivos específicos para anular la vida de quienes están el exilio. El fenómeno más atípico es la desnacionalización de más de 400 personas, una política de represión que no fue observada en dictaduras previas de la región, como las de Guatemala, El Salvador o el Cono Sur en los años 80. Esta privación de nacionalidad ocurre de jure (por decreto), pero también de facto, cuando a muchas personas se les vence el pasaporte y el Estado se niega a renovarlo, obstaculizando su libre movimiento por razones de salud, trabajo o familia.
A esta afectación documental se suma el despojo económico, social y profesional. Las víctimas pierden el acceso a sus bienes que tenían en Nicaragua y a prestaciones estatales como las pensiones. También se ven despojadas de su vida profesional con la pérdida de títulos (como el de abogado). La represión se extiende a las familias, donde la descendencia incluso no aparece en los registros o actas de nacimiento.
Las manifestaciones más graves de la persecución son los intentos de asesinato y los asesinatos consumados fuera de las fronteras de Nicaragua, como el caso de Roberto Samcam en Costa Rica. Además, el informe del GRE documentó el uso malicioso de alertas de Interpol por parte del Estado nicaragüense, lo que obstaculiza el libre tránsito de las personas exiliadas entre países.
El alto costo psicológico: el segundo desarraigo
Si bien los efectos económicos por la pérdida de bienes y pensiones son graves, Paz y Paz enfatizó que los impactos más complejos y profundos son los psicológicos. El principal impacto es la pérdida de la sensación de seguridad. Una persona exiliada piensa que en el país de acogida está segura, y perder esa certeza es una afectación muy grande, no solo para la persona perseguida políticamente, sino también para sus familias.
La violencia transnacional incrementa la desprotección y ha obligado a muchas personas a enfrentar un segundo desarraigo, un nuevo desplazamiento forzado después de haberse establecido en un primer lugar. CEJIL ha documentado estos efectos, incluyendo violencia psicológica, a través de los reportes enviados al sistema interamericano. Estos efectos se ven reflejados en cómo las personas «ya no salen acá como salían antes» o se ven forzadas a cambiar su vida.
El aislamiento y el silencio de Nicaragua ante la comunidad internacional
Ante las graves violaciones, la reacción del Estado de Nicaragua ha sido el aislamiento y el silencio absoluto. Paz y Paz señala que Nicaragua se retiró del Consejo de Derechos Humanos un día antes de la presentación del informe del GRHEN en febrero de este año y decidió interrumpir su cooperación con el Examen Periódico Universal (EPU). Formalmente, sigue vinculado a la Convención Interamericana de Derechos Humanos, pero no responde a las demandas.
Además, «la única instancia donde la representación de Nicaragua compareció fue la Asamblea General de Naciones Unidas (ONU) a finales de octubre. En lugar de responder a las graves violaciones de derechos humanos, se dedicó a atacar la constitución del GRHEN con argumentos sin fundamento, siendo refutada por el presidente del grupo, Jean Michael Simon, quien confirmó que «Nicaragua nunca respondió a los informes y comunicaciones enviadas». Para las víctimas, este silencio y aislamiento es «profundamente doloroso», pues la persecución se extiende a pesar de haber abandonado el territorio.
La obligación reforzada de Costa Rica y la falta de mecanismos
Ante la continuidad de estos actos, los estados receptores tienen un deber de protección reforzado hacia quienes han solicitado protección internacional, asilo o refugio. Este deber incluye la prevención de los hechos de extrema violencia, la protección de las personas en riesgo diferenciado, y la debida diligencia en las investigaciones de crímenes graves, como los asesinatos. El caso de Roberto Samcam, aunque algunos responsables están siendo procesados, sigue pendiente identificar y llevar a tribunales a la persona o grupo que está «detrás de este asesinato» con evidencia firme, lo cual podría disuadir futuros hechos de extrema violencia.
Claudia Paz y Paz advirtió que Costa Rica no tiene un mecanismo idóneo para la protección de estos perfiles de víctimas, ya que los programas existentes son ordinarios o muy gravosos, y el Estado no cuenta con los recursos para recolectar información relevante que permita anticipar y prevenir estos hechos. Esta falta de acción es «totalmente peligrosísima», dado que las acciones de los grupos que practican la violencia transnacional han continuado. Se documentaron casos como las amenazas severas al rector de UPONIC (universidad ahora en Costa Rica) y la insólita recomendación dada a una periodista por autoridades costarricenses de que «cerrara el medio de comunicación, que dejara de hablar de la dictadura» tras denunciar amenazas.
Perspectivas internacionales
La experta concluyó que no debería ser delito pensar diferente ni sufrir consecuencias tan terribles como la muerte o el destierro por ejercer la libertad de expresión, el libre pensamiento o defender los derechos humanos. Aunque el objetivo de quienes ejercen el poder puede ser «silenciar cualquier voz disidente,» la comunidad internacional no puede «quitar el dedo del renglón». El hecho de que Nicaragua sea señalado en la Asamblea General de Naciones Unidas por su historial de violencia y violaciones es un «antecedente gravísimo» que asegura que la situación no salga de la agenda internacional.
Daniel Rodríguez Moya 
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